El exalcalde de Mayagüez José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez se declaró culpable, este miércoles, tras alcanzar un acuerdo con la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), el cual incluyó, entre otras cosas, enmendar los cargos originales que enfrentaba.

La alegación de culpabilidad ocurrió durante una conferencia con antelación al juicio que se celebró ante el juez William Machado Aldarondo, del Tribunal de Mayagüez, quien hace semanas le dio una oportunidad al exalcalde para decidir si continuaba las conversaciones para llegar a un acuerdo.

En declaraciones a El Nuevo Día, la fiscal Leticia Pabón explicó que Rodríguez Rodríguez enfrentaba, inicialmente, cargos por violación a los Artículos 262 (incumplimiento del deber) y 264 (malversación de fondos públicos), tipificados en la Ley 146-2012 del Código Penal.

Empero, con el acuerdo, el exalcalde se declaró culpable por violación al Artículo 263 del Código Penal, que penaliza la negligencia en el cumplimiento del deber de todo funcionario que incumpla con sus obligaciones y ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública.

Además, el exalcalde hizo entrega en sala de un cheque por la cantidad de $12,500, a modo de restitución, tras alcanzar el acuerdo que lo libró de enfrentar el proceso de juicio, en el que la OPFEI había anticipado que tenía todas las pruebas para prevalecer más allá de duda razonable.

“Cada uno de los (dos) cargos acarrea tres años de prisión”, dijo Pabón, quien explicó que, bajo los nuevos cargos, el exalcalde podría calificar para una sentencia de seis años en libertad bajo probatoria, la cual dependerá del contenido del informe presentencia y la decisión final que tome el juez.

Por lo pronto, la vista de sentencia fue pautada para el próximo 20 de mayo a las 10:00 a.m. “(Nos sentimos) satisfechos. En este proceso, ganamos en todas las instancias, desde la determinación de causa para arresto. Hasta el día de hoy, no tuvimos ningún revés”, mencionó Pabón.

A preguntas de este medio, la fiscal explicó que la defensa del exalcalde fue quien hizo el acercamiento para iniciar las conversaciones y alcanzar un acuerdo. “En los casos del FEI, los acercamientos siempre los hace la defensa porque nosotros, ninguno, ofrecemos nada”, aseveró.

“Conversamos en varias ocasiones, se hizo una primera oferta, que no fue aceptada. Hubo varios momentos de negociación hasta que fuera algo aceptable para nosotros, que nosotros pudiéramos, en conciencia, recomendarlo al Panel (del FEI), que tiene la última palabra en todos los acuerdos, pues no lo íbamos a presentar. En eso estuvimos varios meses”, añadió Pabón, en entrevista telefónica con este medio.

En el caso de la exdirectora de finanzas del ayuntamiento, Yahaira M. Valentín Andrade, no se declaró culpable, por lo que iniciaría el proceso para enfrentar la etapa de juicio. A esos fines, se programó para el 20 de mayo a las 2:00 p.m. la conferencia con antelación al juicio.

A su salida de la sala, el exalcalde se expresó ante la prensa. “No hay justicia más grande que la conciencia”, fueron sus primeras palabras.

“Todo el desfile de la prueba que se ha circulado, no desde ahora, desde las investigaciones que se hicieron en este caso por el gobierno federal, demuestran que ni la gerente de Finanzas ni este alcalde se beneficiaron económicamente de los fondos públicos”, mencionó.

Asimismo, Rodríguez Rodríguez insistió en que el dinero estaba depositado en una cuenta bancaria privada, “que no se estaba utilizando para otra cosa” y “que se tomó esa decisión asesorado por las personas que los alcaldes tienen a su lado para asesorarlos”.

“La evidencia está ahí. Lo más importante para mí es que mi honestidad como alcalde de Mayagüez estuvo siempre salvaguardada en 29 años de servicio a esta ciudad. Ni un solo señalamiento ni cuando los Juegos Centroamericanos, que no eran $9 millones, eran muchos millones los que estaban envueltos”, mencionó el exejcutivo municipal.

A la pregunta de si lo traicionaron, respondió: “Todos los alcaldes tienen que delegar, todos los municipios tienen asesores y si ahora también los políticos y los ejecutivos van a responder por las acciones de terceros, pues esa es una nueva vertiente que va tener el país”.

Mientras, el licenciado Harry Padilla, representante legal del exalcalde de la “Sultana del Oeste”, también confirmó que los cargos fueron enmendados tras el acuerdo. “Ambos pliegos acusatorios se enmendaron para que imputara violaciones al Artículo 263 del Código Penal”, dijo Padilla.

Con los cargos originales, explicó, el exalcalde no cualificaba para estar completamente bajo probatoria y debía cumplir, al menos, una pena de 15 años en prisión, si era encontrado culpable. “Yo entiendo que mi cliente cualifica para una sentencia suspendida”, mencionó.

Mientras, el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, afirmó: “Que le caiga todo el peso de la ley”.

“El PPD hizo lo correcto en este caso. Recordemos que el 31 de marzo de 2022, Rodríguez fue suspendido de su posición como presidente del Comité Municipal del PPD en la ciudad de Mayagüez, luego de que la OPFEI informara la suspensión sumaria del alcalde con efectividad inmediata”, dijo.

“Nosotros en el PPD pusimos en manos de los afiliados la selección de un nuevo líder, con la elección del ingeniero Jorge Ramos como presidente del comité municipal. Luego de eso, los electores avalaron abrumadoramente a Ramos en las pasadas elecciones con 16,583 votos, más del 65% de los votos. Eso representó una ventaja de 10,885 votos sobre la candidata novoprogresista. El buen trabajo del alcalde Jorge Ramos ha reivindicado el nombre del PPD en la ciudad de Mayagüez”, puntualizó.

El 28 de febrero, el Tribunal de Mayagüez le dio una oportunidad al exalcalde para decidir si lograba un acuerdo con la OPFEI. Las partes tenían hasta este miércoles para confirmar al tribunal si habían alcanzado un consenso. De lo contrario, se debía fijar las fechas para la celebración del juicio.

Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade estaban acusados de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos por el presunto desvio de $9.8 millones otorgados en resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes para completar varias fases de la construcción del Centro de Trauma en Mayagüez.

Recientemente, el Tribunal Supremo emitió un “no ha lugar” a la segunda petición de reconsideración que presentó Valentín Andrade con miras a que se desestimaran los cargos.