El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, otorgó, este viernes a Mireddys González y su hermana, Ayeicha González, hasta el 31 de diciembre para entregar la totalidad de la documentación que acordaron con la defensa del artista urbano Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) como parte del pleito por el control de las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

Durante la vista para mostrar causa por la que Cuevas Ramos no debía conceder la moción radicada por los abogados de Ayala Rodríguez, Carlos Díaz Olivo y Anabelle Torres Colberg, para declarar a las hermanas González en desacato, la abogada Pilar Pérez Rojas acordó enviar, este viernes, las cartas firmadas en las que sus clientas renuncian al liderato de ambas corporaciones, al igual que las contraseñas para acceder a servicios electrónicos de las empresas. La vista virtual, pautada para comenzar a las 4:00 p.m., no arrancó sino hasta cerca de las 4:30 de la tarde.

En esencia, Cuevas Ramos reiteró que las demandadas deben entregar las posiciones corporativas; la información de contabilidad, jurídica y bancaria de las corporaciones y cualquier otra documentación, según se estableció en el acuerdo alcanzado durante la vista celebrada el 19 de diciembre tras Ayala Rodríguez demandar luego que las hermanas, presuntamente, intentaron extraer $100 millones de las cuentas de ambas empresas.

Díaz Olivo argumentó que no basta que se dé acceso electrónico para acceder a algunas cuentas, sino que se le entregue a Ayala Rodríguez todo lo referente a las corporaciones, incluyendo a la contabilidad de las entidades, lo que, indicó, no ha ocurrido hasta el momento. “Necesitamos que se nos entregue todo”, precisó en la audiencia.

Asimismo, Torres Colberg mencionó que la información a la que ha tenido acceso el artista es la que ha obtenido mediante terceros, o personándose a la oficina, o que son documentos públicos que pueden conseguirse, incluso, en el Departamento de Estado. La letrada señaló, como ejemplo, que no han recibido el tracto de las regalías relacionada con la música de Ayala Rodríguez.

En tanto, Pérez Rojas expresó su disposición en enviar por escrito, este viernes, que sus representadas renuncian a las posiciones en las corporaciones y pasan el batón al artista. Añadió que entregaría al tribunal un dispositivo de almacenaje portátil con copias de todos los documentos entregados a la defensa.

“Se entregaron los contratos de regalía... Le dimos los únicos contratos de los contratistas independientes, que son los que trabajan la imagen y esas cosas”, dijo. “Aquí se está tratando de obrar de mala fe”, comentó.

Por su parte, Jean Paul Vissepó, quien representa a las corporaciones, adelantó que pedirá, por escrito, acceso a la información de las dos corporaciones, pero Pérez Rojas le salió al paso y dijo que ya se le envió.

Ante los planteamientos de las partes, Cuevas Ramos solicitó a las partes que no se envíen cartas entre sí, sino que presenten mociones ante el tribunal para tener constancia del tracto del caso.

“No quiero pensar que nadie está obrando de mala fe”, sostuvo el juez superior al responder a los planteamientos de Pérez Rojas. “Hasta que no concluyamos, se le seguirán sumiendo controversias adicionales (al caso)“, admitió.

En la audiencia virtual no estuvieron conectados el artista, ni su esposa, ni su cuñada.

Al finalizar la vista, Díaz Olivo sostuvo, en declaraciones escritas, que “resulta lamentable que tuviésemos que acudir al tribunal a hacer respetar su sentencia y directrices. Afortunadamente los reclamos justos de nuestro representado fueron atendidos en su totalidad, estableciendo plazo definitivo para su cumplimiento final”.

“Nuestro representado confía que con lo establecido y dispuesto por el Tribunal pueda continuar con el desarrollo de su carrera y que ambas partes puedan trascender y superar la situación personal y de negocios por la que atraviesan y retomar sus respectivas vidas”, añadió Díaz Olivo.

En una moción urgente solicitando desacato, la defensa del artista revela que, contrario a lo ordenado por el tribunal, las hermanas González no comparecieron a la primera reunión que se determinó como parte del acuerdo alcanzado en corte el pasado 19 de diciembre.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, indica la moción de ocho páginas.

Asimismo, se alega que las demandadas “ni fueron a la reunión ni tampoco dejaron información o documentos con sus representados para que estos los proveyeran. Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondió a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”.

De igual manera, los abogados del artista indican que, luego de varios llamamientos de su parte para que se cumpliera con lo dispuesto por el tribunal, “los representantes de las demandadas optaron por proyectar que hacían gestiones de búsqueda de la información que no tenían disponible para proveer como se les ordenó”.

“Ello luego de afirmar (que) estaban en la casa de Mireddys y no le dio tiempo por los días de Navidad o (que se) estaban todavía mudando de las oficinas de la calle del Parque, o tantas excusas más. La espera se extendió por espacio de tres horas. El hecho cierto y definitivo es que la parte demandada no estaba preparada ni le interesaba cumplir con la sentencia dictada”, agregaron.

