Los clientes de la red eléctrica permanecerán sin representante en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por el futuro previsible, luego que el Tribunal de Apelaciones validara a la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) en su descalificación al experto en informática Giancarlo González Ascar por su presunta falta de pericia en “asuntos de energía”.

González Ascar confirmó a este diario que buscaría una revisión de la determinación judicial.

“Un examen del expediente que nos ocupa nos mueve a resolver que no se hacen presentes los criterios legales que legitiman nuestra intervención respecto a lo dispuesto por el organismo. Entendemos que la determinación aquí impugnada obedeció a un ejercicio razonable de la adecuada función de las facultades legales que le asisten (al Ombudsman), así como también a una correcta interpretación y aplicación del derecho pertinente”, expuso el Tribunal Apelativo en la sentencia, emitida el 16 de agosto.

El panel del foro intermedio estuvo compuesto por los jueces Ivelisse Domínguez Irizarry, Grace Grana Martínez y Alberto Pérez Ocasio.

“Coincidimos en que no resulta suficiente para reconocerle expertise en el campo su participación en el diseño de herramientas relacionadas al consumo, las averías y el servicio de energía eléctrica. Para así hacerlo, era necesario que este demostrara una sabiduría, práctica, experiencia o habilidad directa y concreta con la energía eléctrica”, sentenció el panel de jueces.

En entrevista con El Nuevo Día, González Ascar, quien fue jefe de Informática del gobierno entre 2013 y 2015, puntualizó que, a su juicio, persiste una mentalidad retrógrada de lo que suponen “asuntos de energía” en la industria moderna.

“Hay una desconexión de lo que es energía en la era digital. Cualquiera te dice que los ‘smart meters’ (contadores inteligentes) antes se medían por potencia, y hoy día se miden por datos, porque lo que está pasando por esas líneas son datos para saber si vas a recibir o dar energía. ¿Cómo no reconoces eso?”, planteó el programador.

González Ascar resaltó que su experiencia manejando datos del sistema eléctrico le ha permitido, entre otras cosas, apoyar los reclamos de clientes que han alegado, ante LUMA Energy, los daños producidos por el manejo de la red eléctrica

“Esa base de datos ayudó a una señora que se electrocutó cuando LUMA energizó y no chequeó el perímetro. Ella demandó a LUMA, y LUMA le dijo que no había evidencia de un apagón allí ese día. Fueron mis datos los que la ayudaron a llevar a LUMA a retractarse. Fui a una deposición (ante LUMA) y expliqué de dónde venían los datos y, después de eso, LUMA se retractó y reconoció que hubo una avería”, subrayó González Ascar.

El empresario –quien también maneja una aplicación digital dirigida al mercado de bienes raíces en la que analiza la calidad del servicio eléctrico por sectores geográficos– indicó que, a través de su equipo legal, prevé elevar el pleito directamente el Tribunal Supremo, en lugar de solicitar reconsideración al Apelativo.

Ante el máximo foro, adelantó que planifica argumentar que todos los elementos dispuestos en las leyes de política pública energética –como la transparencia en la información– son “asuntos de energía”, toda vez que la Constitución prohíbe legislar sobre múltiples temas en un solo estatuto.

González Ascar sostuvo que, desde la silla en la Junta de Gobierno –que permanece vacante desde que Tomás Torres Placa cumplió su término como representante del interés público en marzo– hubiera impulsado un mejor uso de los datos almacenados a partir de los 130,000 sistemas de generación solar instalados en los techos de hogares y negocios.

Esos datos, dijo, pueden proveer una visión más granular de la que, al presente, tiene LUMA, que depende de estimar, por ejemplo, la cantidad de clientes sin servicio a partir del funcionamiento de los alimentadores. Como consecuencia, esos estimados pueden pasar por alto averías ocurridas más cercanas al punto de consumo.

“Yo pudiera estar ejecutando todo esto ya”, lamentó González Ascar, al agregar que, de no tener éxito en su reclamo, considera promover su visión de manera independiente.

Por su parte, el procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, reiteró, por escrito, que la sentencia subraya la necesidad de que las ramas políticas enmienden la ley orgánica de la AEE para evitar una vacante en el cargo de representante de los consumidores.

Previamente, el Ombudsman ha estimado que llenar la silla en la Junta de Gobierno podría costar sobre $1 millón, en caso de que hubiera más de un candidato cualificado. González Ascar, sin embargo, fue la única persona que formalizó su aspiración a finales de 2023, cuando abrió el proceso para reemplazar a Torres Placa.

En una entrevista en julio, García Feliciano reconoció que, de no convocarse una sesión extraordinaria en lo que queda de año, la selección de un representante de los clientes podría dilatarse, al menos, hasta la entrada de un nuevo gobierno en 2025.