El juez Carlos Capó, del Tribunal de Caguas, encontró este viernes causa para arresto contra el dueño de un concesionario de autos, y cinco de sus empleados, por presuntamente ejecutar un esquema fraudulento de venta de autos, informó el Departamento de Justicia.

El fiscal Francisco González, junto con otros miembros de la Fiscalía de Caguas, formuló 231 cargos contra Huber Torrado Colón, dueño del concesionario Auto Gallery ubicado en la carretera PR-1, y contra los empleados Justy de Peña Encarnación, Alex Ortiz Marcano, Osvaldo Cruz Rivera, Jeanette Rosado Gómez y Aníbal Rodríguez.

Previamente, en una conferencia de prensa celebrada en los predios del Centro Judicial de Caguas, González dijo que contra Torrado Colón se presentarían 122 cargos, y contra los empleados se formularían otras 94 denuncias, para un total de 216 cargos.

“Los cargos (sometidos) incluyen conspiración; apropiación ilegal; maltrato de personas de edad avanzada, puesto que le vendieron a personas que tenían más de 60 años vehículos de motor; fraude; (y hasta) emitir cheques sin fondo”, precisó González.

No obstante, Justicia aclaró, durante la tarde de este viernes, que se formularon 120 cargos contra Torrado Colón, mientras que los cinco empleados imputados, enfrentan 111 cargos que incluyen de fraude, apropiación ilegal, conspiración, apropiación ilegal de vehículos, y maltrato contra personas de edad avanzada. Esto elevó el total de denuncias en el caso a 231.

A Rosado Gómez se le formuló un cargo adicional por emisión de cheques falsos.

Ante la prueba presentada, Capó determinó causa para arresto y fijó una fianza de $2.3 millones a Torrado Colón, de $70,000 a Ortiz Marcano, de $320,000 a De Peña Encarnación; de $480,000 a Cruz Rivera, de $71,000 a Rosado Gómez y de $80,000 a Rodríguez Ortiz.

La vista preliminar fue señalada para el 7 de noviembre.

A preguntas de la prensa, González confirmó que entre los imputados está el gerente, así como algunos de los vendedores del antiguo concesionario, “a quienes identificamos como personas que participaron en el esquema”.

“Lo que estamos radicando hoy es una parte de los muchos querellantes que hay”, precisó González.

Por su parte, el teniente coronel Gerardo Oliver Franco, director del Negociado de Vehículos Hurtados del Negociado de la Policía, precisó que “esta es una investigación que data ya de casi dos años. Ustedes vieron el allanamiento. Nosotros llegamos allí (al concesionario). Esta persona fue poco cooperador y hubo que allanar. El allanamiento iba dirigido a ocupar documentos para iniciar la investigación”.

Asimismo, Oliver Franco planteó a los periodistas que, luego de un año y siete meses, “ya tenemos aproximadamente una cuarta parte de la investigación. Hay 31 perjudicados en el día de hoy, de (un total de) 104. Todavía se están viendo esos casos”.

Más temprano, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, adelantó que se radicarían más de 100 cargos contra las seis personas “por haber perpetrado múltiples esquemas fraudulentos relacionados con la compra y venta de autos” en Caguas.

El 30 de noviembre de 2023 el concesionario fue allanado por agentes de la División de Vehículos Hurtados como parte de una investigación relacionada con múltiples modalidades de fraude en la venta de automóviles, informó la Policía.

En aquel entonces, la agente Carmen González Ortiz, junto al teniente Joaquín de la Cruz Santiago, diligenciaron la orden de allanamiento donde se ocupó documentación relacionada con las ventas de autos, varias computadoras y otros equipos que aportarían a la investigación, informó la Uniformada.

Oliver Franco sostuvo, además, que ocuparon alrededor de 50 automóviles que forman parte de la pesquisa por la falta de pagos de arbitrios, por lo que a la investigación se unió la División de Inteligencia y Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda.

La orden para registrar el lugar y ocupar evidencia fue emitida por la jueza superior Yarissa Santiago San Antonio, y entre los vehículos incautados se encontraban autos de fabricantes japoneses, estadounidenses y europeos, la mayoría de segunda mano.

“Esto era la ‘punta del iceberg’ (el punto de partida) de todos estos casos (la falta de pago de arbitrios). (El Departamento de) Hacienda, posteriormente, hará lo suyo y radicará las acusaciones de estos casos. Son 216 casos que les vamos a radicar”, puntualizó Oliver Franco.

En un comunicado de prensa, Justicia que como parte de las presuntas prácticas ilegales, Torrado Colón y sus empleados convencían a los clientes para que entregaran sus automóviles como pronto pago para adquirir otros vehículos.

Mediante contratos, estos se comprometían con los clientes a saldar cualquier balance de deuda que tuvieran sus vehículos por concepto de financiamiento, así como a realizar el cambio de registro de dueño. Sin embargo, las deudas no eran saldadas, ni realizaban el cambio registral de dueño, afectando el crédito de los clientes.

“En algunos casos, hasta revendían los vehículos a otros clientes, asumiendo nuevos préstamos que gravaban el mismo automóvil”, sostuvo Justicia en el escrito.

“Otro esquema fraudulento consistía en que lograban engañar a los clientes para que les entregaran sus vehículos con el compromiso de venderlos a consignación y reembolsarles una suma de dinero. Luego de vender los automóviles, nunca les entregaban a los clientes el dinero producto de la venta”, añadió la agencia.

Según la investigación, en múltiples ocasiones, Torrado Colón pagó con cheques sin fondo a clientes e instituciones bancarias. El dueño del concesionario, presuntamente, se apropió ilegalmente del dinero que los clientes les entregaban para adquirir tablillas y marbetes.