La magistrada federal Giselle López Soler ordenó a la Fiscalía federal y la defensa de un hermano del representante Jorge “Georgie” Navarro, a resolver una controversia sobre la representación legal de la corporación JCA Industrial Supply Corp.

López Soler emitió la instrucción con relación a la controversia sobre cómo defender a una entidad corporativa, que ya no existe, en el caso federal por fraude contra los hermanos Edgar y Ricardo Navarro, y sus respectivas corporaciones.

En corte abierta, el licenciado Edgar Vega, abogado de Edgardo Navarro, indicó que asumió la representación de las corporaciones de JCA Developement y JCA Packaging Group. Sin embargo, señaló que JCA Industrial Supply no existe desde el 2018, por lo que no puede representarla.

“Es como si fuera una persona muerta”, comentó el licenciado en la sala, en referencia a que las corporaciones son tratadas como personas naturales en los procesos judiciales.

Afuera del tribunal, el licenciado explicó que la corporación “estaba cerrada al momento de los hechos”.

“En el día de hoy le expresé a la juez que no puedo representarla porque yo no voy a representar una corporación que no existe”, abundó Vega.

Por su parte, la magistrada federal estableció un plazo de diez días para que el abogado y el Ministerio Público acuerden cómo atenderán el cargo contra JCA Industrial Supply.

Pese a que está inactiva desde el 2018, según el pliego acusatorio, en el 2020 esa corporación solicitó préstamos bajo la ley federal CARES, aprobada para ofrecer asistencia a raíz de la pandemia del COVID-19.

Según una tabla en el pliego emitido por un gran jurado federal, JCA Industrial Supply sometió dos solicitudes el 7 de julio de 2020, una por $10,000 y otra por $82,400.

Vega señaló que, “en cuanto a las otras dos (entidades), nos declaramos no culpable y estamos en el proceso de descubrimiento de prueba para evaluarlo y seguir el procedimiento del caso dentro de la presunción de inocencia del cliente y las corporaciones”.

Asimismo, el licenciado Jason González recalcó la alegación de no culpabilidad para la corporación RIVP Group Corp de Ricardo Navarro, también hermano del legislador.

Como parte de la vista, la magistrada federal advirtió que, de ser encontradas culpables, las corporaciones acusadas se exponen al pago de multas de hasta $1 millón de dólares o al doble de las pérdidas alegadas en la acusación, y una probatoria de hasta cinco años.

Además de las corporaciones, los hermanos Navarro y el coacusado Ramón Valentín Montalvo también han hecho alegaciones de no culpabilidad.

La acusación alega un esquema de fraude y lavado de dinero a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES), mediante el cual se habrían apropiado de más de $2.2 millones en fondos federales.

En específico, el pliego alega que cometieron fraude electrónico, soborno, ocultar lavado de dinero y realizar transacciones de lavado de dinero.

Del documento judicial se desprende que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, los acusados habrían emitido 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a una institución financiera.

De acuerdo con la acusación, los acusados habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos.

De igual forma, el pliego indica que los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.

De ser hallados culpables, se enfrentan a las siguientes sentencias: hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 años de prisión por ocultar el lavado de dinero y hasta diez años de prisión por cometer lavado de dinero.