El caso que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) presentó, en el Tribunal de San Juan, contra Tetrad Enterprises fue extendido para dar a las partes la oportunidad de intentar llegar a un acuerdo, tras la cancelación de los contratos con la empresa que estaba a cargo de 44 bombas hidráulicas para el control de inundaciones en varios municipios.

Al emitir su orden este viernes, el juez Anthony Cuevas Ramos también señaló una vista de seguimiento para el 7 de noviembre, a las 9:30 a.m.

En sala, las partes acordaron reunirse este martes para discutir posibles soluciones. Como parte de las conversaciones, la defensa de Tetrad accedió a que el DRNA continúe operando las tres bombas en La Malaria, en Cataño –que están instaladas en un predio alquilado por la compañía– hasta el día de la vista.

En el ínterin, Tetrad determinó que, si el DRNA utiliza materiales de la empresa que estén en La Malaria –como diésel–, lo facturará a la agencia “porque no se lo puede regalar”, planteó el licenciado Javier Rivera, abogado del dueño de la compañía, Luigi Hernández. En esa línea, el juez ordenó a Tetrad preparar un inventario de los materiales que hay en el lugar.

Por su parte, Rivera agregó que el DRNA debe asumir “el riesgo de la operación”.

“Es un asunto de que haya una conversación adecuada en torno a la situación, eso es todo, y obviamente haya una transición para asegurar el contexto de la seguridad pública. Todo lo que se busca es que, cuando se le informe al Tribunal un acuerdo, ese acuerdo sea cumplido por las partes y, de esa manera, se evite una controversia adicional”, indicó, por su parte, el abogado Carlos Morell Caballero, parte de la representación legal del DRNA.

Añadió que las demás bombas hidráulicas temporales en controversia están “en control” del DRNA. “En esencia, lo principal es lo del asunto de La Malaria, actualmente”, dijo.

Al comienzo de la vista, pautada para las 2:00 p.m., el juez Cuevas Ramos decretó un receso para que las partes se reunieran e intentaran llegar a un acuerdo. “No nos vamos de aquí hasta dar seguridad de que, si llueve, esas bombas van a estar en funcionamiento”, advirtió.

Previo a decretar el receso, el juez señaló que no resolvería el caso a través de la Regla 57.1 de Procedimiento Civil –orden de entredicho provisional–, que fue lo que el DRNA pidió, ante la ausencia de daños, por lo que sostuvo que vería el caso a través de la Regla 56 de remedios provisionales.

Tres días después, la agencia solicitó al Tribunal de San Juan un “injunction” provisional y permanente, “ordenando el cese y desista inmediato de las conductas llevadas a cabo por Tetrad”. Además, pidió “que se le prohíba el acceso, uso e interferencia con las bombas y que se ordene la entrega inmediata de las llaves de las bombas alquiladas” en pugna.

Los pactos cancelados fueron el Contrato de Emergencia, para la adquisición y sustitución del sistema de bombas hidráulicas (permanentes), y el Contrato de Arrendamiento, para el alquiler, operación y mantenimiento de 44 bombas hidráulicas temporales en San Juan, Guaynabo, Cataño, Salinas y Juana Díaz.

Según la agencia, las bombas temporales son propiedad de la compañía MWI PUMPS, manufacturera de las mismas y que “sustituirá a Tetrad” tras la cancelación de los dos contratos. Añadió que dichas bombas se encuentran en propiedad del DRNA, a excepción de La Malaria, en Cataño, donde están instaladas en un predio alquilado por Tetrad.

En el recurso, el DRNA alegó que, en la mañana del 21 de octubre, la compañía estuvo en las instalaciones donde se ubican las bombas “sin el consentimiento” de la agencia, y “con el propósito de desconectar y remover parte del equipo indispensable para la operación eficiente de las bombas hidráulicas, poniendo en riesgo la vida, propiedad y la seguridad pública”.

“Tras la cancelación de los contratos gubernamentales, Tetrad ha incurrido en múltiples acciones que atentan contra la propiedad pública, generando un grave riesgo para la salud, la seguridad y la vida de los ciudadanos de Puerto Rico que residen y transitan en las zonas inundables donde se presta este servicio. Es decir, nos encontramos ante un asunto de Seguridad Pública”, manifestó el DRNA, en el documento de 11 páginas.

Agregó que, tras la cancelación de los contratos, una inspección encontró que las bombas no tenían llaves para operar, tenían exceso de aceite y carecían de fusibles en las rabizas, lo que impedía su funcionamiento. “Dichos señalamientos, sin duda, levantan aún más la necesidad de proteger los equipos que brindan un servicio vital a las comunidades”, indicó la agencia.