Una demanda radicada este martes solicitó al Tribunal Superior de Aguadilla la paralización de la construcción del paseo de ciclismo cerca de la playa en Rincón.

El recurso legal fue presentado por los abogados Gabriel Olivieri Miranda y Juan Carlos Toro en representación de diez ciudadanos y la organización sin fines de lucro Amigos de Tres Palmas.

Los demandados son la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) y el Municipio de Rincón.

La demanda, copia de la actual obtuvo El Nuevo Día, señala “varias irregularidades” con relación al permiso único para la construcción de la “Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón”, desde la carretera PR-4413 hasta Balneario de Rincón.

“Entre las irregularidades identificadas se encuentran la utilización de un plano de deslinde certificado vencido, el cual presenta datos del 2006”, apunta el documento.

Agregó que “la Autoridad de Carreteras y Transportación no tiene autorización para el aprovechamiento de bienes de dominio público, el cual es necesario para llevar a cabo cualquier obra en la zona marítimo terrestre”.

La demanda resaltó, además, que “para la concesión de un permiso o autorización válido y conforme a derecho, es estrictamente necesario que se efectúe un deslinde actualizado, pues es necesario determinar hasta dónde llega la zona de bienes de dominio público”.

“Parte de los terrenos donde la Autoridad de Carreteras propone realizar el proyecto son parte de la zona marítimo terrestre, la cual es un bien de dominio público perteneciente al Pueblo de Puerto Rico”, recalcó la demanda, citando violaciones a la Ley de Puertos “al incluir estructuras en la zona marítimo terrestre y en la Franja de Vigilancia Litoral sin las debidas autorizaciones”.

El alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, ha insistido en que el proyecto cuenta con todos los requisitos para permiso único vigente, y por el cual se ha movilizado a oficiales de la Policía para velar que no se interrumpan las labores.

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Por su parte, Olivieri explicó a El Nuevo Día que el proyecto comenzó a planificarse en los años 90.

“Pero ellos necesitan un deslinde (marítimo terrestre) actualizado por agrimensores del DRNA, para trazar la línea que separa los bienes de dominio público de la propiedad privada”, apuntó el abogado. “Si vas allí, no hay nada que lo diga, no hay una medida exacta, porque el cambio climático y la erosión costera ha ido cambiando la costa año tras año”.

Añadió que “desde el 2007 el DRNA no ha hecho un deslinde y, en el caso de Rincón, la costa cambió muchísimo después del huracán María”.

“Eso fue lo que pasó con la controversia del condominio Sol y Playa, donde decían que tenían un permiso válido, pero era con información falsa. Prevalecimos porque no había deslinde en el lugar donde fueron arrestados los manifestantes en el área de la playa”, recordó.

“En este caso, parte de la ciclovía cae sobre la zona marítimo terrestre. Ellos están usando datos de 18 años y los deslindes vencen cada cinco años”, abundó. “Ahora le estamos diciendo al tribunal que ese permiso de la Autoridad de Carreteras está basado en un deslinde vencido, así que no se podía dar un permiso de esa manera. Tenían que hacer un deslinde en el 2024 para entonces evaluar el proyecto”.

Olivieri resaltó que construir ese proyecto en el 2025 con información de hace casi dos décadas en Rincón, donde varios edificios ya han caído al mar por la erosión costera, resultará en situaciones similares a la de un paseo en Isabela y el Paseo de Puerta de Tierra en San Juan, que se han destruido parcialmente.

“Si se hace un deslinde nuevo, verán que hay que construirlo más adentro, y que hay que alejarlo del mar. De lo contrario, van a meter muros dentro del agua... va a ser una construcción mal hecha y el mar lo va a destruir”, acotó.

Además del interdicto preliminar y permanente, la demanda solicitó que se ordene la paralización de las obras, se revoque el permiso único, la demolición y remoción de cualquier construcción completada y “la devolución de las áreas afectas a su estado natural, previo al inicio de las obras de deforestación y/o construcción”.