Los abogados del artista Raymond Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, radicaron este sábado una moción urgente ante el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, en la que solicitaron que se tome acción ante lo que consideran la “perversión y mala utilización” de los recursos judiciales por parte de la defensa de la esposa y cuñada del artista, Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente.

En la moción de cinco páginas, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel respondieron a la moción que presentó más temprano este sábado el equipo legal de las hermanas González Castellanos, conformado por los abogados Roberto Alonso Santiago y Mariel Colón Miró.

La controversia por el acceso a las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., ha subido de tono en los últimos días luego de que las demandadas aseguraran que cumplieron con la sentencia, que entregaron la carta de representación gerencial y que, por ende, no es necesario la deposición confidencial pautada para este mes.

En términos judiciales, una deposición es un tipo de interrogatorio, una sesión de preguntas y respuestas, que puede realizar un abogado a una parte o testigo en el caso. En este pleito, la defensa del artista busca sentar a declarar, a puerta cerrada, a las demandadas para que respondan preguntas sobre las corporaciones.

“Ocurrió lo que advertimos que habría de ocurrir. La parte demandada mal utiliza la presentación de escritos tras escritos en espiral ascendente ante este tribunal para acudir a los medios de comunicación e intentar litigar allí lo que en el foro judicial meritoriamente no puede ganar”, dijeron los abogados del artista.

Añadieron que las expresiones y ataques con los que la parte demandada ha “inundado los medios de comunicación y las redes sociales” contra el artista, aprovechando la presentación de escritos judiciales “infundados, que uno tras otro presenta a mansalva, constituye una perversión y mala utilización de los procesos judiciales que debe detenerse”.

Por ello, los abogados de Ayala Rodríguez solicitaron el auxilio del tribunal para que, en primer lugar, se cumpla con la sentencia del 14 de enero y se lleve a cabo la deposición confidencial acordada entre las partes, y en segundo lugar, se emita una orden para que las demandadas se abstengan de presentar escritos sin que el juez así lo ordene.

“La parte demandada, sin esperar instrucción del honorable tribunal y sabiendo que previamente este foro había advertido su incomodidad con la presentación sin detente de mociones, continuó con su práctica acostumbrada y presentó otra moción, nuevamente, sin un solo fundamento jurídico, con el objetivo ulterior de que circule en los medios de comunicación”, mencionaron los licenciados.

De acuerdo a la moción, la parte demandada insiste en “desligarse unilateralmente de sus compromisos, procurando la suspensión de las deposiciones estipuladas por las partes hace un mes, aduciendo que no se ha justificado su necesidad”.

“En nuestra ‘Moción en cumplimiento de orden y oposición a solicitud de disponer de los asuntos pendientes’, expusimos que el 14 de enero de 2025 las partes en corte abierta y en sesión trasmitida públicamente, anunciaron una estipulación acordando la toma de deposiciones a las demandadas en el mes de febrero de 2025, mediante la cual se descartó totalmente la entrega de carta alguna”, indicaron los abogados.

Añadieron que, concretamente, se vertió para récord el acuerdo de la toma de deposiciones y la entrega de documentos vía la licenciada Mariel Colon Miró, quien “incluso iba a realizar personalmente una búsqueda de información y documentos en los correos electrónicos personales de las hermanas González relacionados a las entidades para también producirlos”.

De igual manera, Díaz Olivo, Torres Colberg y Colberg Birriel recalcaron, citando sentencias de otros casos, como Rivera Menéndez v. Action Services, que “se expuso también que en nuestro ordenamiento jurídico las estipulaciones son admisiones judiciales que implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a ellas”.

“Advertimos, además, que al ver la imprecisión en las representaciones que ahora las demandadas remiten, se justificaba con más razón la necesidad de la toma de (las) deposiciones acordadas, que fue lo único que este tribunal solicitó se informara. Pero, además, también se indicó que contrario a lo acordado en la vista, tampoco se había producido documento alguno durante todo este tiempo”, indicaron.

