La defensa de Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, solicitó al Tribunal de San Juan que ordene a su esposa y cuñada Mireddys y Ayeicha González, respectivamente, que “rindan cuenta” y ofrezcan una “divulgación precisa” de todo lo entregado en el pleito por el acceso a sus corporaciones.

En una moción de cuatro páginas, el equipo legal del artista urbano planteó que las demandadas deben detallar, además, “lo que aún pudiese faltar por entregar”, de manera que permitan a Ayala Rodríguez “asumir el manejo efectivo de los asuntos corporativos que inciden sobre su carrera y la estabilidad de las empresas”.

El documento, con fecha del 3 de enero y del cual El Nuevo Día obtuvo copia, sostiene que después de despedida de año la defensa del artista optó por “ser considerados y guardar respeto al Tribunal” por el inicio del 2025, pero que es necesario corregir escritos presentados por las demandadas.

Los abogados Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel establecieron que el 31 de diciembre de 2024 las demandadas entregaron sobre 50 cajas con documentos sin mayor especificación y que era necesario examinarlas para determinar si se cumplía con las instrucciones dictadas por el tribunal.

“Para poder constatar tal cumplimento y estar en posición de mantener al tanto al tribunal sobre lo acontecido, los suscribientes remitieron comunicación a los representantes de la parte demandada, solicitando que proveyeran el detalle e identificación concreta de lo entregado atándolo a los asuntos específicos”, agregaron.

Sin embargo, alegaron que la parte demandada no respondió a las comunicaciones que en varias ocasiones le remitieron y optaron por “unilateralmente, sin mayor respeto o consideración”, someter unos escritos al tribunal en los cuales afirmaron haber cumplido con lo que se les requirió por orden judicial. La defensa de Ayala Rodríguez resaltó en el escrito que dicha aseveración, presuntamente, es incorrecta.

Según el tracto del pleito, las hermanas González tenían dominio y control absoluto de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., lo que se extendía a la posesión de expedientes relativos a contabilidad, música, asuntos de música y contratos que incidían directamente sobre las operaciones de las entidades y, por consiguiente, sobre la carrera artística de Ayala Rodríguez.

“Las demandadas se limitaron a soltar miles de páginas de archivos viejos, la mayoría de estos documentos decomisados de expedientes legales personales” y “carentes de vigencia”, expusieron los abogados, quienes añadieron que las hermanas González fallaron en realizar una identificación puntual de los documentos.

“Definitivamente, no es un proceder responsable soltar alocadamente cajas viejas, sin aclaración ni especificación concreta de su contenido y sin detalle de lo que hay que atender o dar seguimiento. Se trata, además, de un proceder insatisfactorio, por debajo de cualquier parámetro de diligencia y rigor en el manejo de asuntos corporativos”, puntualizaron los licenciados.

En una moción de dos páginas y con fecha del 3 de enero, la defensa de las hermanas González solicitó al juez superior juez Anthony Cuevas Ramos que señale una vista virtual “para evaluar detalladamente el asunto del cumplimiento con sus órdenes”.

“Contrario a lo expresado en la moción informativa, en nuestra moción en cumplimiento del 31 de diciembre de 2024 se siguió la lista que el tribunal había ordenado en la vista del 27 de diciembre de 2024. Aunque de fecha de 30 de noviembre de 2024, esa fue la que se recogió para dar especificidad a las solicitudes y con ella fue que se cumplió“, indicó la representación legal.

Los abogados Pilar B. Pérez Rojas, Hipolito Torres Rivera y David Carrión Baralt, representantes legales de las demandadas, añadieron que la entrega de las cajas de expedientes se hizo a solicitud de la licenciada Colberg Birriel. “Ella expresó que quería que las demandadas entregasen lo que tuviesen que fuera de las corporaciones”, mencionaron.

Insistieron en que entregaron tres computadoras y las cajas de los expedientes, y que no se pudo hacer un inventario más detallado debido al término que concedió el tribunal para entregar todo lo requerido.

“Las codemandadas han cumplido con las órdenes del tribunal. Se contestaron los e-mails (correos electrónicos) de la representación legal del demandante. Incluso se ofreció reunirnos en la tarde de ayer (2 de enero) o durante el día de hoy (3 de enero), pero optaron por recurrir al tribunal”, puntualizaron.

Cuevas Ramos dejó sin efecto las órdenes de arresto por desacato civil que pesaban contra las demandadas, según estas lo solicitaron con la intención de poder pasar las festividades de la época navideña fuera de Puerto Rico.

El pleito de índole corporativo comenzó semanas después de que el artista urbano confirmó que estaba en proceso de divorcio y tras revelar que las demandadas, supuestamente, habían intentado transferir $100 millones de las cuentas corporativas de las dos empresas a sus cuentas personales.