El exponente urbano José Fernando Cosculluela Suárez se declaró culpable este viernes tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público en el caso por el accidente “hit and run” que ocurrió el 12 de mayo de 2024 en la carretera PR-908 del barrio Tejas en Humacao.

La alegación de culpabilidad surgió en una vista de estatus ante la jueza Yaritza Carrasquillo, del Tribunal de Humacao, y el acuerdo incluye la reclasificaron de dos cargos, el pago de unas multas y penas especiales, así como una cuantía de restitución a las víctimas.

“Súper satisfecho con el acuerdo”, dijo Cosculluela, en declaraciones a la prensa, tras culminar la vista.

Como parte del acuerdo, el cantante pagará una multa de $100, otra de $500 y una pena especial de $200, para un total de $800. Además, pagó una restitución a las víctimas, cuyos cheques se entregaron esta misma tarde durante la audiencia en el tribunal.

El Ministerio Público no ha confirmado de cuánto es la restitución que pagó el artista por tratarse de un asunto confidencial. No obstante, El Nuevo Día supo que el exponente, presuntamente, pagó $35,000 a cada uno de los perjudicados, para un total de $70,000.

Mientras, el fiscal de distrito de Humacao, Yamil Juarbe, afirmó que se le hizo justicia a los dos jinetes que resultaron gravemente heridos en el accidente de tránsito donde también fallecieron sus dos equinos.

“Desde los inicios de este caso cuando ocurrió, este servidor fue bien vocal pidiéndole a la persona responsable que diera un paso al frente. Nuestra intención siempre ha sido que la persona responsable asumiera su responsabilidad”, dijo.

En ese contexto, Juarbe planteó que lo que se vio en la sala 202 fue precisamente eso: que el artista de música urbana asumió su responsabilidad.

“El señor José Fernando Cosculluela ha hecho alegación de culpabilidad por el accidente donde mueren estos dos equinos y salen muy mal heridos estos dos jóvenes. Ha pagado una restitución, que me reservo la cantidad porque es un asunto confidencial para ambos perjudicados y, a su vez, asumió la responsabilidad de haber abandonado la escena”, dijo.

El experimentado fiscal recordó que, desde un inicio en este caso, planteó que el Ministerio Público busca justicia para las dos víctimas y sus caballos. “Hoy nuestras víctimas se van viendo la luz de la justicia”, mencionó, a preguntas de periodistas.

Por estos hechos, el artista enfrentaba seis cargos por delitos tipificados en la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito, la Ley 154-2008 de Maltrato de Animales y el Código Penal de Puerto Rico, de acuerdo a la denuncia inicial radicada por el Ministerio Público.

Los seis cargos originales incluían dos cargos por conducir un vehículo de motor de manera imprudente o negligente causando grave daño corporal que requiera hospitalización o tratamiento prolongado (Artículo 5.07 de la Ley 22); un cargo por no detenerse para brindar asistencia y contactar a las autoridades en la escena de un accidente (Artículo 4.02 de la Ley 22); dos cargos por maltrato de animales en tercer grado (Artículo 6 de la Ley 154); y un cargo por destrucción de pruebas (Artículo 285 del Código Penal).

Sin embargo, tras alcanzar el acuerdo con la Fiscalía de Humacao, los cargos por violación al Artículo 5.07 y al Artículo 4.02 de la Ley 22 se reclasificaron de graves a menos grave, por lo que solo se le impuso una multa y no una pena en prisión. El resto de los cargos, explicó Juarbe, fueron archivados.

Aún no está claro si el pago por restitución anularía la acción civil que está en curso, pues una de las víctimas presentó una demanda reclamando la cantidad de $3.5 millones por los daños sufridos.

Sobre este particular, Juarbe recordó que los fiscales no entran en este caso, que es otro proceso aparte que le corresponde a los abogados del artista en conjunto con la representación legal de las víctimas.

“La prueba sigue siendo igualmente sólida, pero nosotros como Ministerio Público, nuestro interés siempre es no solamente ser la voz de las víctimas, sino representar el mejor interés de nuestras víctimas. Nuestras víctimas estuvieron allí y ustedes las vieron y están más que satisfechas con este preacuerdo. Ellos fueron parte de la negociación del preacuerdo. Nosotros no llegamos a acuerdos sin tener el aval de esas víctimas, así que estamos muy satisfechas”, puntualizó Juarbe.

De acuerdo con la investigación preliminar del Negociado de la Policía, los hechos ocurrieron el 12 de mayo de 2024, a las 3:36 a.m., del Día de las Madres, en el kilómetro 4.6 de la carretera PR-908 del barrio Tejas.

Dos personas que cabalgaban, identificadas como Luis de Jesús Rivera, de 34 años, e Ischamary Román Medina, de 18, fueron impactados por un conductor que huyó de la escena. Sus caballos murieron.

A consecuencia del impacto, Román Medina fue transportada mediante ambulancia aérea, en condición de cuidado, al Centro Médico de Río Piedras. En ese momento, sin embargo, no se informó el estado de salud de De Jesús Rivera, según el informe policíaco.

Un día después del accidente, el 13 de mayo de 2024, se indicó que la Uniformada investigaba si un intérprete de música pudo ser el conductor de la guagua que atropelló a los jinetes.

Mientras, la Policía ocupó, el 15 de mayo de 2024, una guagua GMC Hummer color blanca, del año 2022 y sin tablilla, en el patio de una residencia en la calle La Valentina, sector Punta Guilarte, del barrio Palmas de Arroyo. La guagua estaba tapada con una lona y presentaba daños en la parte frontal.

Tras una extensa investigación, que se sustentó en pruebas periciales y forenses, la Fiscalía de Humacao confirmó que Cosculluela Suárez era el único sospechoso de cometer el “hit and run” en Humacao.

En consecuencia, la Policía citó a Cosculluela Suárez el 15 de enero a las 2:00 p.m. a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, donde el exponente urbano prefirió guardar silencio y fue notificado de que tendría que asistir, en una fecha posterior, al tribunal para la vista de Regla 6 (causa/no causa para arresto).