La Fiscalía federal indicó que estaría dispuesta a extender el plazo que tienen los abogados de los cinco acusados por el asesinato del policía Eliezer Ramos Vélez para entregar “información de mitigación”, o pruebas atenuantes, en el caso que es elegible para la pena capital.

En una moción de tres páginas, la fiscal federal Laura Díaz González indicó que los abogados tienen hasta el 15 de abril para entregar la información que será evaluada por el Departamento de Justicia federal para determinar si buscará la pena de muerte. El escrito sostiene que la Fiscalía federal cuenta con prueba “voluminosa”.

Los cinco acusados de asesinar al sargento son el exponente urbano Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta; Víctor José Pérez Fernández, alias “La Cone”; Andyel González Sáez, apodado “Martino”; Olvin Concepción Tapia, alias “Sinfo”; y Daniel J. López Vega, apodado “Danny”.

“Como se indicó durante la vista de estatus (el 30 de enero), el gobierno está dispuesto a extender la fecha límite para recibir información de mitigación para todos los acusados elegibles para la pena capital”, indicó Díaz González en el documento radicado el 13 de febrero.

“El plazo inicial del 15 de abril de 2025 se estableció para permitir a la USAO-PR (la Fiscalía federal en Puerto Rico) recibir (documentos de) mitigación antes de presentar su recomendación final a la Sección de Casos Capitales del Departamento de Justicia”, añadió la fiscal.

El 30 de enero, durante la primera vista de estatus de los procedimientos, el Tribunal Federal ordenó a la Fiscalía que presentara una moción informativa explicando, entre otras cosas, su posición en cuanto al plazo de mitigación para la defensa de los acusados.

A principios de este mes, el licenciado Edwin Prado, representante legal de CDobleta, presentó una moción en el Tribunal Federal en la que solicitó que se apruebe el nombramiento y financiamiento de un “especialista en mitigación”, crucial para ayudar a acusados en casos de pena capital.

Actualmente, no se desprende del expediente judicial si la jueza de distrito federal María Antongiorgi Jordán tomó una decisión respecto a la designación de este especialista.

Un especialista en mitigación es una persona que tiene el trabajo de armar el rompecabezas social, físico y emocional del acusado con el fin de identificar factores mitigantes para salvarle la vida a la persona y que no lo condenen a la pena de muerte, establece la entidad Capital Punishment in Context.

Según Prado, un especialista en mitigación es un miembro indispensable en el equipo de defensa en casos de pena de muerte, pues es responsable de realizar una investigación integral de la historia de vida del acusado. Esto incluye documentar posibles problemas de salud mental o deterioros cognitivos que pueda tener el acusado, al igual que recopilar evidencia relevante para su sentencia, sostiene el documento.

“El Tribunal Supremo ha reconocido que las investigaciones de mitigación efectivas deben extenderse más allá de las circunstancias inmediatas del delito y ahondar en la totalidad del caso del acusado: historia de vida, incluidos traumas infantiles, trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas cognitivos, discapacidades y dificultades socioeconómicas”, indicó Prado.

El asesinato del agente del Negociado de la Policía, a quien le sobrevive un hijo y quien fue ascendido al rango de sargento tras su muerte, ocurrió la madrugada del 29 de marzo de 2024 en los predios del residencial público Sabana Abajo en el municipio de Carolina.

Ramos Vélez hubiera cumplido 36 años el pasado 12 de diciembre de 2024. El agente, miembro de la División de Detección de Disparos, era padre de familia y llevaba 12 años en la Uniformada.

De acuerdo a la versión de las autoridades, el agente persiguió a unos individuos porque los vio disparando mientras conducían vehículos todoterreno por el expreso Román Baldorioty de Castro en Carolina,. La persecución culminó en el residencial Sabana Abajo, donde fue asesinado a tiros.

Tras meses de investigación, el 5 de diciembre de 2024, un gran jurado emitió un pliego acusatorio contra 56 presuntos miembros de organizaciones criminales en los municipios de San Juan, Carolina y pueblos aledaños por cargos de narcotráfico, violaciones a la Ley de Armas federal y asesinato.

Entre los acusados figuran los cinco mencionados acusados por la muerte del agente.

El 11 de diciembre de 2024, las autoridades ejecutaron un operativo que tuvo como finalidad sacar de la calle a todos los involucrados.

Precisamente, la Fiscalía federal confirmó, en la moción más arriba citada, que el descubrimiento de prueba -relacionado con todos los arrestados en el mencionado operativo- está en proceso.

De hecho, Díaz González defendió el que se solicitara a los abogados defensores proporcionar discos duros para recibir el descubrimiento de prueba, que según afirmó, es una “práctica a nivel nacional”.

Añadió que, aunque no es una política oficial del Departamento de Justicia federal, otras fiscalías de los Estados Unidos también solicitan a los abogados defensores que proporcionen discos duros en casos con pruebas “voluminosas”.

“El 2 de febrero de 2025, el Tribunal designó a Emma M. Greenwood como abogada coordinadora de la presentación de pruebas. El gobierno espera que el nombramiento de la señora Greenwood facilitará el manejo del descubrimiento general en este caso y reducirá cualquier preocupación planteada por el abogado defensor durante la conferencia de estado”, agregó la fiscal.