El pleito legal entre el cantante de música urbana Daddy Yankee, cuyo nombre de pila es Ramón Luis Ayala Rodríguez, y su esposa, la empresaria Mireddys González, continúa este domingo, cuando se espera que, tras una nueva orden emitida el sábado por el juez superior Anthony Cuevas Ramos, Mireddys y su hermana, Ayeicha, entreguen los accesos a las cuentas electrónicas de las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

---

Read this article in English.

---

Aquí un vistazo a lo que aconteció en el caso durante el fin de semana:

El pasado viernes, 27 de diciembre, el equipo legal de Ayala Rodríguez, compuesto por Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, radicó una moción urgente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar desacato, luego de que, tanto González como su hermana, no comparecieran a la primera reunión que se determinó como parte del acuerdo alcanzado en corte el pasado 19 de diciembre.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeicha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, indica la moción de ocho páginas.

Asimismo, se alegó que “tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondió a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”.

La representación del artista destacó en el documento, analizado por El Nuevo Día, las múltiples gestiones infructuosas que realizaron para tener acceso a los datos sobre las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.

“Como resultado de la desatención a lo acordado y a lo instruido por el Tribunal, las demandadas y sus representantes fallaron intencionalmente en colocar a Ayala Rodríguez en posición de asumir el control cierto y responsable de los asuntos, cuentas, activos y registros de las corporaciones y, por consiguiente, de su carrera artística”, agregó el equipo legal.

La defensa alegó que Ayala Rodríguez “continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco”.

Por su parte, en una moción de respuesta, la representación legal de las hermanas González, compuesta por los abogados Pilar Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, alegó que aunque las empresarias no estaban presentes físicamente, sí “estaban disponibles vía telefónica”.

“Durante el transcurso de la reunión se entregó a los abogados de la parte demandante los libros y sellos corporativos al igual que varios otros documentos y accesos. Las partes aquí comparecientes continúan buscando información adicional que fue solicitada por la representación legal del demandante, la cual no estaba inmediatamente disponible para entregarse”, dijeron.

Además, mencionaron que, al comenzar la reunión, se hizo patente la confusión “entre la percepción del demandante y su representación legal en cuanto a qué se iba a entregar en la mañana de hoy, ya que las partes aquí comparecientes entendían que la minuta especificaba el que se entregarían los libros corporativos y que se estaría trabajando el proceso de transición, en particular la manera de salvaguardar los $75,000,000.00 que el tribunal ordenó mantener intocables y el límite impuesto por el tribunal de que cualquier transacción mayor de $100,000.00 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacer el desembolso”.

De acuerdo con el documento, las partes codemandadas habían entregado información previa a la compañía Driven contratada por la defensa del artista y “se nos indicó que la misma estaba incompleta, pero no se nos entregó un listado de los documentos que entendían faltaban”.

El equipo legal de las hermanas González reveló que, durante la reunión, se informó a los abogados que el artista, el 23 de diciembre de 2024 a las 6:12 p.m., mediante correo electrónico directamente a Ayeicha González, solicitó que le adelantara preliminarmente una información “la cual entendemos era vaga y genérica; la misma nunca fue enviada a los abogados suscribientes”.

De igual manera, el equipo legal indicó que se entregó la resolución corporativa de ambas corporaciones designando a Ayala Rodríguez como presidente de las mismas y las demandadas cesaron “sus posiciones como oficiales de las corporaciones”.

Uno de los abogados de Ayala Rodríguez, Carlos Díaz Olivo, argumentó que no basta que se dé acceso electrónico para acceder a algunas cuentas, sino que se le entregue todo lo referente a las corporaciones, incluyendo a la contabilidad de las entidades, lo que, indicó, no había ocurrido hasta el viernes. “Necesitamos que se nos entregue todo”, precisó en la audiencia.

En una nueva ronda de mociones, culminada en la noche del sábado, el juez Cuevas Ramos determinó conceder a Mireddys y a su hermana Ayeicha mover la fecha límite para hoy, domingo, hasta a las 4:00 p.m. para entregar los accesos a las cuentas electrónicas de ambas corporaciones.

La orden de Cuevas Ramos fue en respuesta a una moción radicada en la noche del sábado por el equipo legal de Ayala Rodríguez para que se le permitiera a las hermanas hasta el domingo para cumplir con una orden anterior de Cuevas Ramos en cuanto a la entrega de los accesos.

Precisamente, la moción del equipo legal de Ayala Rodríguez fue en respuesta a la moción radicada, en la tarde del sábado, por los abogados de las hermanas, en la que solicitaron a Cuevas Ramos que emitiera una orden permitiendo la entrega del dispositivo electrónico en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan puesto que, presuntamente, no lograron comunicarse con el equipo legal del artista el sábado.

En la moción de los abogados de Ayala Rodríguez, cuya copia fue suministrada a El Nuevo Día por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), los letrados indicaron que Colberg Birriel organizó una teleconferencia en la que participaron Torres Colberg, Díaz Olivo, Pérez Rojas y Torres Rivera.

“En la conferencia telefónica los abogados de las demandadas insistían en entregar un dispositivo el cual no satisface lo que se discutió ante el honorable tribunal y que este ordenó expresamente. Lo que se ofreció no permite acceder de inmediato a la administración de los distintos portales electrónicos y sus respectivas contraseñas, pues para ello es necesario la participación del administrador saliente y del nuevo administrador autorizado”, resaltaron los abogados de Ayala Rodríguez en la moción.

“A fin de brindar una oportunidad adicional a la parte demandada para satisfacer lo que se le instruyó, y en un acto de la mejor buena fe, solicitamos al honorable tribunal que conceda un plazo hasta las 4:00 p.m. de mañana domingo, 29 de diciembre de 2024, para constatar el cumplimiento por parte de las demandadas de la directriz impartida por el tribunal”, añadió el equipo legal.

Aunque más temprano en el día el juez Cuevas Ramos suscribió una orden en la que advirtió a las hermanas que podrían incurrir en desacato y, posiblemente, ser arrestadas, si no entregaban la información en o antes de las 8:00 p.m. del sábado, luego, en última instancia, emitió la orden en la que concedió el nuevo plazo solicitado por los abogados de Ayala Rodríguez y dejó en suspenso la orden de arresto por desacato civil.

Aunque en la vista judicial del 19 de diciembre las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo, fue el jueves, 26 de diciembre, cuando el juez emitió la sentencia escrita, de dos páginas, en la cual se detallaba el acuerdo alcanzado.

La controversia surgió a semanas de que el famoso matrimonio anunciara que estaba en proceso de divorcio y luego de que un abogado del artista revelara unas fallidas transferencias por $100 millones, que se dividían en $80 millones de las cuentas de El Cartel Records, y $20 millones de una de las cuentas de Los Cangris.

Aquí explicamos algunos de los puntos incluidos en la sentencia: