Aunque no ha decidido si acoge la solicitud de intervención, el juez Ismael Álvarez Burgos, del Tribunal de Carolina, emitió dos órdenes autorizando la comparecencia de los abogados del productor Rafael “Raphy” Pina Nieves y de su compañía World Music Latino en el caso del artista Daddy Yankee.

Las órdenes se emitieron tras la solicitud realizada por los licenciados José A. Hernández Mayoral y Patricia Rivera McMurray, representantes legales de World Music Latino y Pina Nieves, que buscan intervenir en el pleito para que sus clientes puedan defenderse de las alegaciones en su contra.

“Sin que se entienda que el Tribunal está adjudicando la solicitud de intervención presentada (por) Rafael Pina Nieves, se autoriza la comparecencia al presente caso”, dice una de las órdenes disponible en el expediente judicial del caso y revisada por El Nuevo Día.

Mientras, Pina Nieves compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram unas declaraciones sobre la decisión de solicitar intervención en la demanda donde Daddy Yankee reclama $250 millones a su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente.

“En los pasados meses, tanto la compañía World Music Latino como el señor Rafael Pina han sido mencionados indirectamente en una disputa legal relacionada a la distribución de bienes gananciales entre terceros”, dicen parte de las declaraciones escritas compartidas.

En ese sentido, las declaraciones continúan estableciendo que, “desde el primer momento, y deseando el bienestar de todos los involucrados, se mantuvo la esperanza de que se pudiera dialogar y alcanzar acuerdos justos que devolvieran la paz y la felicidad a sus corazones”.

“Lamentablemente, el paso del tiempo y ciertas alegaciones públicas han provocado que hoy se tome la decisión de intervenir legalmente en el pleito en cuestión. No por deseo de conflicto, sino porque es la única vía formal que existe para proteger la paz de mi familia, mi nombre y el éxito que compartimos juntos”, se menciona en las declaraciones.

“Esta no es una declaración de guerra, sino un acto para aclarar cualquier duda”, agrega la nota de prensa, que continúa señalando que “es un paso necesario, como empresario y como ser humano, que cree en el respeto, en el valor del trabajo compartido y en la verdad”.

De otro lado, el juez otorgó a la defensa de Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido en la industria de música urbana, 20 días para contestar a la petición que ha realizado Pina Nieves y su compañía.

“Se concede 20 días a la parte demandante, para que exprese posición a la solicitud de intervención presentada por World Music Latino, Corp. y Rafael Pina Nieves”, añade la orden emitida por el juez.

Ayer, los abogados de Daddy Yankee radicaron una moción en la que solicitaron tiempo adicional para responder a la solicitud de intervención que hizo Pina Nieves, pero infieren que el productor está aprovechando y utilizando para sus propios fines la cobertura mediática del caso.

Los licenciados Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, representantes legales de Daddy Yankee, pidieron más tiempo amparándose en que las hermanas González Castellanos aún no han contestado la demanda que radicó el intérprete de “Gasolina” y “Dura”.

“Muy respetuosamente consideramos que en la medida en que la parte demandada no ha comparecido y no ha tenido la oportunidad de presentar su alegación reponsiva, las protecciones del debido proceso de ley, la prudencia y el respeto al desarrollo ordenado de los procesos judiciales, aconsejan esperar hasta que ello ocurra”, indicaron los abogados de “El Cangri”.

Una vez esto ocurra, según los licenciados, entonces será “propicio”, con conocimiento pleno de las alegaciones de las partes, “entrar responsablemente a considerar y disponer de la solicitud presentada por los clientes de los licenciados Hernández Mayoral y Rivera McMurray, o de cualquier otra persona ”interesada en participar en el pleito, para aprovechar y utilizar para sus propios fines la cobertura mediática”.

Hasta las 12:00 p.m., no surgía que las hermanas González Castellanos hubieran contestado la demanda del artista. No obstante, en el expediente del caso se hizo constar que el abogado Roberto Alonso Santiago presentó una moción para asumir la representación legal de las demandadas.

Ayer, viernes, los abogados de Pina Nieves y de su compañía World Music Latino presentaron una moción para entrar en el caso.

En la moción se alega que la demanda de Daddy Yankee contiene “imputaciones muy serias” en contra de World Music Latino y de Pina Nieves, “involucrándolos en una presunta pérdida de millones a la parte demandante” e inclusive “en la posible violación de reglamentos penitenciarios o condiciones de libertad provisional”.

El equipo legal del productor musical enfatizó que, desde que ocurrió la “ruptura matrimonial”, Ramón Ayala Rodríguez dejó a un lado su “agradecimiento” y comenzó a hacer “imputaciones falsas”, a través de escritos al tribunal, en cuanto a Pina Nieves y la mencionada compañía.

El documento establece que, el tribunal debe permitirle a Pina Nieves demostrar la “falsedad” de las alegaciones que se hicieron en su contra, con “malicia” y a sabiendas del impacto que podían generar por la cobertura mediática que ha tenido el pleito. Además, que se debe responsabilizar a Daddy Yankee “por el daño ocasionado a la parte interventora”.

El equipo legal de Pina Nieves señaló que hay varias controversias que el tribunal debe atender, siendo la primera la alegación referente a un supuesto préstamo de $1 millón a World Music Latino, que “está alegadamente descubierto” y presuntamente no ha sido pagado en su totalidad.

La otra controversia que debe atender el foro judicial, según los abogados, es si la demandada y exesposa de Daddy Yankee “violó sus deberes de fiducia al autorizar, según se alega, al interventor Rafael Pina a representar a la parte demandante en la venta del catálogo de composiciones y grabaciones”.

Además, consideran que se debe atender si Pina y/o su entidad cobraron comisiones por la gira “La Última vuelta” estando en la cárcel, “sin proveer datos sobre la contabilidad, contratos, cuadre, desglose de pagos”, y si “se pagó a sí misma $27 millones de fondos generados por la gira adicionales a la comisión”.

“Todas esas imputaciones se dilucidarían entre una parte demandante y una parte demandada litigando entre sí tras una agria ruptura matrimonial, sin tener la parte interventora la oportunidad de probar que todo lo que se alega en cuanto a ello es falso”, mencionaron los abogados en el documento.