Una nueva orden del Tribunal federal en San Juan prohibe que el venidero cambio de administración en el Gobierno de Puerto Rico, en enero de 2025, resulte en reemplazos inmediatos en el personal considerado como esencial para la Reforma de la Policía de Puerto Rico.

El juez de distrito Francisco Besosa emitió la orden con la lista de 61 funcionarios, proveedores, contratistas y entidades que considera clave para la continuidad en las labores del proceso que inició hace 12 años con una demanda del Gobierno de Estados Unidos contra la Uniformada por violaciones a los derechos civiles.

“Hasta el 30 de junio de 2025, o hasta que el tribunal ordene lo contrario, el Gobierno de Puerto Rico no reemplazará a ninguna persona, proveedor o contratista enumerado en el anejo A como esencial para este caso, sin una orden judicial”, sostuvo Besosa en la orden.

Añadió que cualquier cambio podrá ocurrir “solamente después” de que “haya sido completamente examinado por el Ministerio Público, el Monitor y el Comisionado Especial para garantizar que no haya un impacto negativo en asuntos de cumplimiento”.

Besosa reconoció, no obstante, que a la “administración entrante se le debe permitir ejercer su discreción más amplia”, siempre que cumpla con las órdenes existentes.

De igual forma, solicitó que se le informe, no más tarde del 1 de febrero de 2025, quién será la persona designada para ser el nuevo representante del gobierno de Puerto Rico en el caso.

No obstante, Besosa enfatizó en que no está dispuesto a que ninguna circunstancia provoque que se interrumpa “el progreso que el Gobierno de Puerto Rico ha alcanzado en este caso, especialmente en los últimos dos informes de monitoreo de cumplimiento”.

Sostuvo que la mejoría se ha debido, “entre otras cosas, a que ha logrado nombrar y mantener personal clave, contratistas y suplidores que han desempeñado adecuadamente tareas importantes” en al menos cuatro planes radicados ante el tribunal.

“Considerando su progreso en este caso, es de suma importancia que el Estado Libre Asociado mantenga la continuidad y estabilidad en sus operaciones gubernamentales luego de las elecciones generales de noviembre de 2024 en Puerto Rico y el cambio de administración en enero de 2025″, apuntó Besosa.

“Una transferencia o terminación abrupta de personal crítico dentro del Negociado de la Policía y la terminación de proveedores y contratistas que brindan servicios críticos, todos los cuales actualmente son responsables de implementar y cumplir con el acuerdo (federal de la Reforma) y las órdenes judiciales posteriores, puede poner en peligro el progreso continuo y resultar en la falta de orientación, supervisión y apoyo adecuados para los oficiales juramentados y otro personal de la Policía que trabajan para llevar este caso a una conclusión exitosa”, afirmó.

Ordenó, asimismo, que el actual secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, entregue la lista del personal esencial al Comité de Transición del gobernador Pedro Pierluisi y al de la persona que gane en las elecciones generales.

La lista la encabeza el coronel Rolando Trinidad, director de la Oficina de la Reforma, junto con el comandante Habib Massari Díaz, el capitán Julio de Jesús Rivera, y el capitán Eliud Álvarez López, quien es el oficial de cumplimiento en el Área de Uso de la Fuerza de la misma oficina.

En total hay 30 oficiales de la Policía destacados en el funcionamiento de la Oficina de la Reforma, cuatro abogados y un doctor que dirige el área de tecnología.

Mientras, en la lista figuran 12 compañías y entidades privadas, incluyendo el Sistema Universitario Ana G. Méndez, que ofrece servicios académicos a los oficiales.

“El Gobierno de Puerto Rico deberá garantizar que haya fondos suficientes para pagar al personal esencial de la Policía, así como los contratos de servicios personales y proveedores esenciales, según se detalla en el Anexo A, que se consideren esenciales para la implementación del Acuerdo (de la Reforma) y las órdenes posteriores”, ordenó.