Tras una “evaluación cuidadosa”, el Departamento de Justicia anunció este jueves que apelará la decisión del juez de distrito federal Francisco Besosa, quien ordenó celebrar un nuevo juicio a nivel estatal contra Antonio Ramos Cruz, convicto por la llamada masacre de Trujillo Alto, ocurrida en 1989 y en la que fueron asesinados una madre y sus dos hijos.

Ramos Cruz fue declarado culpable por un jurado, en 1992, “tras probarse más allá de duda razonable” –enfatizó Justicia en declaraciones escritas– su participación en la masacre, en la que los cuerpos apuñalados de la mujer y los niños fueron escondidos en un refrigerador.

“Nuestra solidaridad total con las víctimas, que son los verdaderos inocentes en este caso y que han tenido que revivir un proceso que ya había culminado a nivel estatal”, dijo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

“Las alegaciones del convicto fueron derrotadas con evidencia en diferentes etapas en los tribunales de Puerto Rico y no existe prueba exculpatoria a favor de Ramos Cruz; de haber sido así, el Departamento de Justicia hubiera desistido y archivado el caso. Por lo que hemos tomado la determinación de apelar la decisión”, sostuvo en sus expresiones.

La opinión y orden emitida por Besosa, en principio, fue anunciada por Julio Fontanet, fundador y director del Proyecto Inocencia, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien añadió que la orden, además, concedió una solicitud de libertad mediante “habeas corpus”.

Entonces, el licenciado instó a Justicia y al gobernador Pedro Pierluisi a no acudir al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, para apelar la orden de Besosa y que se proceda con la celebración de un nuevo juicio, en el que Ramos Cruz pueda presentar toda la evidencia exculpatoria.

Los hechos en este caso ocurrieron en junio de 1989, cuando Haydée Teresa Maymí Rodríguez y sus dos hijos, Eduardo Enrique y Melissa, de 5 y 3 años, respectivamente, fueron asesinados en la residencia de la mujer, en Trujillo Alto.

Por este crimen, las autoridades acusaron a Ramos Cruz y a Juan Carlos Meléndez Serrano, quienes, el 24 de febrero de 1992, fueron encontrados culpables por un jurado. Sin embargo, ambos convictos aseguran que son inocentes del atroz crimen.

“Hemos identificado a nuevos testigos que han salido de ese anonimato, o de ese miedo que tenían, para asumir un rol de mayor responsabilidad ciudadana y aportar información que tenían sobre este caso y que no habían divulgado”, dijo Fontanet, la semana pasada, en conferencia de prensa.

Según el letrado, uno de los nuevos testigos reside en Estados Unidos y ha sido entrevistado recientemente.

“No puedo divulgar las interioridades de ese testimonio, pero sí debo advertirles que es un testimonio muy contundente y que tiene mucho que aportar con la conducta de uno de los sospechosos durante el período en que los niños fueron asesinados”, mencionó.

Dijo, también, que el testigo les expresó que no habló antes por temor y porque, “en nuestra sociedad, el venir y denunciar a alguien, y aportar a que se acuse, no es bien visto”. “Pero, es una persona que se fue de Puerto Rico, que ha escuchado las cosas que han pasado en este caso y se siente indignado”, enfatizó.

Aunque reconoció que el testimonio debe ser corroborado, indicó que es una pieza importante, pues el testigo aseguró que, supuestamente, trató de comunicarse, sin éxito, con los fiscales en el caso. “Va a aportar evidencia hacia otra persona que siempre fue sospechosa”, aseguró.

Luego de la determinación de Besosa, Justicia indicó que evaluaría la opinión y orden para determinar el curso de acción que seguiría.