El juez de distrito federal Francisco A. Bebosa ordenó, este martes, la suspensión del proceso para celebrar un nuevo juicio contra Antonio Ramos Cruz, convicto por la llamada “masacre de Trujillo Alto” de 1989 en la que fueron asesinados Haydée Maymí Rodríguez y sus dos hijos, Eduardo Enrique y Melissa, de cinco y tres años, respectivamente.

La orden de Bebosa surgió luego que la Oficina del Procurador General, adscrita al Departamento de Justicia, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston en la que impugnó la orden de escenificar un nuevo juicio.

“Este caso se suspende en espera de su apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito”, detalló Bebosa en la orden disponible en el expediente electrónico del caso y analizada por El Nuevo Día.

En una moción de 14 páginas, la licenciada Idza Díaz Rivera solicitó, en representación del gobierno, la suspensión del proceso hasta tanto se resuelva la apelación radicada en el Primer Circuito en Boston, pues existe el riesgo de que las partes sufran daños irreparables.

“Es incuestionable que debe concederse una suspensión en espera de la apelación por varias razones de peso”, resaltó Justicia en la moción.

“Permitir que la sentencia actual entre en vigor puede socavar la confianza pública en el proceso judicial e impedir que el Estado cumpla con sus obligaciones de hacer cumplir la ley”, se añade.

Besosa emitió, a principios de este mes, una orden y opinión, de 80 páginas, en la que concedió la celebración de un nuevo juicio a nivel estatal contra Ramos Cruz, quien es representado por el Proyecto Inocencia de la Universidad Interamericana. El juez de distrito, además, concedió un recurso de habeas corpus.

Sin embargo, Justicia anunció, el 10 de octubre, que apelaría la determinación al plantear que Ramos Cruz fue declarado culpable por un jurado, en 1992, “tras probarse más allá de duda razonable” su participación en la masacre, en la que los cuerpos apuñalados de Maymí Rodríguez y sus hijos fueron escondidos en un refrigerador.

“Nuestra solidaridad total con las víctimas, que son los verdaderos inocentes en este caso y que han tenido que revivir un proceso que ya había culminado a nivel estatal”, dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en un comunicado de prensa.

“Las alegaciones del convicto fueron derrotadas con evidencia en diferentes etapas en los tribunales de Puerto Rico y no existe prueba exculpatoria a favor de Ramos Cruz; de haber sido así, el Departamento de Justicia hubiera desistido y archivado el caso. Por ende, hemos tomado la determinación de apelar la decisión”, añadió Emanuelli Hernández.

Las autoridades acusaron a Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano por los hechos registrados en junio de 1989. Un jurado declaró a ambos culpables el 24 de febrero de 1992. Sin embargo, Ramos Cruz y Meléndez Serrano aseguran que son inocentes.

Julio Fontanet, fundador y director del Proyecto Inocencia, dijo que cuenta con nueva prueba exculpatoria y que han entrevistado a posibles testigos que demostrarían que Ramos Cruz no es el responsable de las muertes de Maymí Rodríguez y sus hijos.

“Hemos identificado a nuevos testigos que han salido de ese anonimato, o de ese miedo que tenían, para asumir un rol de mayor responsabilidad ciudadana y aportar información que tenían sobre este caso y que no habían divulgado”, indicó el letrado.

Uno de los potenciales nuevos testigos reside en los Estados Unidos y fue entrevistado recientemente, explicó Fontanet a El Nuevo Día durante una conferencia de prensa.

“No puedo divulgar las interioridades de ese testimonio, pero sí debo advertirles que es un testimonio muy contundente y que tiene mucho que aportar con la conducta de uno de los sospechosos durante el período en que los niños fueron asesinados”, mencionó.