La Fiscalía federal solicitó al tribunal una sentencia de tres años y diez meses de cárcel para un hombre convicto en relación a la distribución de imágenes privadas, incluyendo algunas que fueron hackeadas a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Brian Luis Valentín Ramos se había declarado culpable en junio pasado por dos de los cinco cargos que enfrentaba, particularmente por distribución de pornografía infantil y acoso cibernético. Su vista de sentencia está pautada para el próximo 16 de septiembre ante la jueza Camille Vélez Rivé.

En una moción radicada este viernes, la fiscal federal Jeanette Collazo Ortiz no solamente recordó los hechos de los crímenes por los Valentín Ramos aceptó responsabilidad, sino también presentó ejemplos de las terribles experiencias por las que atravesaron algunas de las víctimas.

Señaló que “si bien todos los delitos de acoso cibernético son reprochables, este caso se ve agravado por el hecho de que el acusado poseía, publicaba y vendía deliberadamente imágenes sexualmente explícitas de personas que sabía que eran menores de edad”.

“Esto no se hizo como una broma ni un experimento. Se benefició económicamente de sus delitos y acusó a otros de seguir victimizando a estas personas”, agregó.

De acuerdo con la Fiscalía federal, una de las víctimas se enteró en julio de 2020 que imágenes suyas en la que estaba desnuda y para cuando tenía 17 años fueron posteadas en una cuenta de Twitter y una página web.

En ese momento, le escribió directamente a esas cuentas y fueron retiradas. Sin embargo, pese a “saber que eran de una menor”, Valentín Ramos “repetidamente anunció tener ese contenido para la venta”, lo que fue corroborado durante la pesquisa.

Mientras, la fiscalía señaló que otra de las víctimas fue una menor de 15 años con quien Valentín Ramos intercambió mensajes a través de Twitter el 25 de julio de 2020. Ese mismo día, el convicto distribuyó las imágenes usando el apodo de la adolescente.

Las fotos de ambas víctimas, así como de muchas otras, figuraban entre las más de 100,000 imágenes que agentes federales encontraron en las cuentas de iCloud de Apple en las cuales Valentín Ramos almacenaba las que estaban en su teléfono.

La moción explica que ese contenido incluía fotos e imágenes obtenidas de Iván Santell Velázquez, un estudiante de la UPR de Cayey que se hacía identificar como “Slay3r_r00t” cuando hackeó las cuentas de esa institución educativa.

En julio de 2022, Santell Velázquez se declaró culpable sin una acusación al llegar a un acuerdo con las autoridades federales tras ser atrapado en la pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

La fiscal Collazo Ortiz explicó que Santell Velázquez, quien fue sentenciado en el 2022 a 13 meses de prisión y dos años de libertad supervisada, usó cuentas que se hacían pasar como de la UPR para recopilar contraseñas de estudiantes de la universidad.

“Debido a que varias estudiantes féminas de la UPR que cayeron en el esquema de recopilación de credenciales usaban la misma contraseña en otras plataformas incluyendo sus cuentas de redes sociales, Santell Velázquez pudo obtener acceso a esas páginas de redes sociales”, relató Collazo Ortiz.

Añadió que “varias estudiantes denunciaron que sus cuentas de la red social Snapchat habían sido vulneradas. En algunos casos, las estudiantes denunciaron que imágenes privadas guardadas en su sección ‘Sólo para mis ojos’ de Snapchat habían sido robadas de sus cuentas y publicadas sin su autorización. Las imágenes de estos estudiantes fueron publicadas en varias páginas de Twitter, por lo que el FBI comenzó a investigar las páginas”.

Así fue como llegaron a varias cuentas administradas por Valentín Ramos, incluyendo una identificada como @Notipr, mientras que vendía las imágenes recibiendo pagos a través de las plataformas de ATH Móvil y PayPal.

“Brian Luis Valentín Ramos era consciente de que las imágenes se habían obtenido mediante hacking”, también conocido como “piratería informática”, destacó el Ministerio Público. De hecho, Valentin Ramos publicitó que el contenido “se había obtenido mediante piratería informática, lo que lo hacía exclusivo”.

Otra de las víctimas ya era adulta cuando sus imágenes privadas fueron robadas y publicadas. La moción detalla que la mujer solicitó que fueran retiradas de las cuentas públicas. Como no tuvo respuesta, comenzó a denunciar la cuenta de Twitter y solicitó públicamente que otros también lo hicieran.

La fiscal expuso que, entonces, Valentín Ramos la amenazó con publicar más imágenes de ella, lo que hizo.

Al hacer alegación de culpa, Valentín Ramos aceptó que “con la intención de hostigar e intimidar” a la víctima “usó las facilidades del comercio interestatal y extranjero, incluyendo los servicios de comunicaciones electrónicas”.

Collazo Ortiz explicó que tomando en consideración el historial y su admisión de culpa, las guías de sentencias sugieren una sentencia que sea entre los 37 y 46 meses de prisión, por lo que el Ministerio Público sugirió la parte más extensa. También pidió que, al salir de la cárcel, cumpla un término de tres años de libertad supervisada.

“El acusado no se topó con este delito por casualidad, sino que se trataba de un plan elaborado que requería de varios pasos. Tenía varios correos electrónicos y cuentas detrás de los cuales se escondía”, planteó la fiscal. “Incluso, después de que una víctima u otro ciudadano preocupado se comunicara con él y le pidiera que eliminara el contenido, el acusado siguió adelante sin inmutarse”.

Agregó que “cada vez que se cerraba una página por violar los términos de servicio del proveedor, comenzaba de nuevo con una nueva iteración. El acusado demostró un desprecio cruel por la privacidad de sus víctimas y el sufrimiento que estaba causando, y su conducta no ocurrió en un corto período de tiempo. En cambio, este fue un delito a largo plazo que duró años”.

“Las acciones del acusado tienen implicaciones de largo alcance. En nuestra sociedad, ahora es imposible evitar por completo las redes sociales, el correo electrónico y los teléfonos celulares, ya que son esenciales para muchos aspectos de la vida”, afirmó. “Sin embargo, la conducta del acusado hizo que algo tan simple como una notificación de una aplicación de teléfono celular pudiera resultar en un estrés inmenso para quienes su privacidad explotó para obtener ganancias pecuniarias”.