El licenciado Rafael Castro Lang, representante legal de Nelson Torres Delgado, alias “El Burro” y del supuesto lugarteniente, Edwin Padilla López, radicó una moción en la que denuncia presuntas trabas para preparar su defensa.

En el documento de seis páginas, que fue radicado el 25 de febrero ante el Tribunal federal, Castro Lang insistió en que se le permita “visitas legales conjuntas de inmediato” en el Centro Metropolitano de Detención federal (MDC) en Guaynabo.

De esta forma, afirmó, se garantiza que sus clientes tengan la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa, ya que estarían compareciendo a las mismas reuniones donde se discutirán las estrategias legales.

“La respuesta (de la Fiscalía federal) distorsiona la decisión de MDC Guaynabo, sus propias políticas internas, tergiversa el propósito real de la solicitud de reunión del acusado, y descuida las implicaciones constitucionales de obstruir el derecho de los acusados a una asistencia jurídica efectiva”, agregó Castro Lang.

Según el licenciado, en lugar de abordar la cuestión central de si MDC Guaynabo puede legalmente impedir que los acusados tengan consultas conjuntas con su abogado, la Fiscalía federal “desvía la responsabilidad citando un proceso administrativo que no es relevante para este caso”.

“En el centro de esta disputa está si MDC Guaynabo tiene la autoridad para imponer una restricción arbitraria de la capacidad de los acusados de reunirse conjuntamente con su representante legal”, dijo Castro Lang, quien indicó que “no pueden interferir arbitrariamente” en este caso.

Asimismo, planteó que la Fiscalía federal “está intentando crear una restricción innecesaria e incostitucional a la capacidad de los acusados para preparar su defensa”.

Por ende, pidió al tribunal que emita una decisión favorable y que ordene a MDC Guaynabo que permita que sus representados tengan la oportunidad de armar su defensa de forma conjunta.

Hace unas semanas, el fiscal federal R. Vance Eaton presentó una moción en la que establece que el MDC en Guaynabo tiene la autoridad para administrar sus instalaciones de conformidad con las leyes vigentes.

Añadió que MDC tiene unas normas con las cuales el abogado debe cumplir y que implican, por ejemplo, solicitar un permiso al Departamento legal del complejo correccional federal. Afirmó que, hasta ese momento, el licenciado no había presentado nada.

Sin embargo, Castro Lang planteó que dicha guía no aplica porque está diseñada para regular las reuniones entre acusados que tienen representación legal separada y no conjunta.

“El abogado no podrá reunirse con sus propios clientes representados conjuntamente. La aplicación de esta política contra los acusados es una interferencia constitucional con su derecho a un abogado. El gobierno no ha proporcionado ninguna justificación legítima de seguridad para la continuación de la separación de los acusados, lo que hace que las acciones de MDC Guaynabo sean ilegales”, concluyó.

Actualmente, el juez federal Pedro A. Delgado Hernández no ha emitido ninguna orden atendiendo esta controversia.

Torres Delgado, quien era uno de los prófugos más buscados en Puerto Rico, fue arrestado el 17 de octubre de 2024 en una urbanización sin control de acceso en el área de La Parguera en Lajas.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) lo capturaron luego de múltiples acusaciones en ausencia. Torres Delgado, presuntamente, lidera una ganga a la que se le atribuyen múltiples asesinatos, incluyendo el de la maestra Margarita Rodríguez Morales, en Caguas, y una masacre frente a un negocio en Cidra.

“No hubo resistencia. Tan pronto los agentes se anunciaron, salió con las manos al aire”, dijo en aquel momento el entonces director del FBI en Puerto Rico, el agente especial Joseph González, en una conferencia de prensa.

La organización criminal presuntamente liderada por Torres Delgado en Caguas empleaba un esquema de lavado de dinero de las ganancias generadas a través del narcotráfico mediante la compra de casas y carros, alega un pliego acusatorio enmendado que fue emitido por un gran jurado el 21 de agosto del 2024 en el Tribunal federal en Hato Rey.

En total, las autoridades federales tenían bajo custodia, hasta agosto pasado, a 49 presuntos miembros de la ganga de “El Burro”.