La representación legal del banquero Julio Herrera Velutini sometió una moción ante el Tribunal federal acusando a la Fiscalía federal de “obstaculizar” el proceso previo al juicio con un descubrimiento basado en piezas de evidencia “amplias y generalizadas”.

Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank & Trust Corporation; la exgobernadora Wanda Vázquez Garced; y el asesor financiero Mark Rossini, fueron acusados en el 2022 por las autoridades federales por un presunto esquema para sobornar a Vázquez Garced.

En la moción de 12 páginas radicada el viernes, la defensa objetó la lista de piezas de evidencia sometida por la Fiscalía federal el 30 de agosto. Además, solicitó al tribunal que ordene a la Fiscalía federal a proporcionar evidencia con mayor especificidad.

La moción fue presentada por la licenciada Sonia Torres Pabón, del bufete DLA Piper, LLC., quien, junto a Lilly Ann Sánchez del bufete LS y Christopher M. Kise, de Continental, PLLC., conforman la representación legal de Herrera Velutini.

“El Tribunal tiene la discreción de ordenar el grado de especificidad que considere necesario basándose en las circunstancias de cada caso. Dado el voluminoso descubrimiento, el señor Herrera solicita al tribunal que ejerza dicha discreción y ordene al gobierno que especifique los documentos que pretende presentar en el juicio”, estableció la defensa del acusado.

Entre los documentos con la lista de evidencia, la Fiscalía federal reveló el desglose de mensajes de texto supuestamente intercambiados entre los miembros de la presunta conspiración que resultó en la acusación emitida por un gran jurado.

La acusación establece que Herrera Velutini presuntamente intentó sobornar a Vázquez Garced para que removiera a George Joyner de la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y detener así una pesquisa contra Bancrédito.

Para probar el esquema, la Fiscalía federal cuenta con el contenido de los teléfonos celulares ocupados a Vázquez Garced; su asesor político, John Blakeman; y la expresidenta de Bancrédito, Frances Díaz. Estos últimos dos ya se declararon culpables al alcanzar acuerdos con la Fiscalía federal.

Sin embargo, la defensa de Herrera Velutini alegó que se le ha hecho cuesta arriba analizar la prueba entregada por la Fiscalía federal debido a que, supuestamente, está llena de generalidades y que es demasiado amplia.

A modo de ejemplo, la defensa expuso que la evidencia sometida hace referencia a “todo el contenido de una cuenta de correo electrónico o de un teléfono móvil, lo que supone millones de páginas de material”, y que esta falta de especificidad hace imposible discernir en qué pruebas pretende basarse la Fiscalía en el juicio federal.

“Esta vaguedad intencionada obstaculiza gravemente la capacidad del señor Herrera para presentar eficazmente mociones de supresión y otras mociones previas al juicio”, dijo la defensa del acusado, exponiendo que “el tribunal debe ordenar al gobierno que identifique las pruebas específicas que pretende presentar en el juicio”.

En ese contexto, los abogados solicitaron que la Fiscalía federal identifique las pruebas de una forma más organizada, con numeraciones, lo que, a su juicio, aseguraría que el banquero pueda “montar una defensa justa y efectiva”, como es su derecho.

Asimismo, la defensa del empresario recordó que esta no es la primera vez que objeta “sistemáticamente el calendario y la naturaleza desorganizada de la producción de las pruebas” de la Fiscalía federal, que incluye millones de documentos dispersos e ilegibles.

“Este patrón de prácticas dilatorias y abusivas de descubrimiento ha socavado la capacidad del señor Herrera para preparar una defensa y amenaza su derecho al debido proceso”, indicó la defensa en la moción, que subraya que la Fiscalía federal ha presentado amplios documentos, con apenas menos de cinco meses para revisarlos, objetarlos y prepararse para el juicio.

“Los documentos abarcan más de 30 millones de páginas sin ninguna descripción significativa. Aparte de identificar la fuente de los documentos, la descripción ofrece poca o ninguna información para que el señor Herrera (Velutini) evalúe las pruebas que el gobierno pretende presentar en el juicio, lo que hace difícil determinar si deben presentarse mociones de supresión”, añadió.

En esa misma línea, la defensa planteó que lo sometido por la Fiscalía federal contiene amplias referencias a “todo el contenido” y “registros obtenidos”, por ejemplo, de teléfonos celulares, lo que a su juicio demuestra que “el gobierno ciertamente no ha realizado ninguna búsqueda u otra revisión y tiene la intención de basarse en todos los documentos de los teléfonos móviles y todos los demás registros obtenidos de numerosas fuentes”.

Los abogados también expusieron que la Fiscalía federal supuestamente dispuso en uno de los documentos que figura como evidencia “todo el contenido del teléfono móvil de John Blakeman que responda a la orden de registro correspondiente y que apoye los hechos subyacentes a los cargos”.

Del mismo modo, subrayaron que se dispone, de forma generalizada, que forma parte de la prueba “todo el contenido de la cuenta (con) Apple del acusado Julio M. Herrera Velutini que responda a la correspondiente orden de registro y que apoye los hechos subyacentes”.

La defensa señaló que dicha descripción fue establecida por la Fiscalía federal para hacer referencia a otras cuatro cuentas de correo electrónico.

“Suponiendo que el señor Herrera (Velutini) tenga una cuenta (con) Apple, esta contiene casi 200,000 páginas de correos electrónicos, documentos, fotos y otros vídeos”, manifestó la defensa, al exponer que la historia se repite con los registros financieros.