El banquero Julio Herrera Velutini reiteró ante el Tribunal Federal en San Juan su petición de la desestimación de cargos por alegado soborno en su contra, como parte del caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

En una nueva moción, presentada este miércoles, los abogados de Herrera Velutini insistieron en que este no cometió los delitos contenidos en el pliego acusatorio porque no sobornó al gobernador Pedro Pierluisi ni provocó que Vázquez Garced realizara “un acto oficial” como parte de sus funciones cuando era gobernadora de Puerto Rico.

La moción planteó que el Ministerio Público “intenta encasillar” la renuncia de George Joyner a cargo de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) “como un acto oficial”, pero considera que esa acusación falla en cumplir con requisitos establecidos por la jurisprudencia con relación “al ejercicio del poder gubernamental”.

“En este caso, claramente no había ningún asunto ‘pendiente’, ya que el comisionado Joyner decidió renunciar a su cargo”, agregó.

La acusación alega que la salida de Joyner de OCIF se debió a presiones de La Fortaleza, bajo la administración de Vázquez Garced, para cumplir con el deseo de Herrera Velutini para detener una pesquisa a su banco, a cambio de apoyar la campaña de la entonces gobernadora para las primarias de 2020.

En la misma moción, Herrera Velutini recalcó que deben retirarse los cargos cinco al siete por entender que no existió un “quid pro quo” ni un acto oficial si el oficial público - en referencia a Pierluisi - desconocía del alegado esquema de soborno.

Haciendo referencia a precedentes judiciales, la defensa del banquero señaló que el Ministerio Público “tiene que probar que el oficial público tomó una decisión o tomó una acción” sobre un asunto “o acordar a hacerlo”.

En varias ocasiones, Pierluisi ha dicho públicamente que desconocía del alegado esquema, mientras que la propia Fiscalía federal también lo ha planteado en mociones anteriores.

El supuesto acuerdo de soborno supuestamente ocurrió con Joseph Fuentes, amigo de Pierluisi y otrora recaudador de fondos que fue sentenciado a cárcel con relación al esquema que creó para financiar el supercomité de acción política (Súper PAC) Salvemos a Puerto Rico, entidad que durante la contienda primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2020 impulsó una campaña contra la entonces gobernadora Vázquez Garced y a favor de Pierluisi.

Del pliego acusatorio contra Herrera Velutini, y las alegaciones por las que aceptó culpabilidad John Blakeman - uno de los allegados políticos de la exgobernadora - se desprende que Fuentes colaboró con las autoridades federales haciéndose pasar como representante de la campaña de Pierluisi.

“El funcionario público en cuestión no puede tomar una decisión o realizar una acción (o aceptar hacerlo) sin tener conocimiento de esa decisión o acción. En relación con los cargos 5 a 7, la acusación no alega que algún funcionario público haya participado en un acto oficial o haya acordado realizarlo. Además, el Ministerio Público sostiene ahora que ‘el funcionario público A” (Pierluisi) “no tenía conocimiento de esta artimaña”.

De acuerdo con la defensa de Herrera Velutini, “para salvar estos cargos, el Ministerio Público intenta replantear las cuestiones argumentando que el supuesto intento de Herrera de sobornar al Gobernador Pierluisi es suficiente para declarar un delito”.

“Sin embargo, esta teoría del ‘intento’ no salva al Ministerio Público del hecho de que el gobernador Pierluisi no aceptó realizar ningún acto, mucho menos un ‘acto oficial’, a cambio de un soborno”, apuntó la moción de la defensa. “La acusación formal alega que el supuesto acuerdo corrupto fue entre Herrera y Fuentes, “quien se presentó como intermediario del Funcionario Público A”, pero “que en realidad no estaba sirviendo como intermediario ni actuando en nombre del Funcionario Público A.

“Esto por sí solo es fatal para los cargos 5 a 7 porque, en 2023, la Corte Suprema (federal) sostuvo que los individuos privados, como Fuentes, no pueden actuar como agentes del gobierno a menos que hayan celebrado “acuerdos que los conviertan en agentes reales del gobierno”, añadió.

El juicio contra Herrera Velutini, Vázquez Garced y el asesor financiero Mark Rossini está pautado para agosto de 2025.