Tres hombres de nacionalidad dominicana se exponen a la pena de muerte tras ser acusados por un gran jurado federal por el fatal naufragio de una yola con inmigrantes la semana pasada cerca de la Isla de Mona.

El director interino de la fiscal federal, Héctor Ramírez Carbó, anunció hoy que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio con nueve cargos criminales contra Máximo Alexander Castillo Cabrera, Víctor Alfonso Montilla Espíritu y Danny de la Rosa Mercedes.

Explicó que, el pasado 28 de septiembre, el bote navegaba con más de 64 personas cuando zozobró.

Tres personas fallecieron, 12 permanecen desaparecidas y 49 fueron rescatados en una operación peligrosa por oficiales de la Guardia Costera y de otras agencias de Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, y un navegante civil.

Los tres acusados enfrentan cargos de tráfico humano por transportar extranjeros sin autorización del gobierno federal.

Castillo Cabrera y Montilla Espíritu enfrentan cargos por conspiración para obtener beneficio económico, mientras que De la Rosa Mercedes enfrenta un cargo de actos de violencia contra múltiples personas en la embarcación.

“De la Rosa Mercedes agredió e intentó agredir a más de una persona a machetazos mientras se encontraba a bordo de la embarcación, provocando inestabilidad de la embarcación, el subsiguiente naufragio y el saldo de tres personas muertas y aproximadamente 12 desaparecidos en alta mar”, sostuvo Ramírez Carbó.

El funcionario detalló que, por lo menos una de las tres personas fallecidas, presentaba en su cuerpo heridas causadas por el ataque con el machete.

De ser encontrados culpables, los cargos alegados exponen a los acusados a un máximo de cadena perpetua y la pena de muerte.

“Este caso demuestra el grave peligro asociado a las operaciones de tráfico de personas”, declaró Ramírez Carbó. “Los traficantes de personas amenazan nuestra seguridad nacional y explotan a personas vulnerables con fines de lucro, sin importarles su seguridad”.

Mientras, el director en Puerto Rico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), Yariel Ramos, exhortó a las persona a no hacer la travesía en esas circunstancias.

“Tres muertes son un precio demasiado alto que pagar por una travesía ilegal para entrar en Estados Unidos, expresó Ramos. “Estas operaciones de tráfico de personas son peligrosas, temerarias y se aprovechan de las personas. Podrían ser el último viaje que realicen”.

Ramos señaló que este caso no es aislado, recordando que en el 2023 murió un niño haitiano de tres años.

“Esto tiene que parar. No queremos tener que recuperar del mar a otro niño, padre, madre o amigo fallecido del fondo del mar”, agregó. “Esto da pena, esto duele. Por favor, no se dejen engañar. No le entreguen a su dinero ni su vida a estos criminales. Ellos le venden un futuro falso, porque realmente lo que están comprando es un boleto a una tragedia”.

Para el director de la División Aérea y Marina del Caribe de Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Christopher Hunter, “los traficantes de personas que se benefician colocando personas a bordo de embarcaciones peligrosamente superpobladas y no aptas para navegar muestran un desprecio imprudente por la vida humana.

La Fiscalía federal informó que, de ser encontrados culpables, los acusados ​​podría enfrentar pena mínima de entre tres años y hasta 10 años de prisión por conspiración para introducir extranjeros indocumentados con fines de lucro.

Sin embargo, señaló que también se exponen una pena máxima de cadena perpetua o pena de muerte por introducir a determinados extranjeros indocumentados provocando la muerte de alguien, así como una pena máxima de cadena perpetua o pena capital por actos de violencia contra la navegación marítima que resulten en muerte.