Carlos Soto Rodríguez, de 35 años, imputado de hacer más de 20,000 llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1, se declaró culpable de todos los cargos que pesaban en su contra, confirmó este jueves el Departamento de Justicia.

Soto Rodríguez aceptó cometer los hechos mediante una alegación preacordada con el Ministerio Público.

“Es imperativo que la ciudadanía comprenda que una llamada falsa o con intención de hacer broma puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que tenga una emergencia real”, dijo la designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra Mercado, en comunicado de prensa.

La alegación de culpabilidad surgió a semanas de que el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinara que era procesable bajo la Regla 240, lo que significa que el imputado posee, al momento, la capacidad para entender los procesos judiciales en su contra.

“En el Departamento de Justicia estamos comprometidos con procesar este tipo de delito que tanto afectan las labores del Sistema de Emergencias 9-1-1. Las acciones del imputado son inaceptables, por lo que serán procesadas con todo el peso que la ley impone”, agregó Parra Mercado.

“Reconozco la labor de los fiscales de la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC) y los agentes del Negociado de la Policía que trabajaron incansablemente en el procesamiento de este caso”, concluyó Parra Mercado.

La fiscal Naydik Ramos Montesinos, directora de la UICC, formuló siete cargos contra Soto Rodríguez por violación al Artículo 239 del Código Penal, que establece una pena de tres años de cárcel a quien realice llamadas telefónicas falsas a un sistema de emergencia, el pasado 5 de octubre de 2023.

Según la investigación de las autoridades, durante los meses de enero hasta agosto de este año, Soto Rodríguez realizó miles de llamadas falsas al Sistema de Emergencias 9-1-1, sin reportar una emergencia real. El imputado profirió palabras obscenas y realizó bromas a los telecomunicadores.

La investigación estuvo liderada por las examinadoras forenses de la UICC del Departamento de Justicia, Elyaxid Gueváres e Ignerí Negrón junto al agente Omar Santos González, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas de la Policía.

“Ahora el imputado debe responder por sus acciones ante un juez al utilizar de forma negligente los servicios de llamadas telefónicas que dispone el Sistema de Emergencias 9-1-1″, expresó, por su parte, Ramos Montesinos.

“La UICC cuenta con la tecnología y los mecanismos para identificar a quienes abusan de este servicio arriesgando la vida de los demás. Esperamos que este caso sirva de disuasivo para que los ciudadanos sepan que el mal uso del Sistema de Emergencias 9-1-1 puede tener consecuencias fatales”, concluyó.

La lectura de acusación fue pautada para el próximo 22 de enero.