La Oficina del Defensor Público Federal en San Juan cuestionó la legalidad del arresto de un trabajador de construcción de estatus migratorio no definido, en San Juan, tras la intervención de un agente de la Policía de Puerto Rico el 22 de enero.

La argumentación tuvo lugar este jueves, durante una vista de fianza de Wilinthon Antonio Pérez, de 42 años, ante la magistrada Giselle López Soler en el Tribunal Federal en Hato Rey, luego de que un gran jurado lo acusara con un cargo por entrar a territorio estadounidense después de haber sido deportado previamente.

El abogado de la defensa, Hector Sueiro Álvarez, solicitó que su representado quedara en libertad bajo fianza hasta el juicio al señalando que, entre otros factores, “no había base legal” para la intervención de Pérez por parte de las autoridades.

Álvarez Sueiro se refería a las alegaciones contenidas en la denuncia radicada la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).

El documento judicial señala que el “22 de enero de 2025, el Negociado de la Policía de Puerto Rico llevó a cabo la detención de un vehículo”, que describió como una guagua Ford F-150, cerca de la avenida Luis Muñoz Rivera, en San Juan.

La denuncia federal no detalla la razón para que el policía estatal detuviera el vehículo.

Acto seguido, la denuncia sí relata que agentes especiales de HSI llegaron a la escena y “llevaron a cabo un examen de inmigración de Pérez y arrestaron a Pérez debido a que era un extranjero. La verificación posterior de expedientes reveló que Pérez es nacional y ciudadano de la República Dominicana”.

De lo discutido en sala se desprende que no está claro por qué los agentes de inmigración llegaron a la escena, pues “no se trataba de un punto de verificación de inmigración”, expuso el abogado.

Mientras, la orden general 626 de la Reforma de la Policía, bajo jurisdicción del juez federal Francisco Besosa, establece que los oficiales de la Policía estatal “no detendrán o arrestarán a una persona con el único fin de determinar su estatus migratorio”.

La orden añade que la Policía “no solicitará información concerniente al estatus migratorio de una persona extranjera”, entre otras razones, si “tiene el único propósito de investigar si la persona está violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

En cambio, también indica que “luego de detener o arrestar a una persona”, si un agente de la Policía que “advenga en conocimiento durante la investigación que la persona es extranjera, notificará de inmediato a su supervisor de turno, quien a su vez se comunicará con el ‘Duty Agent’ de HSI”.

Durante la vista, el abogado recalcó que, “de entrada, no había base legal para pedirle a Pérez su nombre ni su identidad”. Sin embargo, según el licenciado, en algún momento de la intervención, Pérez entregó documentos que corroboraban su identidad como ciudadano de República Dominicana.

Añadió que esas dudas “van en contra del peso de la evidencia del caso”, en el que no hay una presunción a favor de que sea ingresado a prisión hasta el juicio, por lo que le corresponde al Ministerio Público convencer al tribunal de que niegue la fianza.

Álvarez Sueiro sostuvo que sí había condiciones de libertad que pueden garantizar su comparecencia a las vistas y que nada apunta a que se trate de alguien que represente un peligro para la comunidad.

Asimismo, apuntó que Pérez ha estado en Puerto Rico trabajando por varios años y que tiene “lazos” comunitarios con una hermana que tiene residencia permanente en la isla y que está dispuesta a ser su custodio, mientras que tiene dos hijos residentes en Estados Unidos.

Álvarez Sueiro dijo que el expediente de su cliente ante las autoridades no ha sido por delitos violentos, sino por deportaciones previas y por posesión de documentos falsos de identidad en el 2006, cuando admitió haber comprado una licencia, un certificado de nacimiento y una tarjeta de Seguro Social, todas falsas.

Por su parte, el fiscal federal Manuel Muñiz objetó la línea de argumentación sobre la legalidad de la intervención por entender que no tenía nada que ver con el propósito de la vista, que era para determinar si le daban fianza o no.

Después de que la magistrada permitiera la exposición de parte del abogado, Muñiz solicitó que se le denegara la fianza por tratarse de alguien que fue convicto por hacerse pasar por un ciudadano estadounidense.

“Sabemos del historial criminal y que tiene relaciones asociadas con individuos que falsifican documentos”, apuntó el fiscal.

“Eso representa un riesgo de peligro a la comunidad”, agregó. “Con la información que tenemos, el acusado es un riesgo de fuga”.

Después de evaluar el informe con antelación a juicio y los argumentos de las partes, la magistrada ordenó que Pérez salga bajo una fianza no asegurada de $25,000. Tendrá que mantenerse bajo restricción domiciliaria con grillete.

Además de reconocer que tiene lazos con la comunidad, la magistrada manifestó que “parece que puede haber algunos asuntos con la evidencia de este caso”.

“En este momento aparenta que la evidencia no es completamente fuerte”, comentó López Soler, quien observó el tiempo que ha pasado desde los casos previos y que Pérez no tuvo problemas en cumplir con los términos de libertad condicionada.

El arresto de Pérez tuvo lugar cuatro días antes de que agentes de ICE llevaran a cabo una redada de arrestos de personas en Barrio Obrero y otras áreas de Puerto Rico, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para la deportación de personas con estatus migratorio no definido.

Hasta el momento, HSI ha arrestado a 100 personas en Puerto Rico por violaciones a leyes de inmigración, informó este martes la agencia federal.

Entre los países de origen de los detenidos, figuran ciudadanos de Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Haití, México, China, Dominica, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, Israel, Italia y Japón.