La denuncia de filtración de documentos confidenciales en el pleito corporativo incoado por Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) sacó a la luz una transferencia bancaria de $118 millones que supuestamente se realizó sin consultar a su esposa, Mireddys González.

En una moción radicada el viernes, la defensa del artista solicitó al juez superior Anthony Cuevas, del Tribunal de San Juan, que emitiera una orden para evitar la filtración de documentos confidenciales que, a su entender, buscan “hacer daño” a su cliente.

Los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel defendieron, además, recientes movimientos bancarios realizados por Ayala Rodríguez buscando un “banco que ofreciera mejores intereses y protección” para las entidades.

El documento no indicó cuánto dinero había en las mencionadas cuentas que fueron consolidadas en una sola en Oriental Bank. Sin embargo, el misterio fue revelado horas más tarde en una moción radicada por la defensa de González.

En la moción de cuatro páginas, los licenciados Roberto Alonso Santiago Rúa y Mariel Colón Miró acusaron al artista de música urbana de ocultar que el 10 de enero acudió a First Bank y retiró $118 millones sin informarlo a su esposa.

González es codueña de la mitad de las acciones y los activos de las corporaciones en controversia, entiéndase, El Cartel Records, Inc., y Los Cangris Inc., según argumentaron sus abogados en el documento en poder de El Nuevo Día.

“También obtuvo el historial de depósitos y gastos de dichas cuentas”, añadió la defensa.

En la moción, la defensa indicó que se sorprendieron al enterarse de que, los $46 millones que la otra parte le imputa a sus representadas -Mireddys y Ayeicha González- que desaparecieron, están despositados en la cuenta de donde se retiraron los $118 millones.

Santiago Rúa y Colón Miró expusieron que la sentencia final emitida el 26 de diciembre detalló “claramente” las condiciones en las que el demandante manejaría los asuntos económicos de las cuentas.

“No entendemos como la otra parte alega que dicha sentencia se prestaba para excepciones a su entero capricho”, sostuvo la moción al acusar al artista de incurrir en una violación a la sentencia.

Según la sentencia, analizada por este medio, $75 millones disponibles en las cuentas de las entidades deben mantenerse intocables por un periodo de 30 días.

Mientras, el resto del dinero se debe mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transación que sea mayor de $100,000 debe contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse el desembolso.

“(Los abogados de la parte demandante) ocultaron, omitieron o desviaron información de que el demandante ya tenía el control de los dineros en cuentas bancarias y de la administración corporativa”, enfatizaron Santiago Rúa y Colón Miró en la moción.

Mientras, en cuanto a la presunta filtración de documentos confidenciales, Cuevas Ramos emitió, en la tarde del viernes, una orden donde solicitó que se precisen los mismos.

“Agradeceremos mayor precisión en su escrito. La generalidad con la que cataloga los documentos que supuestamente han sido compartidos a través de los medios no nos permite atender el asunto con certeza y emitir la correspondiente (orden) clara y específica”, mencionó Cuevas Ramos.

De igual manera, en cuanto a la petición del licenciado Jean Paul Vissepó Garriga, representante legal de las corporaciones, quien también solicitó detener la filtración de documentos, Cuevas Ramos emitió una orden similar para que sea más específico.

“Su escrito no nos permite adivinar cuál es la información discutida en cámara y que ha sido divulgada a través de los medios. Le recuerdo que durante la reunión en cámara no se compartieron documentos ni información de naturaleza sensitiva o confidencial. El diálogo que sostuvimos con los abogados se limitó a encontrar el mecanismo más ágil, seguro y confidencial, para corroborar información u obtener documentos”, enfatizó el juez.

Mientras, las hermanas González negaron, mediante sus abogados, que estén detrás de la filtración de documentos que incluyó un testamento antiguo suscrito entre el matrimonio que, según la defensa del artista, fue un “intento de dañar a uno de los hijos en común”.

Ayala Rodríguez y su esposa, quienes se encuentran en un proceso de divorcio, tienen dos hijos en común, Jesaaelys Ayala González y Jeremy Ayala González.

“Nos vemos obligados a aclarar que esta información es completamente falsa y difamatoria, con la única intención de inducir a error al tribunal y producir órdenes y resoluciones que no se ajustan a la verdad ni a los hechos de este caso”, argumentó la defensa de las demandadas.

Asimismo, enfatizaron que es importante que no se use el privilegio de firmar documentos judiciales que resulten publicados en los medios “para hacer imputaciones falsas, injuriosas o calumniosas contra ninguna de las partes ni fomentar la animosidad”.

“Reiteramos nuestra disposición a sentarnos para buscar una alternativa de diplomacia procesal y judicial que ponga fin a las controversias entre las partes para el mejor bienestar de su familia, persona, reputación y prestigio”, añadieron.

Infirieron, además, que las demandadas se estaban enterando por la prensa sobre los movimientos recientes en el caso.

“A las partes demandadas tampoco les interesa enterarse mediante la prensa y las redes sociales sobre las acciones del demandante al administrar las corporaciones y el dinero de estas. Lo correcto sería que las decisiones corporativas que se tomen sean notificadas a la parte demandada mediante los mecanismos corporativos de rigor”, concluyeron.

Sin embargo, ante la moción que presentaron las demandadas, la defensa del artista radicó otra moción este sábado para responder a los planteamientos.

“El tribunal no es foro mediático ni televisivo. Lo pertinente y fundamental en un tribunal de justicia es el derecho y la verdad. El espectáculo tiene foro aparte para su ejecución. Precisamente, exponer la verdad y procurar la justicia es obrar en observación y tutela de la ley de y de los Cánones de Ética profesional y no como mal entiende la parte demandada”, dijeron.

En el documento de tres páginas, añadieron que, “tal vez porque la distinguida y novel representación jurídica de la parte demandada no participó de los procesos de este caso desde sus inicios, no está al tanto” de las negociaciones.

“Esta parte en presencia de las y los entonces abogados de la parte demandada, y en presencia del honorable juez, expresamente indicó que aunque no se harían retiros personales ni desembolsos más allá de los ordinarios y hasta la cantidad acordada, sí buscaría dentro de las cuentas bancarias existentes mejores rendimientos en beneficio de las partes”, expuso la defensa de Ayala Rodríguez.

Esto incluía la posibilidad, incluso, de considerar dentro de las instituciones bancarias actuales invertir en certificados de depósitos en donde el rendimiento por intereses fuese mucho más elevado que en la cuenta corriente. “Todo ello se discutió”, insistieron.

En esa línea, mencionaron que, el demandante, según adelantó, consolidó en una sola cuenta bancaria los recursos corporativos de cada entidad que “estaban dispersos y mal invertidos”.

“Con esta consolidación las corporaciones tendrán mayores rendimientos, lo que beneficia a las partes, sin ningún tipo de riesgo o exposición mayor. Una vez esclarecida la verdad del humo de la sinrazón y aclarado el récord, procede proteger la integridad de los procesos judiciales sin recreaciones ni desorientaciones mediáticas en reto desafortunado a la realidad fáctica”, plantearon los abogados.