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Tras la presentación de dos testigos y evidencia documental, la demanda que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico entabló para que el registro electoral se reabra –hasta el 6 de octubre– debe estar resuelta el próximo lunes, estimó este sábado la directora ejecutiva de la entidad, Annette Martínez Orabona.

“La jueza (María Antongiorgi Jordán) está clara que este caso es uno que requiere una respuesta inmediata del Tribunal y ella lo que mencionó, en la corte, es que entiende que, para el lunes, tiene que hacer una determinación”, informó la licenciada.

Durante la vista, celebrada el viernes en el Tribunal Federal en Hato Rey, la ACLU presentó el testimonio del secretario de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rolando Cuevas Colón, quien reconoció que –comparado con previos cuatrienios– ahora hubo menos métodos para que las personas se inscribieran. Esto, debido al cierre de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) y el atraso en el lanzamiento del registro electrónico de electores (e-RE).

Asimismo, la ACLU sentó a uno de sus representados, Víctor Altieri García, un joven universitario que intentó registrarse mediante el e-RE, cuya solicitud fue rechazada y le fue notificado –vía correo electrónico– el 20 de septiembre, un día antes de que cerrara el período de inscripción. El joven no pudo asistir a una JIP al día siguiente porque tenía que trabajar.

“En su notificación electrónica, lo que decía era que, si necesitaba orientación, llamara a un teléfono, y el teléfono que indicaba la notificación era XXX-XXX-XXXX, o sea, no tenía números. Entonces, es allí, en sala, que nuestro cliente se entera que existía la posibilidad de tener cuatro días (para subsanar cualquier error). Hubiese tenido cuatro días, pero ya el día de la vista se le habían vencido los cuatro días por mucho. Así que nunca tuvo realmente la oportunidad de subsanar la situación. Eso quiere decir que queda sin la posibilidad de votar”, abundó Martínez Orabona, quien alertó que debe haber muchos casos como el de Altieri García, quien tiene tres trabajos, lo que limita el tiempo disponible para hacer transacciones electorales.

Con ambos testimonios y la evidencia documental sometida, la ACLU entiende que evidenció los obstáculos para inscribirse en el registro electoral, lo que refleja una “violación masiva” del derecho al sufragio.

La ACLU presentó una demanda enmendada, el jueves en la noche, luego de que la CEE resolviera los trámites pendientes de tres de los demandantes originales. Altieri García fue uno de los que se unió al recurso contra el que la CEE presentó una moción de desestimación, que la ACLU debe responder antes de las 5:00 p.m. de este sábado.

“La CEE les resolvió a tres de cuatro de ellos el jueves, justo a pocas horas de que tuviéramos la vista. Era algo que nos imaginábamos que podía pasar, como una manera de tratar de hacer académica la demanda. Pero, igual, nosotros estábamos evaluando las otras denuncias que seguían llegando a nuestra oficina, y nos pareció importante incluir dos demandantes nuevos porque sus situaciones eran bien representativas de lo que estaba ocurriendo”, explicó la abogada.

Esa demanda enmendada, que tenía esencialmente los mismos argumentos, provocó el atraso de unas horas de la vista, lo que no permitió que dos de las demandantes, que son adultas mayores, pudieran permanecer en el tribunal para presentar sus testimonios.

Tampoco se les permitió sentar al exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo como perito, por no haber notificado a los demandados de su intención.

No obstante, la jefa de la ACLU en Puerto Rico entiende que el caso que presentaron “deja muy claro” su teoría de que “aquí se está dando una violación masiva del derecho al voto a grupos de personas en situaciones similares a la de Víctor Altieri”, por lo que esperan que la jueza Antongiorgi Jordán falle a su favor.

Al viernes, la CEE informó a El Nuevo Día que tenía registrados 91,443 nuevos inscritos y 83,945 reactivados. Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, vaticinó que el número iría en aumento cuando se procesaran miles de transacciones pendientes en el e-RE. El registro electoral cerró el 21 de septiembre.