Un magistrado federal rechazó la petición del exrepresentante Nelson del Valle Colón para que le reduzca su sentencia de cárcel por corrupción.

En una orden de “informe y recomendaciones”, emitido este lunes, el magistrado Bruce J. McGiverin encontró que Del Valle Colón no era elegible para la reducción bajo el estatuto federal conocido como la Enmienda 821. Las recomendaciones ahora pasan a la consideración de la jueza de distrito Silvia Carreño Coll para una determinación final.

McGiverin indicó que el convicto “había sido sentenciado originalmente a un término de encarcelamiento que es menor o igual al mínimo del rango de las guías que cambió la Enmienda 821″.

Más adelante, el magistrado destacó que se trata de la “segunda moción de Del Valle Colón para la Enmienda 821″. Explicó que “Del Valle Coló fue sentenciado a 57 meses (de cárcel) con un nivel de ofensa de 29. Es un ofensor de cero puntos (por no tener casos previos).

“Si recibe la reducción de dos puntos en el nivel de ofensa, su guía aplicable quedaría entre los 70 y 87 meses (de cárcel)”, agregó. “Debido a que fue sentenciado a menos tiempo que el mínimo aplicable, él no es elegible para una reducción de sentencia”.

Por las mismas razones, le habían denegado una primera petición de reducción de sentencia en febrero pasado. De acuerdo con el Negociado de Prisiones de Estados Unidos (BoP) por sus siglas en inglés, Del Valle Colón saldría de la cárcel en julio de 2026.

El exfuncionario fue acusado por un gran jurado federal por conspiración, robo de fondos federales, soborno en la modalidad de “kickbacks” o comisiones ilegales, fraude y obstrucción a la justicia, de acuerdo a un pliego en su contra emitido el 19 de agosto de 2020.

En marzo de 2022, Del Valle llegó a un acuerdo con la fiscalía federal para declararse culpable por uno de los ocho cargos que pesaban en su contra. El cargo por el que admitió responsabilidad lo acusó de recibir sobornos y comisiones ilegales.

Como parte del acuerdo, Del Valle Colón también aceptó pagar una restitución de $190,000. De ese total, debían haberse pagado $60,000 antes de que se dictara la sentencia y los restantes $130,000 serán a plazos.