La jueza Laura Taylor Swain ordenó este miércoles a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continuar las conversaciones con los representantes legales de las miles de familias que han reclamado haber sufrido daños a causa de la falta de servicios de Educación Especial para sus hijos, a fin de intentar llegar a acuerdos que permitan atender las reclamaciones económicas que por años han estado ante los tribunales.

“Mi intención, en este momento, es ordenar a las partes a reunirse para considerar enmendar la orden propuesta y los documentos″, expresó Taylor Swain.

La jueza estableció como fecha límite el 10 de enero 2025 para la entrega de un informe de estatus conjunto.

En una vista judicial celebrada esta mañana en el Tribunal federal, Taylor Swain trajo a discusión nueve puntos que describió como “preocupaciones” con la moción presentada por la JSF, en la cual solicitó la creación de un procedimiento especial para atender las reclamaciones derivadas del caso Rosa Lydia Vélez por la falta de servicios adecuados de Educación Especial bajo el Departamento de Educación. Como parte de esa moción, la JSF propuso, en noviembre, realizar una oferta económica de $25,000 por cada familia que ha hecho reclamaciones, aunque ese monto está sujeto a un descuento dispuesto en la ley Promesa y equivaldría, realmente, a uno pago de $5,100.

“Exhorto creatividad y apertura para hacer ajustes que hagan sentido”, urgió la jueza.

Agregó que la propuesta no es clara en torno a las implicaciones sobre las familias de no aceptar la oferta, particularmente en torno al futuro de las reclamaciones en cortes estatales y en casos que hay más de un individuo en la familia afectado por la falta de servicios de Educación Especial. La JSF tampoco definió cómo se determinará qué es una familia y quiénes componen los individuos de una familia, añadió.

La JSF detalló, en su moción original, que se hará la oferta a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno central, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado al litigio de Educación Especial.

Las preocupaciones de Taylor Swain, además, giraron en torno al período de 60 días establecidos por la JSF para que los reclamantes respondan si aceptan o no la propuesta, la publicación de anuncios en la prensa y que se debe crear un mecanismo para dirimir disparidades entre las respuestas de abogados y reclamantes a la notificación.

Asimismo, la jueza urgió a que, en la notificación, se haga más claro que el monto que recibirían las familias sería el 20.4% de la oferta que hace la JSF y que su corte no tiene injerencia –entiéndase, ni aprobó ni rechazó- la cantidad ofrecida.

La representante legal de un grupo de reclamantes, Zoe Negrón Comas, destacó que varios de los señalamientos de la jueza coinciden con los argumentos que presentaron en su moción de oposición a la propuesta de JSF. Su postura, manifestó, se basa en que es necesario atender las reclamaciones de manera justa y siguiendo los procesos correctos, no basado en la rapidez que urge la JSF.

Negrón Comas criticó el argumento de la JSF de que la resolución de las reclamaciones derivadas del pleito Rosa Lydia Vélez es lo que impide que el gobierno cumpla con las obligaciones con otros acreedores, lo que, a su juicio, pone un peso indebido sobre los hombros de los reclamantes que podrían sentirse forzados a aceptar el acuerdo económico.

“Hablar de conveniencia, cuando estamos hablando de demandantes que están esperando en un pleito de clase por cerca de 40 años, es desagradable. (Hablamos) del Departamento de Educación y su negligencia de no proveer y que todavía no provee los servicios requeridos para estudiantes de Educación Especial, de cuando algunos demandantes llegaron a la adultez sin haber recibido esos servicios y que algunos de esos demandantes sufrieron violaciones a su dignidad como ser mantenidos en una jaula en un salón de clases debido a la negligencia del Departamento de Educación. (…) Encuentro difícil de creer que estamos en un impasse donde se necesite la intervención de su señoría (Taylor Swain) para emitir una orden para un procedimiento de notificación para una oferta que nosotros, como abogados, no podemos deliberadamente pedir a nuestros clientes que acepten”, expresó Negrón Comas.

La abogada que representó a la JSF, Laura Stafford, indicó, por su parte, que están disponibles para discutir los señalamientos realizados por la jueza y reunirse con los representes de los reclamantes.

“Dado las complejidades de este litigio, la edad del caso, el número de reclamantes, las disparidades en la representación entre los reclamantes, y la necesidad de probar daños a nivel individual basado en decisiones tomadas por la corte estatal, es nuestra posición que esta propuesta de una oferta es la mejor manera para nosotros lograr progreso significativo respecto a este litigio”, argumentó Stafford.