El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declare sin lugar una solicitud emitida por la abogada de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que refiere por perjurio a un pastor involucrado en una investigación por fondos públicos que no se utilizaron para trabajos de canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo.

Según una moción sometida por las fiscales especial independientes Zulma Fuster Troche y Fabiola Acaron Porrata-Doria, el referido que hizo la abogada Bárbara Cruz Muñiz contra el pastor Heriberto Andújar Otero, presidente del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, por perjurio, luego de que presuntamente mintiera sobre dónde se encuentra la suma de $1,140,000, que se le desembolsaron a su organización para un trabajo de un sifón –en la quebrada– que nunca se hizo.

“No es necesario el referido solicitado por la compañera (sobre perjurio), ya que se trata de un asunto ya bajo investigación del PFEI y se evaluará con el resto de la investigación para hacer las determinaciones que los suscribientes estimen necesarias”, declara la moción sometida por el PFEI.

De acuerdo a las fiscales, Andújar Otero forma parte de la investigación y esto es de conocimiento de la abogada Cruz Muñiz quien supuestamente “no le informa al Tribunal haber sostenido una reunión los fiscales del PFEI sobre este mismo asunto”.

“Específicamente en este caso los Fiscales Especiales Independientes solicitaron una ampliación de la investigación original para investigar las asignaciones relacionadas a la canalización de la Quebrada Margarita. La compañera abogada tiene conocimiento pleno de que entre las personas incluidas como parte de esta investigación se encuentra el Sr. Heriberto Andújar Otero”, apunta la moción.

El PFEI señalo que su petición es a fin de proteger su investigación en curso “que envuelve un sinnúmero de funcionarios y entidades y que se encuentra en este momento en una etapa crucial”.

El Centro Comunitario de Servicios a la Familia es una entidad sin fines de lucro, con sede en Bayamón, que recibió fondos bajo el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (Fondos de Mejoras Municipales), entre 2020 y 2021, que estaban destinados a obras en la quebrada Margarita, en Guaynabo, desde la avenida Roosevelt hasta la carretera PR-19, una labor que, sin embargo, no fue realizada.

En mayo de 2022, una investigación de El Nuevo Día reveló que la Autoridad de Tierras otorgó dos contratos, que sumaron $1.5 millones, al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para realizar un proyecto de infraestructura en la quebrada, sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, que requieren una pericia que sus directivos no tienen.