Las autoridades formularán cargos mañana, miércoles, contra el sospechoso de perpetrar el feminicidio de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, ocurrido el 24 de junio en una residencia en el sector Quebrada Arenas, del barrio Río Cañas, en Caguas.

La portavoz de la Policía, Jessica Pérez, confirmó a El Nuevo Día que la formulación de cargos contra Carlos Manuel Estefano Pino ocurrirá durante horas de la mañana en el Tribunal de Caguas. De momento, se desconoce cuántos cargos se presentarán en su contra.

Para comparecer a la vista de causa probable para arresto (Regla 6), Estefano Pino deberá ser excarcelado de la institución penal donde se encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y trasladado al tribunal.

El caso contra Estefano Pino -quien fue convicto por un feminicidio y otros delitos en 1990, y desde el 2018 estaba en la libre comunidad al cumplir con los requisitos de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP)- está a cargo de la Fiscalía de Caguas.

Precisamente, la fiscal de distrito de Caguas, Arlene Gardón Rivera, indicó el 31 de agosto, mediante declaraciones escritas, que el Ministerio Público completó múltiples diligencias investigativas junto a la Policía y que estaba evaluando la evidencia recopilada.

“Ya recibimos la mayoría de los resultados de los análisis encomendados, y nos encontramos examinando minuciosamente la totalidad de la prueba recopilada, como parte de nuestra responsabilidad de realizar una evaluación completa y fundamentada antes de determinar las acciones que correspondan en derecho”, expresó Gardón Rivera en dicho comunicado.

Este caso dio un giro inesperado la tarde del 5 de julio, cuando la Policía emitió un informe actualizado donde confirmaba que reclasificó el caso de Torres Castro como un asesinato, luego que la patóloga Paola Luna García, del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), certificara que la muerte fue de forma violenta. En un inicio, la Policía había notificado a los medios que no había signos de violencia en la víctima.

El asesinato de la enfermera se reportó a las 9:27 p.m. del 24 de junio, en una residencia en el kilómetro 27.4 de la carretera PR-1, en el barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas, en Caguas.

Según el informe policíaco, “una llamada alertó a la Policía sobre una mujer la cual no había podido ser contactada por sus familiares y, al llegar los uniformados a su residencia, la misma fue localizada sin vida en el interior”.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Uniformada identificó como sospechoso a Estefano Pino, de 67 años, quien fue arrestado en los alrededores de Puerto Rico Premium Outlets, en Barceloneta, por oficiales del DCR, tras una orden emitida por la JLBP al incumplir con sus condiciones y enterarse que era sospechoso del asesinato de la enfermera.

El 6 de julio, en su primera vista frente a la JLBP para revocarle el privilegio, Estefano Pino hizo unas confesiones en las que dijo que estuvo con la víctima la noche del asesinato y que había consumido alcohol y discutido. El interrogatorio de la JLBP abordó las circunstancias relacionadas con la investigación criminal por el feminicidio de Torres Castro, a quien el hombre identificó como su supuesta pareja.

“El recurrente continuó ofreciendo un relato detallado de los acontecimientos de la noche del 23 de junio, incluyendo la ingestión de bebidas alcohólicas, una discusión con su pareja y un altercado físico entre ambos”, establece el documento, al cual El Nuevo Día tuvo acceso.

Estefano Pino cumplía una sentencia de 167 años por asesinato, violación, sodomía y robo, cuando fue liberado, en 2018, por la JLBP, antes que entrara en vigor la Ley 85, que acortó los términos para que dicho organismo tuviera jurisdicción de evaluar solicitudes de confinados para salir de prisión.

El sospechoso acudió a su vista final frente a la JLBP el 18 de agosto y se expone a perder el privilegio por incumplir con seis condiciones. Estos procedimientos se han mantenido confidenciales por petición de Justicia.

“Con la prueba que desfiló y lo que consta del expediente, ya estamos preparados para resolver la controversia, que es si procede la revocación por la violación de las condiciones y no por la comisión de un nuevo delito. Eso le corresponde al tribunal”, dijo, entonces, el presidente de la JLBP, Samuel Silva Rosas.