El artista urbano Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez), su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González continúan enfrentados en el Tribunal de San Juan por los documentos y accesos digitales relacionados a las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

Aunque la defensa de las hermanas González radicó una moción en la que argumentó que entregó todo lo solicitado, el equipo legal del artista respondió que faltan documentos y solicitó tiempo adicional al juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, para revisar lo recibido.

Los abogados Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel, que representan al artista, radicó una moción en la que confirmaron que recibieron varias cajas con documentación, pero “no se entregaron muchos documentos de los requeridos, como tampoco una lista detallada” de lo entregado.

Por ende, solicitaron al tribunal que se les conceda hasta el 3 de enero de 2025 para poder culminar el proceso de cotejar lo entregado y para reunirse con la parte demandada para dialogar sobre lo que entienden queda pendiente.

“Por el número de cajas y su contenido, además por la particularidad del día 31 de diciembre y las complicaciones con el servicio de energía eléctrica que Puerto Rico experimenta durante este día, resulta impráctico poder constatar como es debido y responsable, que lo que sí fuera entregado se ajusta a lo solicitado y ordenado por el tribunal”, detallaron.

“Quedando otros tantos documentos sin proveerse, como accesos sin concluirse y/o finalizar de transferirse las cuentas, finalmente. Por tal razón y para obrar con la responsabilidad y seriedad que corresponde, respetuosamente solicitamos del Tribunal que retenga su jurisdicción”, indicaron los abogados en la moción.

Por su parte, los abogados Pilar B. Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión, representantes legales de las hermanas González, indicaron que completaron el proceso y solicitaron al juez que deje sin efecto las órdenes de arresto por desacato para que sus clientas “puedan viajar a visitar familiares fuera de Puerto Rico”.

Detallaron que hoy, alrededor del mediodía, entregaron “66 cajas tamaño file (tipo) carta con diversos documentos relacionados al presente caso, según fueron solicitados, (así como) tres computadoras, o sea, dos desktops (computadoras de escritorio) y un laptop (computadora portátil)”, precisó el equipo legal en la moción de tres páginas.

Asimismo, indicaron que desde la semana pasada laboraron para entregar las claves de acceso digital y que, aunque la parte demandante tuvo problemas para lograr el acceso, el domingo se concretó una reunión para facilitar el proceso. “Consideramos completo el proceso de transferencia de accesos”, afirmaron.

Según los abogados de las hermanas González, el artista ahora “tiene el dominio y control total” de todos los accesos de las corporaciones, incluyendo correos electrónicos, programa de contabilidad, contratos, deudas, arreglos con derecho de propiedad intelectual, regalías y otros asuntos fundamentales.

La controversia por el control de las corporaciones salió a la luz semanas después de que el artista revelara que había iniciado el proceso de divorcio y que las demandadas intentaron transferir presuntamente $100 millones de las cuentas corporativas a sus cuentas personales. Sin embargo, la transferencia se detuvo.

Posterior a ello, las partes acudieron el 19 de diciembre a una vista en el Tribunal de San Juan, la cual culminó con varios acuerdos, incluyendo que el artista retomaba la presidencia de ambas corporaciones.

Además, se acordó que $75 millones, que están en las cuentas de ambas entidades, se van a mantener intocables por un periodo de 30 días “en lo que el nuevo control pueda tener acceso a toda la información y una vez tenga todo conocimiento de lo relacionado a las finanzas corporativas, se podrán alcanzar unos entendidos posteriores”.

Asimismo, se determinó que el resto del dinero en las cuentas se van a mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transacción que sea mayor de $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse ese desembolso.

En tanto, Ramón Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, se comprometió a rendir un informe mensual a su esposa “sobre todo asunto financiero, así como todo acceso a documentación que así lo determine como parte de las actividades comerciales de las corporaciones”.

A pesar de que se llegaron a estos acuerdos, la defensa del artista ha alegado, en reiteradas ocasiones, que no se ha completado el proceso de entrega de documentos y en dos ocasiones ha solicitado al tribunal que encuentre en desacato a su esposa.

La controversia escaló aún más la semana pasada cuando el juez dio un fuerte ultimátum ordenando a las hermanas González a entregar todos los documentos y accesos de las corporaciones o se exponían a ser arrestadas e ingresadas a una cárcel.