El activista de los derechos humanos Pedro Julio Serrano reclamó este jueves, en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan, medidas en la Reforma de la Policía para una mejor protección de los miembros de la comunidad LGBTQ+ en Puerto Rico.

“Todavía estamos siendo sometidos a la violación de nuestros derechos civiles”, sostuvo Serrano, durante una deposición ante el juez federal Francisco Besosa.

Sus expresiones tuvieron lugar durante una vista en la que el monitor federal, John Romero, presentó su más reciente informe de estado de la Reforma, encontrando una mejoría en distintas áreas por parte de la Uniformada.

Destacó que de los 179 párrafos con áreas evaluadas en el periodo de octubre de 2023 a marzo de 2024, Romero encontró un aumento de un 68% a un 88% en calificaciones de “cumplimiento parcial” en comparación con el informe anterior, lo que calificó de un “progreso significativo”.

Sin embargo, en el área de “Igual Protección y No Discrimen”, el monitor federal encontró un “progreso marginal”. Aunque uno de los renglones pasó de no cumplimiento a cumplimiento sustancial, el resto se mantuvo en el 60% de cumplimiento parcial, como en el informe anterior.

Romero apuntó que la Policía “ha logrado un progreso significativo en la entrega de servicios a las comunidades transgénero y transexual, pero destacó que “persisten retos en el adiestramiento relacionado con la interacción con estas comunidades”.

Señaló que al adiestramiento “le falta profundidad y cobertura comprensiva, resaltando que más allá del “conocimiento de las políticas”, es importante “asegurar la participación activa de miembros de la comunidad transgénero y transexual tanto en el desarrollo como en la entrega de los materiales de adiestramiento”.

Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia federal en el caso de la Reforma, Luis Saucedo, destacó la importancia de que el adiestramiento retome la participación de voluntarios de la comunidad LGBTQ+ como actores en la simulación de intervenciones para mejorar la preparación de los oficiales para situaciones reales.

“Al principio de este caso se hacía”, comentó. “Ese trabajo fue un éxito. El problema es como se sostiene”.

En medio de esa discusión fue que el juez Besosa llamó a Serrano para expresarse como miembro de la comunidad y no se limitó a presentar críticas a la Policía, sino también a la forma en que se da la intervención de Justicia federal y el Monitor.

“La respuesta es siempre la misma: hay que esperar a que se cierre cada caso para monitorear cómo actuó la Policía y evaluar el uso o mal uso de sus protocolos. Si bien esta podría ser la forma en que se ha conceptualizado, en términos prácticos es inaceptable”, manifestó Serrano. “Nuestras vidas están en peligro. Necesitamos una oficina del Monitor activa para que podamos efectuar cambios. Necesitamos acciones ahora, no después de que se violen nuestros derechos”.

Destacó que aunque tiene líneas de comunicación abiertas con agencias de ley y orden estatales y federales, “el plan de moverse adelante sigue en la verja”, al no recibir contestaciones sobre propuestas para crear grupos de trabajo, calendarios de reuniones, revisión de protocolos, cómo se clasifican las estadísticas e identidades y cómo se manejan los reportes de crímenes de odio, entre otros.

Reiteró que los miembros de la comunidad LGBTQ+ son revictimizados cuando la Policía no utiliza su identidad adecuadamente o no se prioriza la investigación del ángulo de crimen de odio, mientras que lamentó que múltiples de esos casos no han sido esclarecidos, como el de Alexa, Kevin Fret, Eddie Xavier Morales Rodríguez, Uvita Pérez Ortiz, Luis Ángel Díaz Castro, África Parrilla y Ángel Javier García.

También denunció que en marzo pasado la Policía llevó a cabo dos operativos en los que arrestó a decenas de personas en las playas de Levittown y Ocean Park sin una clara violación de ley.

Indicó que, tras una requisitoria, la Comisión de Derechos Civiles recibió “18 páginas de un operativo establecido por la Policía” que resultó en el arresto “de más de 40 personas”.

“Todos se cayeron porque la jueza encontró que no había caso y que estaban violando los derechos civiles”, expuso Serrano. “Si no han arrestado a parejas heterosexuales por tener relaciones en la playa, ¿por qué están apuntando a los hombres homosexuales y bisexuales nuevamente? Son violaciones de derechos civiles que tiene que atender la Reforma”.

