El productor Rafael “Raphy” Pina Nieves, propietario de la firma World Music Latino, radicó este viernes una moción ante el Tribunal de Carolina para que se le permita intervenir en el pleito que lleva Daddy Yankee en contra de su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente.

En la moción se alega que la demanda contiene “imputaciones muy serias” en contra de World Music Latino y de Pina Nieves, “involucrándolos en una presunta pérdida de millones a la parte demandante” e inclusive “en la posible violación de reglamentos penitenciarios o condiciones de libertad provisional”.

Por ende, el documento legal, sometido por los licenciados José A. Hernández Mayoral y Patricia Rivera McMurray, representantes legales de World Music Latino y Pina Nieves, respectivamente, busca confrontar las alegaciones que hizo Daddy Yankee en la demanda en la que reclama $250 millones.

A esos fines, el equipo legal del productor musical enfatizó que, desde que ocurrió la “ruptura matrimonial”, Ramón Ayala Rodríguez dejó a un lado su “agradecimiento” y comenzó a hacer “imputaciones falsas”, a través de escritos al tribunal, en cuanto a Pina Nieves y la mencionada compañía.

En la moción se señaló que, el tribunal debe permitirle a Pina Nieves demostrar la “falsedad” de las alegaciones que se hicieron en su contra, con “malicia” y a sabiendas del impacto que podían generar, y que se debe responsabilizar a Daddy Yankee “por el daño ocasionado a la parte interventora”.

Empero, los abogados de Daddy Yankee radicaron una moción en la que solicitaron tiempo adicional para responder a la solicitud de intervención que hizo Pina Nieves. Sin embargo, infieren que el productor está aprovechando y utilizando para sus propios fines la cobertura mediática que ha recibido el caso.

Los licenciados Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, representantes legales de Daddy Yankee, pidieron más tiempo amparándose en que las hermanas González Castellanos aún no han contestado la demanda que radicó el intérprete de “Gasolina” y “Dura”.

“Muy respetuosamente consideramos que en la medida en que la parte demandada no ha comparecido y no ha tenido la oportunidad de presentar su alegación reponsiva, las protecciones del debido proceso de ley, la prudencia y el respeto al desarrollo ordenado de los procesos judiciales, aconsejan esperar hasta que ello ocurra”, indicaron los abogados de “El Cangri”.

Una vez esto ocurra, según los licenciados, entonces será “propicio”, con conocimiento pleno de las alegaciones de las partes, “entrar responsablemente a considerar y disponer de la solicitud presentada por los clientes de los licenciados Hernández Mayoral y Rivera McMurray, o de cualquier otra persona ”interesada en participar en el pleito, para aprovechar y utilizar para sus propios fines la cobertura mediática”.

El equipo legal de Pina Nieves señaló que hay varias controversias que el tribunal debe atender, siendo la primera la alegación referente a un supuesto préstamo de $1 millón a World Music Latino, que “está alegadamente descubierto” y presuntamente no ha sido pagado en su totalidad.

La otra controversia que debe atender el foro judicial, según los abogados, es si la demandada y exesposa de Daddy Yankee “violó sus deberes de fiducia al autorizar, según se alega, al interventor Rafael Pina a representar a la parte demandante en la venta del catálogo de composiciones y grabaciones”.

Además, consideran que se debe atender si Pina y/o su entidad cobraron comisiones por la gira “La Última vuelta” estando en la cárcel, “sin proveer datos sobre la contabilidad, contratos, cuadre, desglose de pagos”, y si “se pagó a sí misma $27 millones de fondos generados por la gira adicionales a la comisión”.

“Todas esas imputaciones se dilucidarían entre una parte demandante y una parte demandada litigando entre sí tras una agria ruptura matrimonial, sin tener la parte interventora la oportunidad de probar que todo lo que se alega en cuanto a ello es falso”, mencionaron los abogados en el documento.

En ese contexto, añadieron que sus representados tampoco tienen la oportunidad, al momento, de llevar a cabo un descubrimiento de prueba, presentar evidencia a su favor y a confrontar testigos en el pleito que ha tenido una “publicidad excesiva”, que “le hace daño” a Pina Nieves y a los negocios de World Music Latino.

De acuerdo al equipo legal del productor musical, en este caso se cumplen todas las razones para que se autorice una intervención.

“La intervención y la demanda tienen “en común una cuestión de hecho o de derecho”, como requiere la Regla 21.2. La intervención está dirigida exclusivamente a lo que se alega en los párrafos citados arriba. No se presentan otros asuntos. Por tanto, trata sobre los mismos hechos alegados en la demanda", agrega la moción en poder de El Nuevo Día.

De igual modo, los licenciados indicaron que hay un interés que amerita protección y que quedaría afectado por la ausencia del interventor en el caso.

“No requiere argumentación el que en un pleito de la atención mediática que genera este, el tipo de alegaciones que se han citado arriba sobre personas que no están en el pleito afectan la reputación y los negocios de la parte que solicita intervención”, plantearon los licenciados.

“Se está alegando que no pagó un préstamo de $1,000,000, que fue negligente en la venta de un catálogo causando pérdidas millonarias, que cobró comisiones desde la cárcel, que se pagó a sí mismo $27 millones. Hay, por tanto, claramente un interés que amerita protección. Sin la presencia de la parte interventora en el pleito, dicho interés quedaría afectado”, dijeron.

Sobre la venta del catálogo musical y las alegaciones de que fue un acto negligente que ha ocasionado pérdidas millonarias, los abogados señalaron que, “al no estar en el pleito, la parte interventora no tendría la oportunidad de presentar evidencia, peritos, testimonios, no podría confrontar al demandante en deposición y en el Tribunal, para derrotar esa alegación que afecta su reputación y su negocio”.

