El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, ordenó este miércoles a la Central General de Trabajadores (CGT) y sus miembros que “cese y desista” de bloquear o limitar el acceso a las facilidades de la compañía Suiza Dairy.

En la sentencia emitida tras un recurso legal que presentó la empresa, que consta de 11 páginas y que fue analizada por El Nuevo Día, el letrado advirtió que el incumplimiento con esta orden será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso inmediato a la cárcel por desacato criminal.

Cuevas Ramos enfatizó, no obstante, que la orden se limita a lo relacionado a los accesos vehiculares y peatonales de las facilidades, y que “no puede interpretarse como una prohibición al derecho a la huelga y las expresiones pacíficas que los demandados deseen llevar a cabo”.

“Ordenamos a la Central General de Trabajadores, su presidente, José Adrián López, sus miembros y oficiales y el Sr. Scott Barbés, o a cualquiera de sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y desistan de prohibir, impedir o interferir, ya sea a través del uso de vallas, vehículos de motor, intervenir con el flujo vehicular o los camiones y/o cualquier vehículo que desee entrar o salir de la empresa Suiza Dairy, o cualquier obstrucción que no permita el libre acceso vehicular o de personas, o interfieran con las funciones diarias de la Suiza Dairy Corporation, en cualquiera de sus facilidades, so pena de desacato”, estableció el juez en la mencionada sentencia.

La orden se emite a cinco días de que la empresa anunciara el cierre parcial de sus operaciones en San Juan, Ponce y parte de Aguadilla, cesanteando a 483 empleados en medio de un conflicto obrero patronal que todavía no tiene solución y que llevó a la CGT a decretar una huelga.

Además, la orden surge en momentos en que El Nuevo Día ha revelado que el Grupo Gloria, conglomerado peruano dueño de Suiza Dairy, se retiró también, de forma sorpresiva, del mercado de Uruguay. Los trabajadores fueron notificados por un mensaje de WhatsApp.

De acuerdo al documento judicial, el 12 de junio Suiza Dairy presentó una injuction preliminar y permanente contra la CGT y sus miembros con el argumento de que un grupo de empleados de la mencionada unión había recurrido al “uso de la violencia, alteración a la paz, intimidación, amenazas, insultos y fuerza llevando a cabo acciones que impiden la entrada, entrega, procesamiento de leche cruda, así como el acceso a las facilidades de Suiza Dairy en San Juan”.

La empresa afirmó que el grupo de empleados incurrió en el uso de la fuerza y la violencia para afectar directamente el procesamiento y suplido de leche, y que estas manifestaciones han tenido el efecto de paralizar las operaciones normales de la empresa al bloquear e impedir el acceso a la propiedad, así como “provocar situaciones de extrema peligrosidad para la planta de operaciones y la comunidad circundante”.

“Nos solicitan, a través del remedio extraordinario del injunction que emitamos una orden, con carácter preliminar y permanente, dirigido a los demandados para que cesen y desistan de continuar bloqueando e impidiendo el acceso a las facilidades de la demandante y ha no interferir con sus operaciones”, lee el resumen del tracto procesal.

Como parte del pleito, el juez indicó que se pautó para el 20 de junio una vista de forma presencial para atender esta controversia, pero que, a petición de las partes, fue transferida para el 24 de junio. En la audiencia se presentó prueba testifical y documental, según el letrado.

Empero, el 20 de junio, la CGT presentó una solicitud de desestimación por “falta de agotamiento de remedios administrativos, madurez y falta de jurisdicción”. Es decir, la unión considera que el tribunal está limitado de expedir injuctions (órdenes) en controversias obrero patronales.

El sindicato expuso que el tribunal no podía expedir el remedio de entredicho provisional sin antes celebrar una vista evidenciaría entre las partes, y que carece de jurisdicción porque Suiza Dairy, como patrono, no agotó los remedios administrativos disponibles antes de demandar.

“En este aspecto, arguyen que Suiza debió recurrir a través del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Además que el patrono ha estado litigando el asunto en dos foros distintos, es decir, el administrativo y el judicial y, que procede la desestimación reiterando que el remedio incoado no cumple con todos los requisitos de la Ley 50 sobre los injunctions en disputas obreras, por lo que no procede la expedición del remedio interdictal”, agregó.

Sin embargo, el juez dijo que la orden de desestimación se tornó académica porque la fecha de vigencia venció, por lo que, “nada” tiene que resolver en cuanto a ello. Además, rechazó el argumento de que el tribunal no tiene jurisdicción para entrar a atender la presente controversia.

“En el presente caso estamos ante un grupo de empleados que se encuentran manifestando en las afueras del inmueble de Suiza Dairy, puesto que estos entienden que su patrono violentó el Convenio Colectivo. Para llevar a cabo sus manifestaciones, se alegó que estos han obtenido control sobre las entradas al inmueble y no han permitido la entrada de los empleados gerenciales, excepto en ocasiones específicas y con empleados manifestantes de acompañantes”, mencionó el juez.

Cuevas Ramos le dio “credibilidad” a las declaraciones bajo juramento de los testigos que comparecieron a la vista celebrada por entender que están “libre de contradicciones, ser expresiones coherentes, pausadas y libre de afectaciones”, por lo que entiende que “quedó demostrado que, empleados de Suiza y miembros de la CGT han estado obstruyendo los accesos de entradas a las facilidades”.

“Las actuaciones de estas personas han sido dirigidas y manipuladas por algunos de los oficiales de la CGT como su presidente José Adrián López y Scott Barbés. Estos han colocado carpas, mesas, sillas e inodoros portátiles frente a los diversos portones, tanto vehicular como peatonal para impedir el acceso a Suiza Dairy y controlar las facilidades”, agregó.

“Ciertamente, los demandados han llevado a cabo actos de incautación de las facilidades del patrono mediante la obstrucción física al acceso a la propiedad, han cometido acoso contra otros compañeros que han intentado lograr acceso, y los han intimidado mediante el uso de palabras soeces y amenazas”, indicó el juez en su orden.

Asimismo, esbozó que, más allá de las “actuaciones hostiles y las perturbaciones” que los demandados han ocasionado en cuanto a impedir el acceso a las facilidades, no se puede tomar “livianamente el grave riesgo que existe para la comunidad circundante, así como para los propios manifestantes, ocasionado por la falta de mantenimiento y monitoreo de los equipos que existen en Suiza Dairy”.

“Debemos recordar que en el año 2005 y 2007, la empresa tuvo escapes de gas amoniaco, lo que provocó severos daños al ambiente, así como a varios residentes de comunidades adyacentes. La empresa tuvo intervenciones por diversas agencias ambientales, así como la EPA (Agencia federal de Protección Ambiental). La falta del monitoreo de los sistemas de refrigeración, los tanques de combustible diésel y gasolina, además de la planta de tratamiento de agua, son un grave e inminente riesgo a la salud y al ambiente que ameritan la intervención a través del remedio peticionado”, puntualizó Cuevas Ramos.