El banquero Julio Herrera Velutini solicitó la desestimación de los cargos federales en su contra por supuestos sobornos a Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi.

En una moción presentada a través de sus abogados este miércoles, Herrera Velutini sostuvo que el pliego acusatorio debe ser descartado, en parte, porque falla en establecer un reclamo válido ya que “las alegaciones relativas a las acciones supuestamente acordadas por los exgobernadores Vázquez y Pierluisi no pueden ser ‘actos oficiales’”.

En gran medida, el banquero basó sus argumentos en una decisión emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en junio pasado sobre lo que se considera como soborno.

Sostuvo que, en el caso Snider vs. Estados Unidos, el Supremo federal resolvió que las leyes establecen que la violación por parte de un oficial electo ocurre cuando se paga por adelantado, o se establece un acuerdo por adelantado, a cambio de “un acto oficial futuro”.

Recalcó que esa sentencia hizo énfasis en “el estado mental corrupto y la intención de que sea influenciado en el acto oficial”.

“De esta manera, Snyder presenta una base independiente para desestimar la acusación contra Herrera, basándose en la incapacidad del Ministerio Público para demostrar que los exgobernadores Vázquez o Pierluisi acordaron cometer un ‘acto oficial’ a cambio de algo de valor”, insistió la moción.

“Además, (el caso) Snyder apoya la afirmación de Herrera de que el artículo 666 del Título 18 del Código (Penal) de los Estados Unidos era inconstitucionalmente vago en el momento en que fue acusado. Por estas razones, la acusación debe ser desestimada”, agregó.

La primera mitad de los cargos contra Herrera Velutini alegan que contribuyó a la campaña primarista de Vázquez Garced a cambio de que destituyera a George Joyner de la posición a cargo de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF) para detener una pesquisa contra su banco, Bancrédito International, y que luego nombrara como sustituto a una persona que había trabajado para el banquero.

Esos cargos también pesan contra Vázquez Garced y el asesor financiero Mark Rossini, quien en el pasado fue agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El juicio está pautado para comenzar el 21 de enero de 2025 ante la jueza Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal en Hato Rey.

El pliego acusatorio alude a que la administración de Vázquez Garced presionó para provocar la “renuncia” de Joyner, quien es testigo cooperador del Ministerio público. “La secretaria de la Gobernación de Vázquez le dijo al Comisionado A (Joyner) que tenía que renunciar de su posición para el 28 de febrero de 2020″, indica el pliego.

Sin embargo, en un comunicado de prensa divulgado este jueves, los abogados de Herrera Velutini indicaron que no hubo esquema ilegal porque Joyner “renunció”, mientras que el Departamento de Justicia federal “busca erróneamente intervenir en las prácticas de personal del gobierno local”.

“Las leyes penales no son una invitación abierta para que el Departamento de Justicia vigile las prácticas de contratación de los gobiernos estatales y locales”, plantearon.

La segunda mitad de los cargos de los cargos contra Herrera Velutini alegan que intentó sobornar a Pierluisi con la misma intención de frenar la pesquisa de OCIF contra Bancrédito. Esos cargos se verán en un juicio por separado cuando termine el caso anterior.

En el comunicado, los abogados de Herrera Velutini establecen que la Fiscalía federal “se extralimitó gravemente” al presentar estos cargos porque “no alegan ningún acuerdo de quid pro quo que involucre actos oficiales”.

Los abogados también señalaron que la totalidad del caso que alega el soborno a Pierluisi “se basa en el testimonio de Joseph Fuentes, un hombre que el propio Ministerio Público ha descrito como un mentiroso en serie que “apiló mentiras sobre mentiras sobre mentiras... se involucró en un esquema descarado... filtró información [como cooperador]... funcionó efectivamente como un agente doble... [y] mintió repetidamente a los agentes del Ministerio Público sobre estos esfuerzos obstruccionistas y destruyó evidencia”.

En otro argumento, los abogados de Herrera afirmaron que las reclamaciones estatutarias son nulas por “ser inconstitucionalmente vagas, al no proporcionar a nadie una notificación justa de que la conducta podría considerarse ilícita”.

Más específicamente, los abogados argumentaron que “la interpretación excesivamente amplia [de la ley] promovida por el Ministerio Público en este caso corre el riesgo de criminalizar las interacciones comunes entre los empresarios, por un lado, y los asesores influyentes y los funcionarios de campaña, por el otro”.

Herrera Velutini se refería a lo señalado previamente por Rossini en otra moción, en la que indicó que más de un año antes de la acusación habían hecho acercamientos a las autoridades federales alegando corrupción en OCIF y en la oficina del Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Los abogados alegaron en el comunicado que, no obstante, Herrera Velutini “está siendo perseguido por ejercer el derecho constitucional a presentar peticiones al gobierno”.

“Él se quejó correcta y justificadamente (a todos, incluidos el FBI y miembros de la comunidad de inteligencia) sobre la corrupción e incompetencia en OCIF y FinCEN. Pero en lugar de investigar sus quejas, el Ministerio Público ‘rodeó los vagones’ y concibió un plan para procesar a Herrera”, acotó el comunicado.