“De igual manera, en la demanda se alega que la gira La Última Vuelta se llevó a cabo mientras el interventor Pina se encontraba en la cárcel. Ahí hay una imputación velada de que el señor Pina pudiese haber estado violando las reglas de su confinamiento, o en la alternativa, de que cobró comisiones por trabajo que no pudo haber hecho, todo eso sin reconocer que el personal de la compañía del señor Pina, la interventora World Music Latino, era quien se hacía cargo de la gira y quien cobró la comisión pactada”, sostuvieron.

En esa línea, los licenciados mencionaron que, “sin la parte interventora en el pleito, esas imputaciones muy serias que se hacen sobre esa parte, se dilucidarían sin esta poder participar en el descubrimiento de prueba, presentar prueba, interrogar testigos”.

A esos fines, plantearon que la intervención también cumple con el interés en la economía procesal, y que, de ningún modo, dilatará indebidamente o perjudicará lo que corresponde a la adjudicación de los derechos de las partes originales en el pleito, en referencia a Daddy Yankee, sus corporaciones y las hermanas González.

“Al contrario, dado que la demanda hace alegaciones directas sobre la participación de la parte interventora en diversos asuntos, la presencia de la parte interventora como parte en el pleito lejos de perjudicar, facilita el descubrimiento de prueba y la adjudicación de los derechos de las partes originales”, dijeron.

“Además, se puede anticipar que en ausencia de la intervención surgirían pleitos adicionales por o en contra de la parte interventora. La intervención, por tanto, promueve la solución en un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí”, puntualizaron los licenciados.

La demanda de Daddy Yankee, radicada el 4 de marzo, dice que la exesposa del artista, aprovechando su posición en la corporación, autorizó a Pina para que representara a la parte demandante en la venta del catálogo.

“Al señor Pina le confirió, lo que aparenta ser, poder absoluto sobre la transacción e, incluso, que fuera él la persona a quien habría de notificarse cualquier asunto relacionado al contrato. Esto a pesar de que el señor Pina fue encausado criminalmente en un proceso ante el Tribunal Federal, situación en extremo compleja y sensitiva, que plantea objetivos distintos a los del demandante y las corporaciones”, dice.

“La codemandada Mireddys González, en absurda abdicación de toda injerencia sobre lo relacionado a la venta del catálogo que hiciera al señor Pina, no se ocupó – como dicta la prudencia y la buena práctica comercial - en contratar y procurar para las empresas representación legal independiente a la del señor Pina, para evaluar responsable y objetivamente los detalles de la transacción", precisa la demanda.

El documento dispone que, “como cuestión de hecho, el señor Pina delegó en su abogado, el licenciado Juan Maldonado, quien como puede tomarse conocimiento judicial, enfrentó procesos investigativos y de carácter penal durante el mismo periodo e, incluso, fue desaforado”.

De igual manera, se señaló que las demandadas informaron bajo juramento que la gira “Última vuelta” la manejó World Music Entertainment, entidad perteneciente a Pina.

“Indicaron que entregaron a la parte demandante lo que, alegadamente, este les entregó la noche antes de la última vista en el proceso judicial previo entre las partes relacionado a la acción interdictal. Lo representado por las hermanas González no se ajusta a la verdad. Pues, el trámite relacionado a esta gira se hacía en conjunto entre las demandadas González Castellanos y el señor Rafael (Raphy) Pina y sus agentes o empleados”, destaca el documento.

El periodo de tiempo durante el cual la gira se desarrolló, según la demanda, coincide con el término en que Pina estaba ingresado en una institución penal federal.

“De los documentos que proveyeron las demandadas, no surge la contabilidad, contratos, el cuadre, el desglose de pagos ni auspicios relacionados a esta gira. Tampoco constan los recibos que acrediten las cantidades que retuvo el Sr. Pina, para pagar a la entidad de Daddy Yankee a través de las demandadas. Tales partidas representan ingresos multimillonarios. Ante la falta de documentación pertinente para verificar y constatar lo que se hizo, recibió y desembolsó correctamente, producto de esta omisión de la imprudente gestión administrativa de las demandadas, todo apunta a que los importes se retuvieron directamente por el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME entre 2022-2023 o por alguna otra persona y, por consiguiente, los demandantes no lo recibieron”, dice.

Según la demanda, las demandadas presuntamente autorizaron a Pina a pagarse prácticamente “a sí mismos la cantidad de $27 millones por alegados gastos incurridos, sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria por los gastos supuestamente incurridos en la gira”.

“Las codemandadas también autorizaron a que el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME - mientras se encontraba recluido en la penitenciaria federal, cobrara una comisión de 30% de lo ingresado en la gira de la “Última vuelta”, a pesar de que éste, por razones obvias, no participó de la gira ni tampoco consta ni se evidenció que lo hiciera personal de su oficina", menciona la demanda.

En concreto, el documento dice que las demandadas incurrieron en “daños severos” por manejar inadecuadamente los asuntos relacionados a las corporaciones.

“La campaña difamatoria desarrollada por las demandas también ha afectado el ánimo y la tranquilidad personal de Ayala Rodríguez. El desengaño y frustración de ser traicionado de esta manera por quienes configuraban su familia inmediata y son madre y tía de su hijo e hija, ha ocasionado al demandante severas angustias, malestar y preocupaciones severas”, agrega la demanda.

De igual forma, el documento dice que “ante las falsedades, las narrativas distorsionadas promovidas por las demandadas sobre las operaciones de la carrera musical del demandante y de sobre su persona y el rompimiento total que esto también ha ocasionado de los lazos personales que una vez existieron, han hecho manifiesto y evidente la inviabilidad de que el demandante pueda continuar asociado a las codemandadas profesionalmente”.