La Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), que defiende a personas indigentes, estudia la viabilidad de recurrir al Tribunal Supremo federal para revocar la decisión del Supremo de Puerto Rico, que le exige a los jurados unanimidad para absolver a alguien de culpa. Esa decisión, entienden, convirtió a Puerto Rico en la jurisdicción estadounidense con menos derechos para quienes son acusados de delitos.