Por considerar que se trató de un abuso de la discreción judicial, los representantes legales de familias que han demandado por servicios inadecuados de Educación Especial solicitaron oficialmente la reconsideración de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain para dar paso a un procedimiento especial para liquidar miles de reclamaciones ligadas al caso Rosa Lydia Vélez.

En una moción presentada este lunes, el abogado Rolando Emmanuelli solicitó al tribunal que revalúe su autorización del proceso propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y dé paso a modificaciones que aseguren una resolución “justa, clara y legalmente sólida”.

“La incorporación de mediación, protocolos estructurados para honorarios legales y procedimientos de notificación más claros no son meras sugerencias, sino medidas necesarias para defender los derechos y las protecciones que el proceso legal está destinado a proporcionar”, establece la moción.

La jueza Swain autorizó, hace dos semanas, la creación de un procedimiento especial para notificar la propuesta para un acuerdo ofrecido por la JSF para poner fin a miles de pleitos radicados ante tribunales estatales. Como parte del pleito de quiebra del gobierno central, el ente fiscal presentó, en noviembre, una moción que detalla que se hará una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado al litigio de Educación Especial.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por Swain, lo que representa $5,100. Ese porcentaje, no obstante, también podría cambiar a medida que se atienden los reclamos de deuda no asegurada que el gobierno tiene ante sí, alerta la notificación.

La JSF no solicitó aprobación de la jueza sobre el monto de la liquidación.

La orden de la jueza Swain fue emitida “sin considerar completamente las preocupaciones clave sobre el debido proceso, las deficiencias procesales y las objeciones sustanciales planteadas por los demandantes”, argumentó Emmanuelli. Desde que se presentó la moción inicial el año pasado, representantes legales de las familias litigantes han destacado que hay ambigüedad en el proceso de notificación, que no se define concretamente el concepto de “familia” para efectos del acuerdo económico y que no se protegen los derechos de los reclamantes, elementos que están contenidos, nuevamente, en la moción de reconsideración.

Asimismo, se establece que el acuerdo propuesto por la JSF dispone el pago directamente a las familias, sin dejar espacio para una discusión sobre el pago de honorarios de abogados que, en algunos casos, llevan años trabajando en múltiples de las demandas.

“Considere a un abogado que ha representado a una familia a lo largo de años de litigios complejos bajo un acuerdo de honorarios de contingencia. Según los procedimientos de acuerdo propuestos, si los fondos del acuerdo se pagan directamente a los demandantes, el abogado no tendría un mecanismo para asegurar el pago de los honorarios legales. El abogado podría necesitar emprender litigios contra su propio cliente para recuperar los honorarios, lo que dañaría la relación abogado-cliente y generaría conflictos éticos y legales”, argumenta.

“La reconsideración es apropiada porque el Tribunal no abordó adecuadamente los hechos de las deficiencias procesales sustanciales que violan el debido proceso, crean ambigüedad y aumentan la probabilidad de disputas legales entre los demandantes. Esto constituye un error en la consideración de los hechos, que hace que la orden sea arbitraria e irrazonable. Revisar esta orden es fundamental para corregir estos errores, mantener la equidad procesal y prevenir injusticia manifiesta para todas las partes involucradas”, sostiene la moción.

En enero, los abogados de los litigantes solicitaron a la jueza Swain que remitiera la controversia a mediación, en particular para discutir el monto que se estaría ofreciendo a las familias.

Al solicitar la reconsideración, el abogado manifestó que, en este momento, la mediación es crucial, ya que el gobierno de Puerto Rico está evaluando una propuesta alterna para este caso y destacó que la gobernadora Jenniffer González está dispuesta a reunirse con el Comité Timón del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación para discutirla.

Por su parte, en declaraciones escritas emitidas el año pasado y reiteradas este mes, la JSF argumentó “que llegar a un acuerdo, en este momento, es lo mejor para las familias, pues las exime de probar su reclamo de décadas de antigüedad en el tribunal y da fin a su espera de 40 años por obtener una compensación”.

La JSF ha detallado que hay unas 6,500 reclamaciones radicadas, previo al 2017, en cortes estatales a través de la fase de daños del caso Rosa Lydia Vélez, y estas serían las familias que recibirían la notificación sobre el acuerdo mediante el procedimiento especial. Las reclamaciones han estado paralizadas en los tribunales desde 2017, cuando se radicó el caso por la quiebra del gobierno central amparado en el Título III de la ley Promesa.

Los abogados de los litigantes, por su parte, estiman a los involucrados en más de 16,000 individuos.

Según lo propuesto por la JSF, los reclamantes que han sido identificados recibirán por correo regular y electrónico una notificación con los detalles del acuerdo, en inglés y español. Hay familias que ya han recibido esto, de acuerdo con denuncias realizadas en los pasados meses por abogados y familias afectadas.

Asimismo, se publicarían edictos en prensa escrita y anuncios radiales.

La notificación incluye detalles sobre cómo responder a la oferta y los pasos que deben seguir para aceptarla o rechazarla, así como cuánto tiempo tienen para hacerlo.