Los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez hicieron alegación de no culpabilidad este lunes ante los cargos de fraude emitidos por un gran jurado federal.

Como había adelantado la defensa después de la vista inicial, Ricardo y Edgardo Navarro Suárez radicaron mociones para renunciar a la vista de lectura de acusación que estaba pautada para este martes.

En sus respectivos escritos indicaron que habían examinado el pliego y solicitaron al Tribunal Federal que anote para cada uno la alegación de “no culpable” para todas las denuncias.

Los hermanos Navarro Suárez fueron arrestados el pasado jueves, 3 de abril, y tuvieron su primera comparecencia en corte, donde les permitieron salir bajo fianza.

Sin embargo, en aquel momento, se dejó la lectura de acusación para este martes, cuando también tenían que comparecer los representantes de las corporaciones incluidas en la acusación.

Por su parte, los abogados de defensa de las corporaciones RVIP Group, JCA Development, JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply también renunciaron a la vista de lectura de acusación e hicieron alegación de no culpabilidad.

El abogado Francisco Acevedo Padilla ya no representará a los hermanos ni a las corporaciones. Según se desprende del expediente público del caso, el abogado Jason Delgado representará a Ricardo Navarro Suárez y a RVIP Group Corp.

Mientras, el licenciado Edgar Vega Pabón representará a Edgardo Navarro Suárez y a sus corporaciones JCA Development, JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply.

El otro acusado del caso, el contador público autorizado (CPA) Ramón Valentín Montalvo, hizo alegación de no culpabilidad y salió bajo fianza.

La acusación alega un esquema de fraude y lavado de dinero a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES).

En específico, el pliego alega que cometieron fraude electrónico, soborno, ocultar lavado de dinero y realizar transacciones de lavado de dinero.

Del documento judicial se desprende que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, los acusados habrían emitido 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a una institución financiera.

De acuerdo con la acusación, los acusados habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos.

De igual forma, el pliego indica que los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.

De ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a las siguientes sentencias: hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 años de prisión por ocultar el lavado de dinero y hasta diez años de prisión por cometer lavado de dinero.