Aseguró que tras comunicarlo al secretario del DSP, Alexis Torres, el funcionario ordenó descontinuar ese tipo de operativo.

Tras recordar que los casos fueron llevados al tribunal tras consultar con la Fiscalía, Torres indicó que impartió instrucciones para “retomar y mirar lo que son los resultados de esas operaciones”.

“Aunque se estaba trabajando sin ningún tipo de persecución o línea, tenemos que evaluar”, apuntó Torres.

Mientras, Serrano se mostró complacido con la designación reciente de Jayson Torres como la persona enlace entre el Departamento de Seguridad Pública con la comunidad LGBTQ+.

Entiende que mejorará la atención de los casos dentro de la Policía, aunque insistió en la propuesta planteada por distintas entidades en el pasado sobre la creación de una entidad civil que lleve a cabo algún tipo evaluación independiente de los adiestramientos, querellas y situaciones que ocurren en la Policía.

Posterior a su exposición, el abogado de Justicia federal por primera vez expresó que la creación de ese organismo civil para la Policía es posible.

Saucedo dijo que al principio no se contempló, pero sostuvo que una junta de supervisión civil “no es inconsistente” con el Acuerdo Federal para la Reforma de la Policía.

“Si el gobierno (de Puerto Rico) lo quiere hacer, le damos la bienvenida”, agregó. “Habría que ver cuáles son los poderes que tendría”, pero aclaró que su agencia no puede imponer un modelo de supervisión posterior a la Reforma y admitió que si ese tipo de organismo ha funcionado en otra jurisdicción, “no todos son perfectos y no todos funcionan igual en todos lados”.

Serrano se mostró satisfecho con que sus expresiones y la manifestación de Saucedo quedaran para el récord del caso.

“Esto quiere decir que los reclamos que estamos haciendo las organizaciones de derechos civiles, tanto los inmigrantes, como comunidad LGBTQ+, las mujeres y los afrodescendientes en este país están teniendo resonancia”, manifestó Serrano

Durante la audiencia, el abogado del gobierno de Puerto Rico, Gabriel Peñagarícano, dijo desconocer los casos a los que hizo referencia Serrano y enfatizó en que no se pueden utilizar señalar que la Policía no está cumpliendo con la Reforma,

“Este caso es sobre cómo prevenir el crimen y la forma de cómo atenderlo se estableció hace años”, sostuvo el abogado. “Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con el acuerdo (de la Reforma) y tenemos que tener cuidado de usar estos ejemplos para enviar el mensaje de que no estamos cumpliendo. Nosotros nos guiamos por los que nos dice el Monitor”.

A su vez, el juez Besosa manifestó también está limitado a velar que la Policía cumpla con lo establecido en los acuerdos y no puede insertarse en la operación del día a día de la agencia.

De su lado, el secretario del DSP mantuvo que los organismos desarrollados dentro de la Reforma proveen las herramientas necesarias para que la Policía pueda alcanzar un funcionamiento respetando los derechos civiles de los ciudadanos.

“Me mantengo firme en los planes de trabajo que tenemos”, dijo Torres. “Está el abogado Saucedo, el comisionado especial (Alejandro del Carmen), el monitor, la Oficina de la Reforma a la que le añadimos recursos y el principal oficial financiero (de la Reforma)”.

“Lo que estamos mirando es cómo el equipo que está continúa avanzando, como al día de hoy, que solamente 19 párrafos, de 62, en los pasados dos años, hemos logrado una mejoría en cada uno de los acuerdos”.

El más reciente informe del Monitor destacó mejorías en los niveles de cumplimiento en las áreas que tienen que ver con el Uso de Fuerza, en el lenguaje usado para las causas probables de allanamiento y arrestos, supervisión, reclutamiento y adiestramientos para intervención de personas en crisis, entre otros.

“Un segundo informe positivo delante del juez Besosa denota la responsabilidad y recursos asignados a lo que es este proceso”, apuntó Torres. “De la misma manera, estamos en comunicación con la Junta Fiscal para identificar los fondos necesarios para la tecnología necesaria”.

Algunas de esas medidas tecnológicas incluirá el monitoreo remoto del transporte de personas arrestadas, la asignación de cámaras corporales a todos los policías y el sistema de documentación de casos, además de la construcción de salones especializados, en cada comandancia, para atender a las víctimas de violencia de género y agresión sexual.