Además, refutaron el planteamiento que hizo la parte demandada en una nueva moción -radicada este sábado- sobre que en los 29 años que las demandadas han estado al mando de las corporaciones, no hubo “señalamientos, vicios o cuestionamientos, logrando estabilidad y solvencia económica”.

Alonso Santiago y Colón Miró precisaron, además, que los abogados del artista no han demostrado de manera concreta la necesidad imprescindible de la toma de deposiciones ante una evaluación responsable de la carta de representación gerencial.

Sin embargo, la defensa del artista les salió al paso sobre estos planteamientos,

“Concretamente, indicamos que las representaciones que las demandadas hacen sobre entrega de documentos o desconocimiento de ciertos asuntos, informaciones y comunicaciones cruciales a su desempeño durante los 29 años en los que estuvieron en la gerencia de las corporaciones, reta y no se ajusta a la realidad fáctica que articulan ante este tribunal. Así quedará constatado en las deposiciones y surgirá su desacato a lo ordenado por el tribunal”, plantearon.

“Es por ello que las demandadas, ahora desesperadamente buscan evadir las deposiciones y huir”, agregaron.

Por tanto, los licenciados mencionaron que “tal terror y evasión por parte de las demandadas no encuentra armonía en su representación de que por 29 años tuvieron una gestión administrativa impecable de las corporaciones. Si este fue el caso y todo lo (fue) entregado y revelado, entonces nada deben temer con las deposiciones”.

“Así las cosas, se solicita del honorable tribunal que ordene la continuación de los procesos según estipulado el 14 de enero de 2025 y, además, que se detenga la presentación de escritos adicionales por las partes a menos que el propio tribunal lo requiera y que instruya cómo obrar en lo adelante para la celebración de las deposiciones pautadas. Tal parece que le temen a la verdad”, esbozaron.

Actualmente, las corporaciones son administradas por el artista y su hija mayor, Yamilette Ayala, quien es fruto de una relación que tuvo el artista antes de casarse con González Castellanos. Con esta última, el artista procreó dos hijos: Jesaaelys y Jeremy Ayala González.

El 6 de febrero, los abogados de las hermanas González Castellanos radicaron una moción ante el Tribunal de San Juan solicitando el fin del pleito corporativo que comenzó en diciembre de 2024.

Como parte de sus argumentos, Alonso Santiago y Colón Miró informaron la entrega de la carta gerencial solicitada por la representación legal del artista y plantearon que no era necesaria la deposición.

Además, recordaron que la aún esposa de Daddy Yankee sigue siendo codueña de las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc., ya que mantiene el 50% de las acciones o los activos propietarios de las mencionadas entidades.

En respuesta a esta moción, el juez emitió una orden donde le pedía a la parte demandante que se expresara e informara si era necesaria mantener la deposición.

Ante ello, el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga, representante legal de las corporaciones, radicó el 7 de febrero una moción oponiéndose al fin del pleito e insistiendo que era necesaria la deposición.

Por su parte, la representación legal del exponente urbano también radicó una moción el 7 de febrero, que consta de 10 páginas, donde insisten en que las demandadas tengan que rendir cuentas.

En el documento, Díaz Olivo, Torres Colberg y Colberg Birriel mencionaron que, luego de la vista del 14 de enero, las demandadas no han entregado ni suplido “ninguna otra información o documentación de la que le fue solicitada y estaba aún pendiente”.

“Estamos ante un patrón evidente por parte de las demandadas de desentenderse de lo acordado y dispuesto ante el tribunal sobre la entrega de documentos y de evadir su deber fiduciario de brindar divulgación completa, genuina y veraz de toda información crucial sobre las operaciones corporativas sobre las cuales ellas, por años han tenido conocimiento e incluso, control directo”, mencionaron los abogados del artista.

De igual manera, aclararon la alegación que hizo la defensa de las demandadas sobre que la aún esposa de Daddy Yankee posee el 50% de las acciones.

“Para efectos de precisión jurídica es necesario hacer corrección a la aseveración que la parte demandada Mireddys González Castellanos hace en su Moción al efecto de es “dueña del 50% de las acciones o los activos propietarios de las corporaciones”, indicaron los licenciados.