El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, ordenó a los abogados en el pleito corporativo entre el artista Daddy Yankee y su exesposa y excuñada Mireddys y Ayeicha González Castellanos, respectivamente, a “que tengan prudencia en el lenguaje” en sus mociones.

En la orden de una página, cuya copia obtuvo El Nuevo Día, el togado, además, concedió un plazo de dos días a la defensa de Ramón Luis Ayala Rodriguez, nombre de pila del artista, para contestar unas controversias recientes que surgieron en el caso por el control de las corporaciones: El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.

“Enterado. Se concede el término solicitado. Agradeceremos a los abogados de ambas partes que tengan prudencia en el lenguaje”, dictó el juez, quien recientemente fue confirmado por el Senado a un nuevo término en el Tribunal de Primera Instancia.

La defensa del artista -conformada por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel- presentó, el 4 de marzo, una breve moción informativa en la que expuso que el artista contará “la verdad” en el pleito corporativo.

Los abogados plantearon que responderán a los planteamientos de la representación legal de las hermanas González Castellanos con relación a los informes financieros de las corporaciones. De acuerdo a las demandadas, el artista no ha entregado el informe de enero, por lo que solicitaron, mediante el tribunal, que lo entregue en 48 horas.

Sin embargo, el equipo legal de “El Big Boss” planteó que “categóricamente se le puede asegurar al Tribunal que el demandante ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en la sentencia y conforme a las órdenes subsiguientes” que fueron emitidas.

“De igual forma se puede reiterar lo previamente establecido en la moción informativa y aclaratoria presentada el 12 de febrero: las demandadas faltaron a la verdad y se perjuraron en la carta gerencial que presentaron en este caso”, insistió la defensa de Daddy Yankee.

Los abogados de Ayala Rodríguez adelantaron que presentarán un escrito detallado junto a la evidencia correspondiente que demostrará nuevamente “los incumplimientos de la parte demandada y su falta de honestidad”.

“Por último, se informa que, según lo también dispuesto en la moción del 12 de febrero, ante los incumplimientos de las demandadas, la destrucción de evidencia y récords corporativos, la negligencia fiscal y administrativa de las demandadas, como oficiales y directoras hasta diciembre 2024, obligó al demandante a presentar una demanda en daños por violación a deberes fiduciarios, entre otras reclamaciones, de las que se solicita se tome conocimiento judicial”, agregaron los licenciados.

Ayala Rodríguez radicó una demanda el 4 de marzo en el Tribunal de Carolina, donde reclama a su exesposa y excuñada un pago de $250 millones por concepto de indemnización.

La nueva demanda -de 23 páginas- sostiene que las hermanas González Castellanos, mientras mantuvieron total control de las corporaciones y las finanzas de estas y del artista, faltaron a sus deberes fiduciarios al ocultar información, destruir evidencia, despilfarrar recursos e incumplir deberes legales, entre otros.

“Una vez más, nuestro representado, el señor Ramón Ayala, se ve en la necesidad de acudir al Tribunal como administrador responsable de las corporaciones, cuyo control pudo recuperar, tras la acción legal que se interpuso en diciembre pasado”, indicó la representación legal del artista en declaraciones escritas.

A estos efectos, la defensa planteó que se presentó una demanda en la que se tuvo que reclamar “que mientras mantuvieron total control de las corporaciones, las finanzas e incluso de los ingresos devengados, producto del trabajo y talento del señor Ramón Ayala, las hermanas Mireddys y Ayeicha González, faltaron a sus deberes fiduciarios y ocasionaron serios daños”.

Además, la demanda menciona al productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves. En ese sentido, dice que la exesposa del artista, aprovechando su posición en la corporación, autorizó a Raphy Pina para que representara a la parte demandante en la venta del catálogo.

“Al señor Pina le confirió, lo que aparenta ser, poder absoluto sobre la transacción e, incluso, que fuera él la persona a quien habría de notificarse cualquier asunto relacionado al contrato. Esto a pesar de que el señor Pina fue encausado criminalmente en un proceso ante el Tribunal Federal, situación en extremo compleja y sensitiva, que plantea objetivos distintos a los del demandante y las corporaciones”, dice el documento.

“La codemandada Mireddys González, en absurda abdicación de toda injerencia sobre lo relacionado a la venta del catálogo que hiciera al señor Pina, no se ocupó – como dicta la prudencia y la buena práctica comercial - en contratar y procurar para las empresas representación legal independiente a la del señor Pina, para evaluar responsable y objetivamente los detalles de la transacción", precisa la demanda.

El documento dispone que, “como cuestión de hecho, el señor Pina delegó en su abogado, el licenciado Juan Maldonado, quien como puede tomarse conocimiento judicial, enfrentó procesos investigativos y de carácter penal durante el mismo periodo e, incluso, fue desaforado”.

De igual manera, se señaló que las demandadas informaron bajo juramento que la gira “Última vuelta” la manejó World Music Entertainment, entidad perteneciente a Pina.

“Indicaron que entregaron a la parte demandante lo que, alegadamente, este les entregó la noche antes de la última vista en el proceso judicial previo entre las partes relacionado a la acción interdictal. Lo representado por las hermanas González no se ajusta a la verdad. Pues, el trámite relacionado a esta gira se hacía en conjunto entre las demandadas González Castellanos y el señor Rafael (Raphy) Pina y sus agentes o empleados”, destaca el documento.

El periodo de tiempo durante el cual la gira se desarrolló, según la demanda, coincide con el término en que Pina estaba ingresado en una institución penal federal.

“De los documentos que proveyeron las demandadas, no surge la contabilidad, contratos, el cuadre, el desglose de pagos ni auspicios relacionados a esta gira. Tampoco constan los recibos que acrediten las cantidades que retuvo el Sr. Pina, para pagar a la entidad de Daddy Yankee a través de las demandadas. Tales partidas representan ingresos multimillonarios. Ante la falta de documentación pertinente para verificar y constatar lo que se hizo, recibió y desembolsó correctamente, producto de esta omisión de la imprudente gestión administrativa de las demandadas, todo apunta a que los importes se retuvieron directamente por el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME entre 2022-2023 o por alguna otra persona y, por consiguiente, los demandantes no lo recibieron”, agrega la demanda.

Según el recurso legal, las demandadas presuntamente autorizaron a Pina a pagarse prácticamente “a sí mismos la cantidad de $27 millones por alegados gastos incurridos, sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria por los gastos supuestamente incurridos en la gira”.

“Las codemandadas también autorizaron a que el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME - mientras se encontraba recluido en la penitenciaria federal, cobrara una comisión de 30% de lo ingresado en la gira de la “Última vuelta”, a pesar de que éste, por razones obvias, no participó de la gira ni tampoco consta ni se evidenció que lo hiciera personal de su oficina”, puntualiza la demanda.

Al momento, la nueva demanda no ha sido contestada por la representación legal de las hermanas González Castellanos.