Una moción sometida en el expediente del caso federal contra Wanda Vázquez Garced alega que la exgobernadora habría sido víctima de “sobornos” por parte de dos funcionarios electos mientras el país se encontraba a la expectativa de conocer quién quedaría en La Fortaleza, en el marco de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares y la incertidumbre generada por el ascenso de Pedro Pierluisi a la gobernación, a la postre decretado inconstitucional por el Tribunal Supremo.

Según el documento judicial presentado el jueves por la defensa de Mark Rossini, uno de los coacusados en el caso, Vázquez Garced habría grabado conversaciones con los dos oficiales electos a inicios de agosto de 2019 que llevaron al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a creer que existía “una conspiración” entre ambos con el objetivo de que alguno de ellos se convirtiera en gobernador.

Aunque la moción disponible en el expediente del Tribunal federal tacha los nombres de los implicados, el medio digital Noticel reportó temprano que las alegaciones hacen referencia a Jenniffer González, comisionada residente y actual candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), y al senador Thomas Rivera Schatz, en aquel entonces presidente del Senado.

En declaraciones escritas suministradas este viernes en la tarde, González atribuyó los señalamientos en la moción a un intento de distracción de parte de Rossini.

“No hubo delito ni actuación impropia ninguna, al punto que a mí nadie me entrevistó ni me investigó y, como han visto, no se continuó con un caso por parte del FBI. Estas acusaciones son de parte de un acusado federal por corrupción trayendo nombres de grabaciones para tratar de desviar la atención pública”, dijo González, quien indicó que las discusiones tras la salida de Rosselló Nevares tenían el fin legítimo de garantizar una sucesión ordenada.

En sus expresiones, la hoy candidata a la gobernación anticipó que los señalamientos tendrán implicaciones políticas de cara a las elecciones del 5 de noviembre. “Esta moción, que se va a desestimar, solo tiene una meta y es lanzar sombras, en este caso, contra mí, que estoy aspirando al cargo más importante”, anotó.

En tanto, Rivera Schatz rechazó, en una entrevista con la emisora radial Notiuno, que hubiera tenido interés en ser nombrado a la secretaría de Estado –lo que lo hubiera colocado primero en línea para ocupar la gobernación tras una potencial renuncia de Vázquez Garced– y, en su lugar, afirmó que apoyó abiertamente la designación de González al cargo.

Aunque Vázquez Garced, inicialmente, negó que tuviera interés en mantenerse como primera ejecutiva, luego que el Supremo falló contra Pierluisi –quien no había recibido la confirmación senatorial como secretario de Estado antes de la renuncia de Rosselló Nevares– optó por completar el cuatrienio en la posición e, incluso, aspiró sin éxito en la primaria del PNP por la candidatura a la gobernación contra el hoy incumbente saliente.

“Yo le agradezco al FBI que haya hecho una investigación. Si no hay inconveniente para ellos, que hagan públicas las alegadas grabaciones, para mí sería muy bueno. Agradezco que hayan hecho la investigación y que eventualmente la cerraran, no porque no se pudieran comunicar con Wanda Vázquez, (sino) porque se dieron cuenta de que no había ningún asomo de conducta de un acto ilegal”, afirmó el expresidente senatorial en radio.

Si bien rechazó cualquier ilegalidad, Rivera Schatz subrayó que, como presidente del Senado y el PNP en ese momento, tenía la responsabilidad de garantizar la sucesión a la gobernación ante la negativa expresada por Vázquez Garced en primera instancia.

Un portavoz de Vázquez Garced indicó que la exgobernadora no haría expresiones por el momento.

El 8 de agosto de 2019, al día siguiente de que el Supremo decidiera contra Pierluisi y Vázquez Garced, como secretaria de Justicia, ascendiera a la gobernación, Rivera Schatz y el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, junto con González, celebraron una conferencia de prensa con alcaldes y legisladores del PNP en respaldo a que la comisionada residente fuera nombrada secretaria de Estado y, luego, reemplazara a la hoy exmandataria.

La moción que el equipo legal de Rossini, un exagente del FBI, presentó señala que, el 30 de julio de 2019, a través de terceros, el “oficial electo 1″ (Rivera Schatz, según Noticel) le hizo saber a Vázquez Garced que quería “negociar” en torno al cargo de gobernador. “Pocos días después”, alega la moción, el esposo de Vázquez Garced, el exjuez superior Jorge Díaz Reverón, recibió otra llamada de un allegado de Rivera Schatz confirmando la intención del líder senatorial de ser nombrado secretario de Estado.

“La propuesta era clara: si la señora Vázquez (Garced) designaba al oficial electo 1 como secretario de Estado y luego renunciaba, él le garantizaría a Díaz Reverón una silla en el Tribunal de Apelaciones y ofrecería a Vázquez un rol en su administración”, sostiene el escrito, que señala que, el 3 de agosto, Vázquez Garced reportó el “intento de soborno” al FBI, “dando paso a una investigación dirigida por el agente especial a cargo Doug Leff”.

“Vázquez acordó asistir al FBI comenzando con grabar una conversación con (nombre tachado), un contratista del Departamento de Justicia, que había sido contactado por (nombre tachado), primo del oficial electo 1 y convicto por delito grave, para coordinar una reunión entre Vázquez y el oficial electo 1 sobre la gobernación”, abunda la moción.

En las semanas siguientes, prosigue el alegato, la exgobernadora grabó múltiples conversaciones, entre ellas, una con el oficial electo 1 y “otro oficial electo”, cuyo nombre también fue tachado.

“La situación escaló” cuando el oficial electo 2 (González, de acuerdo con Noticel) “se reunió con Vázquez y sugirió que considerara una posición de alto nivel diferente en el gobierno, insinuando su propio interés en la gobernación. Cuando Vázquez reiteró su intención de aceptar la gobernación, el oficial electo 2 afirmó, ‘¿no has hablado con (el oficial electo 1)?”, indica la moción, que agrega que esta conversación grabada llevó al FBI a creer que existía una conspiración entre los oficiales electos 1 y 2 para “remover” a Vázquez Garced de la gobernación, de forma que alguno de ellos “pudiera convertirse en gobernador”.

“A pesar de ello, el FBI cerró la investigación en noviembre de 2019, citando dificultades en coordinar reuniones con Vázquez luego que se convirtió en gobernadora”, agrega el recurso de 41 páginas.

La moción de desestimación, en síntesis, argumenta que Rossini y el tercer coacusado, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, no actuaron ilegalmente al “cabildear” a favor de un cambio en la jefatura de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), y que evidencia de ello fueron las múltiples comunicaciones que Rossini dirigió a Leff, entonces jefe del FBI en San Juan, expresando sus preocupaciones por el manejo de esa dependencia gubernamental.

“El reversazo, en el que aquellos que inicialmente buscaron la asistencia del FBI terminaron bajo su escrutinio levanta serios cuestionamientos sobre el proceso y las motivaciones detrás de estas acciones, especialmente dado que el oficial electo 1 y el oficial electo 2, implicados en la alegada conspiración, no solo no enfrentaron consecuencias, sino que continúan sirviendo al pueblo de Puerto Rico”, matiza el escrito, que sustenta el presunto intento de soborno a Vázquez Garced en un informe de la dependencia federal.