El artista Daddy Yankee solicitó este martes al juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que rechace la petición de su esposa, Mireddys González Castellanos, para nombrar un “administrador judicial” para las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris Inc.

En una moción de siete páginas en poder de El Nuevo Día, la defensa de Ramón Ayala Rodríguez, nombre del artista, pidió que se imponga “sanciones por temeridad y frivolidad a la parte demandada por su conducta contumaz ante este foro judicial” y se ordene cumplir con la sentencia del tribunal.

Asimismo, los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel indicaron que el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Luis A. Avilés Pagán, que la demandada pretende que se designe como administrador judicial de las corporaciones, ya colabora con ellos.

“Desde el mismo 20 de diciembre de 2024, fecha en que se celebró la primera vista ante este tribunal, el profesor Avilés (Pagán) ha mantenido comunicación directa con nosotros sugiriendo estrategias y brindándonos voluntariamente consejos sobre este caso e, incluso, solicitando que reclutásemos sus servicios profesionales. En vista de este involucramiento la participación del profesor Avilés (Pagán) resulta conflictiva. Las comunicaciones sostenidas están disponibles para presentarlas al honorable tribunal de este entenderlo necesarias”, agregaron.

La respuesta de los abogados del artista surgieron luego que, en una moción de seis páginas, con fecha de ayer, lunes, los licenciados Roberto Alonso Santiago y Mariel Colón Miró, en representación de Mireddys y Ayeicha González Castellanos (cuñada de Daddy Yankee), solicitaron nombrar un administrador judicial, ya que las corporaciones enfrentan varias “circunstancias que afectan su gobernanza y operación”.

Por ende, pidieron que se designe a Avilés Pagán, quien tomaría posesión y control de todos los bienes, propiedades y activos de las corporaciones, protegería los activos de cualquier daño, pérdida o uso indebido, y hasta supervisaría las operaciones comerciales, dice el documento.

Para justificar la solicitud, los abogados de las hermanas González Castellanos indicaron que existe un “empate irreconciliable entre los directores que ha paralizado la toma de decisiones en asuntos esenciales para la administración”.

Sin embargo, la defensa del artista dijo, en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, que replicó una “solicitud errada” en derecho que presentaron las demandadas, que carece “de fundamento jurídico, denota un proceder frívolo y temerario ante el tribunal”.

“En el proceso judicial ante el juez Anthony Cuevas, el tribunal dictó sentencia que es final y firme. En la actualidad, el único asunto pendiente bajo la jurisdicción del Tribunal es la solicitud de desacato por incumplimiento por parte de las Sra. Mireddys y Ayeisha González. Por consiguiente, solicitar la designación de un administrador judicial o síndico en esta etapa procesal es totalmente improcedente”, añadieron.

Abundaron que la presentación de esta solicitud obedece a una estrategia poco sofisticada y desafortunada de distracción diseñada por las hermanas González Castellanos para encubrir sus reiterados incumplimientos con la sentencia y órdenes del tribunal, y pretender litigar en los medios de comunicación lo que no pueden ganar en el tribunal.

“El patrón ejecutado en la pasada semana por las hermanas González de presentar escritos sin mérito jurídico responde a una estrategia mediática de presentar mociones al tribunal que, aunque absurdas e improcedentes en derecho, las utilizan posteriormente para desarrollar una campaña mediática falsa de descrédito contra el señor Ramón Ayala/Daddy Yankee”, indicaron.

Aseguraron que el artista ha sido “consistente, solicitando que su mensaje y solicitudes se realicen por los canales correctos, en el Tribunal, a diferencia de la señora Mireddys, quien ha instruido a sus abogados a participar de todo programa posible para difamar al señor Ayala”.

“Estas campañas mediáticas y difamatorias no logran alterar las derrotas jurídicas experimentadas por las demandadas. El señor Ayala, como presidente de las empresas, va a descargar sus responsabilidades y hará todo lo que sea necesario para conseguir cada detalle y asunto relacionado a sus entidades mientras fueron manejadas por las hermanas González, tomará las medidas, y entablará todos los procesos que correspondan”, puntualizaron.

En una moción radicada el lunes, los abogados de las hermanas González Castellanos revelaron que, como resultado del “empate” en la Junta de Directores y la incapacidad de los accionistas para resolver esta situación, “los negocios de las corporaciones están siendo perjudicados de manera irreparable” y que se ha incumplido con las órdenes dictadas por el tribunal.

En esa línea, Alonso Santiago y Colón Miró mencionaron que las entidades han desatendido las órdenes emitidas por el tribunal al realizar transacciones mayores de $100,000 sin la autorización de González Castellanos, lo que es contrario a la sentencia de Cuevas Ramos.

Sin embargo, la defensa de Daddy Yankee aseguró que dicha afirmación es “falsa”, pues la transacción a la que hacen referencia las demandadas no fue ningún desembolso, sino que los “importes monetarios que estaban en dos cuentas bancarias en Firstbank se transfirieron a Oriental Bank”.

Empero, Alonso Santiago y Colón Miró plantearon que, “en la moción radicada el 17 de enero de 2025 por la parte demandante, estos admiten que realizaron transacciones por cuantías mayores a la dictada por este honorable tribunal en la sentencia del 26 de diciembre de 2024, bajo el pretexto de que era una decisión financiera prudente”.

Alonso Santiago y Colón Miró plantearon que la incapacidad de las corporaciones para resolver estos problemas administrativos está ocasionando severos conflictos entre los accionistas, provocando una ausencia total de comunicación; reclamos de prueba no definida o inexistente; confusión en los manejos de las corporaciones en los últimos meses; y transacciones bancarias sustanciales ($118 millones) sin el conocimiento ni consentimiento de González Castellanos que posee el 50% de las acciones comunes de las entidades.

“Consecuentemente, se ha provocado incertidumbre y angustia sobre el rumbo de las corporaciones conforme a los propósitos para los cuales fueron creadas, entre otros perjuicios a las corporaciones y sus accionistas”, agregan los licenciados en la moción.

Ante este “tranque total”, se solicita el nombramiento de Avilés Pagán que, además, mantendría el registro contable y administrativo necesario para la transparencia, pagaría a los acreedores conforme a las prioridades establecidas en ley y determinaría la validez de las reclamaciones presentadas contra las corporaciones, entre otras.

“Por las razones antes expuestas, se ruega a este honorable tribunal que conceda la solicitud para el nombramiento de un administrador judicial en los términos aquí solicitados, y se sirva dictar las órdenes correspondientes para garantizar el cumplimiento de este propósito”, puntualizaron.