La representación del artista destaca en el documento, analizado por El Nuevo Día, las múltiples gestiones infructuosas que realizaron para tener acceso a los datos sobre las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.

“Como resultado de la desatención a lo acordado y a lo instruido por el Tribunal, las demandadas y sus representantes fallaron intencionalmente en colocar a Ayala Rodríguez en posición de asumir el control cierto y responsable de los asuntos, cuentas, activos y registros de las corporaciones y, por consiguiente, de su carrera artística”, agregó el equipo legal.

“Contrario a lo instruido por el Tribunal, las demandadas se han negado a dejar el control en las corporaciones y pretenden apertrecharse y perpetuarse en el cuerpo directivo de las entidades desde dónde igualmente pretenden controlarle su carrera (a Daddy Yankee), continuando así con la interferencia y disloque de la carrera del demandante y cubrir la mala administración de las entidades, luego de haberle burlado su confianza”, destacaron también los abogados.

La defensa alega que Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, “continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco”.

“Más grave, las demandadas, han pretendido, con la entrega de las únicas cosas inconsecuentes entregadas, unas contraseñas incompletas y los dos libros corporativos, inducir a error el honorable Tribunal y volver a burlar al demandante”, mencionaron.

“Al así obrar, las demandadas han burlado también al Tribunal y nos encontramos, para todo efecto práctico, en la misma posición que cuando se presentó el recurso de injunction ante este Tribunal. Semejante proceder en desacato y burla a la autoridad del Tribunal no puede permitirse y requiere vindicación inmediata”, destacaron.

La defensa del artista dijo que no puede permitirse que las demandadas continúen “con la estrategia de incumplir deliberadamente con sus obligaciones, responsabilidades y ya la sentencia dictada, para obligar al demandante a recurrir al Tribunal, y luego hacerse “las víctimas” de las consecuencias que estas alegadamente sufren por ventilarse públicamente sus incumplimientos”.

Por su parte, la representación legal de las hermanas González presentó una moción en la que alega que la reunión se celebró en las oficinas de la licenciada Pilar B. Pérez Rojas para llevar a cabo lo relacionado a la transición del demandante y la presidencia de las corporaciones.

En el documento, el equipo legal alega que sus representadas no estaban presentes físicamente, pero sí “estaban disponibles vía telefónica”.

“Durante el transcurso de la reunión se entregó a los abogados de la parte demandante los libros y sellos corporativos al igual que varios otros documentos y accesos. Las partes aquí comparecientes continúan buscando información adicional que fue solicitada por la representación legal del demandante, la cual no estaba inmediatamente disponible para entregarse”, dijeron.

Asimismo, mencionaron que, al comenzar la reunión, se hizo patente la confusión “entre la percepción del demandante y su representación legal en cuanto a qué se iba a entregar en la mañana de hoy, ya que las partes aquí comparecientes entendían que la minuta especificaba el que se entregarían los libros corporativos y que se estaría trabajando el proceso de transición, en particular la manera de salvaguardar los $75,000,000.00 que el tribunal ordenó mantener intocables y el límite impuesto por el tribunal de que cualquier transacción mayor de $100,000.00 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacer el desembolso”.

De acuerdo al documento, las partes codemandadas habían entregado información previa a la compañía Driven contratada por la defensa del artista y “se nos indicó que la misma estaba incompleta, pero no se nos entregó un listado de los documentos que entendían faltaban”.

El equipo legal de las hermanas González reveló que, durante la reunión, se informó a los abogados que el artista el 23 de diciembre de 2024 a las 6:12 p.m., mediante correo electrónico directamente a Ayeicha González, solicitó que le adelantara preliminarmente una información “la cual entendemos era vaga y genérica; la misma nunca fue enviada a los abogados suscribientes”.

“Inmediatamente solicitamos copia del correo electrónico a la señora Ayeicha González, para trabajar con la información solicitada y durante la reunión se entregó parte de los accesos e información solicitada, la cual no se aneja por contener información privilegiada, sensitiva y secreto de negocios”, agregaron los abogados.

De igual manera, el equipo compuesto por los abogados Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, indicaron que se entregó la resolución corporativa de ambas corporaciones designando a Ayala Rodríguez como presidente de las mismas y las demandadas cesaron “sus posiciones como oficiales de las corporaciones”.

Aunque en la vista judicial del 19 de diciembre las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo, fue ayer jueves cuando el juez emitió la sentencia escrita, de dos páginas, en la cual detalla el acuerdo alcanzado.

La controversia surgió a semanas de que el famoso matrimonio anunciara que estaba en proceso de divorcio y luego de que un abogado del artista revelara unas fallidas transferencias por $100 millones, que se dividían en $80 millones de las cuentas de El Cartel Records, y $20 millones de una de las cuentas de Los Cangris.

Aquí explicamos los puntos incluidos en la sentencia: