El Tribunal Federal en San Juan emitió una orden de protección para la evidencia en el caso contra los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro.

La jueza federal Camile Vélez Rivé ordenó este lunes las medidas que habían sido solicitadas a través de una moción de la Fiscalía federal.

En su petición, el Ministerio Público señaló que la solicitud buscaba “acelerar el flujo del descubrimiento de prueba y proteger adecuadamente información de identificación personal, seguridad de testigos, datos financieros e información de propiedad comercial”.

El fiscal Daniel J. Olinghouse apuntó que dichas informaciones “merecen permanecer confidenciales”.

“En concreto, el descubrimiento en este caso contiene, entre otras, información sensible, voluminosos registros bancarios, información fiscal e información personal identificable de los acusados y terceros”, apuntó.

Ricardo y Edgardo Navarro Suárez, y el contador público autorizado Ramón Valentín Montalvo fueron acusados por cargos de fraude emitidos por un gran jurado federal.

En el pliego acusatorio también figuran corporaciones de los dos hermanos del legislador. Todos han hecho alegación de no culpabilidad.

Como parte del operativo federal, las autoridades confiscaron tres propiedades de los hermanos. Una de las propiedades, localizada en Caguas, se encuentra a nombre de Edgardo. Mientras, los otros dos inmuebles ubican en Palmas del Mar en Humacao.

En órdenes separadas, la jueza Vélez Rivé acogió peticiones de la Fiscalía federal para que figuren en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico notificaciones relacionadas con la confiscación.

“El aviso de precaución deberá informar al público sobre la tramitación de este caso penal”, indica parte de las órdenes emitidas este martes para cada propiedad.

La acusación alega un esquema de fraude y lavado de dinero a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES).

En específico, el pliego alega que cometieron fraude electrónico, soborno, ocultar lavado de dinero y realizar transacciones de lavado de dinero.

Del documento judicial se desprende que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, los acusados habrían emitido 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a una institución financiera.

De acuerdo con la acusación, los acusados habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos.

De igual forma, el pliego indica que los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.

De ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a las siguientes sentencias: hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 años de prisión por ocultar el lavado de dinero y hasta diez años de prisión por cometer lavado de dinero.