El Tribunal de Aguadilla citó una vista para atender la petición de interdicto que busca detener la construcción de una ciclovía cerca de una playa en Rincón.

La orden fue emitida por el juez superior Johnny Nieves Villanueva con relación a la demanda radicada por diez ciudadanos y la organización sin fines de lucro Amigos de Tres Palmas.

Reyes Villanueva citó la vista para el 21 de marzo, desde las 9:00 a.m., en la sala 603.

Pero, antes, los demandantes tendrán que entregar personalmente las citaciones a los demandados antes del mediodía de este miércoles.

Los demandados son la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación (JP) y el Municipio de Rincón.

Mientras, Nieves Villanueva ordenó que, tras recibir los emplazamientos, los demandados tendrán que comparecer por escrito en el pleito antes del mediodía de este jueves, 20 de marzo.

“Se apercibe a la parte demandada que, de no comparecer a la vista señalada, el Tribunal podrá conceder el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle”, advirtió Nieves Villanueva.

La demanda señaló “varias irregularidades” con relación al permiso único para la construcción de la Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón, Desde PR-4413 hasta Balneario de Rincón".

“Entre las irregularidades identificadas se encuentran la utilización de un plano de deslinde certificado vencido, el cual presenta datos del 2006”, resaltaron los demandantes en el documento.

Los demandantes añadieron que “en el presente caso, la Autoridad de Carreteras y Transportación no tiene autorización para el aprovechamiento de bienes de dominio público el cual es necesario para llevar a cabo cualquier obra en la zona marítimo terrestre”.

Señalaron, además, que “para la concesión de un permiso o autorización válido y conforme a derecho, es estrictamente necesario que se efectúe un deslinde actualizado, ya que es necesario determinar hasta dónde llega la zona de bienes de dominio público”.

“Parte de los terrenos donde la Autoridad de Carreteras propone realizar el proyecto son parte de la zona marítimo terrestre la cual es un bien de dominio público perteneciente al Pueblo de Puerto Rico”, recalcó la demanda, citando violaciones a la Ley de Puertos “al incluir estructuras en la zona marítimo terrestre y en la Franja de Vigilancia Litoral sin las debidas autorizaciones”.

Además del interdicto preliminar y permanente, la demanda pide que se ordene la paralización de las obras, se revoque el permiso único, la demolición y remoción de cualquier construcción que haya realizado y “la devolución de las áreas afectas a su estado natural, previo al inicio de las obras de deforestación y/o construcción”.