La selección de jurado en el juicio contra el exrepresentante del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte Rosario, por presuntas violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y Ley de Armas, comenzará el 7 de enero de 2025 en el Tribunal de Bayamón.

Así lo confirmaron, por separado, este jueves a El Nuevo Día la fiscal especial Fabiola Acarón Porrata-Doria y el abogado de defensa Jerome L. Garffer Croly, tras una vista de estatus celebrada en la sala 704 ante el juez Elmer Rodríguez Díaz.

“Se celebró una vista de estatus para determinar lo que faltaba de descubrimiento de prueba. Así que, el próximo señalamiento es el día 20 de diciembre para ya informarle al tribunal que hemos completado el descubrimiento de prueba”, dijo Acarón Porrata-Doria.

Añadió que el proceso no se ha completado porque uno de los abogados de la defensa, Mario Moczó, quedó en buscar, para el 26 de noviembre, una “evidencia” en la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), pero “nunca llegó”.

“Por ende, no se le pudo entregar esa evidencia en particular, que era la que él nos había solicitado. Así que, para el 20 de diciembre, tenemos que entregar una evidencia. Nosotros tenemos que hacer el análisis de si esa evidencia corresponde entregarse o no”, sostuvo la fiscal.

No obstante, Garffer Croly dijo que el juez le dio a la OPFEI hasta el 19 de diciembre para entregar la información que la defensa ha solicitado en “múltiples ocasiones”. Añadió que el 20 de diciembre se celebraría una nueva vista de estatus.

“Nosotros le solicitamos unas extracciones del celular de la presunta víctima, que hizo el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y que no la han entregado hasta el día de hoy. Le solicitamos todas aquellas personas y testigos que han sido entrevistadas por el FEI (Fiscal Especial Independiente) para este caso, que se han negado a darlo también”, enfatizó Garffer Croly.

El abogado de Aponte Rosario mencionó que, como parte de la prueba, la OPFEI cuenta con un examen psicológico realizado a la presunta víctima, por lo que solicitó dicho informe con las conclusiones y las pruebas realizadas a la perjudicada para confeccionar el mismo.

“El juez ordenó que se entregara todo”, apuntó el licenciado, quien entiende que su cliente saldrá airoso del proceso. “Nada más con ese informe de la psicóloga (del Estado) es suficiente para saber que Orlando no cometió los delitos que se le imputan”, subrayó.

Sin embargo, Acarón Porrata-Doria insistió en que el descubrimiento de prueba no se ha completado porque Moczó, como abogado de defensa, nunca acudió a las oficinas de la OPFEI en la fecha que se había estipulado.

“Moczó nunca llegó, ni se excusó. En todo este tiempo tampoco hubo una comunicación por parte de la defensa para solicitarnos algo adicional. Eso es la verdad. Yo hasta escribí un correo electrónico al respecto”, sostuvo.

“La perjudicada fue evaluada por una psicóloga. También hay que tomar en consideración cuándo es que esa perjudicada es evaluada, que es mucho tiempo después de los hechos. Obviamente, su estado mental es diferente, está más tranquila. Eso no significa que no hayan ocurrido los hechos y que su estado mental para el momento de los hechos era de una víctima de violencia doméstica”, añadió la fiscal al responder al argumento de Garffer Croly.

La OPFEI presentó, el 18 de junio, cuatro cargos contra Aponte Rosario, de los cuales tres corresponden a violaciones a la Ley 54 (de Violencia Doméstica) y uno por Ley de Armas, específicamente, por supuestamente apuntar con un arma de fuego.

Los cargos se relacionan a un presunto incidente de violencia de género en el que el exlegislador maltrató y abusó de su exesposa en presencia de sus hijos menores.

“Yo entiendo que tenemos un buen caso y así lo entendíamos también en la etapa de vista preliminar, que presentamos a la testigo, la parte perjudicada en este caso. Estuvimos casi tres días en esa vista preliminar”, mencionó Acarón Porrata-Doria.

“La perjudicada va a testificar en la etapa de juicio. Ella es una muchacha capacitada, que habla muy coherente, que habla tranquilamente y que da muchas características y define todo lo que ocurrió de los hechos”, puntualizó la fiscal a este medio.

Aponte Rosario renunció a su escaño de representante el 29 de junio de 2023, luego que el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, se la solicitó, y ocurrió a a tres meses de haberse emitido una orden de protección en su contra a petición de su ahora exesposa, quien alegó ser víctima de un patrón de maltrato físico y emocional. La mujer, posteriormente, retiró el recurso y Aponte Rosario rechazó “las alegaciones más serias”.

No obstante, el 15 de junio de 2023 surgió una nueva orden de protección emitida por el Tribunal de San Juan contra Aponte Rosario imputándole serias denuncias adicionales de maltrato físico, emocional y sexual contra su exesposa. Según el documento, la orden fue expedida porque “la parte peticionaria demostró que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato”.