Aunque reconoció la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para investigar, el Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación de la demanda del senador popular Luis Javier Hernández Ortiz para obligar al Departamento de Justicia a entregar información sobre casos archivados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).

En la sentencia emitida el 24 de agosto, que consta de 17 páginas, un panel integrado por las juezas Lersy Boria Vizcarrondo, exprocuradora de las Mujeres; Monsita Rivera Marchand y Ana M. Mateu Meléndez, hija de la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, determinó que Hernández Ortiz no tenía legitimación activa para presentar el recurso.

“Recibimos la sentencia del Tribunal de Apelaciones que no le reconoce legitimación a un legislador de la minoría para acudir al Tribunal mediante el mecanismo del Artículo 34-A del Código Político. No estamos de acuerdo con la interpretación restrictiva que le dio el Tribunal de Apelaciones a la figura de la legitimación activa”, expresó Hernández Ortiz.

En declaraciones escritas, el también exalcalde de Villalba dijo que “desde el primer día hemos sostenido que cuando comparecimos a los Tribunales, lo hicimos tras una moción aprobada por el Senado de forma unánime donde se nos autorizaba a comparecer a los foros judiciales para hacer valer nuestras prerrogativas legislativas que son de estirpe constitucional”.

A tales fines, no descartó recurrir al Tribunal Supremo. “En los próximos días, evaluaremos el curso de acción y las alternativas legales que tenemos disponibles, incluyendo la posibilidad de llevar esto hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El País merece conocer qué hay en los expedientes que el Departamento de Justicia ha ocultado”, afirmó.

Hernández Ortiz planteó que “la defensa férrea de Justicia en esconder estos expediente, nos lleva a pensar que se trata de un encubrimiento más de la secretaria Lourdes Gómez hacia otros funcionarios de esta administración. Recordemos el caso de la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, a cuya funcionaria le dieron un toallazo desde Justicia”.

Asimismo, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado cuestionó qué “esconde” Justicia al no acceder a entregar la información. “Hoy, la pregunta que nos hicimos desde el primer día en que advenimos en conocimiento sobre las motivaciones de Justicia para cerrar tantos casos sigue vigente: ¿qué esconden?”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, también reaccionó a la determinación emitida por el Apelativo sobre el pleito que inició el senador popular en el Tribunal de San Juan. La funcionaria aseguró que la agencia que dirije no solo ha actuado conforme al ordenamiento jurídico, sino que también ha respetado la separación de poderes.

“El Departamento de Justicia ha actuado en todo momento conforme al ordenamiento jurídico y con el debido respeto a la separación de poderes. Rechazamos de plano la insinuación de que en este Departamento se proteja a funcionario alguno. Es una alegación seria, hecha sin un solo documento que la sostenga”, mencionó en declaraciones escritas.

Añadió que la agencia “no tiene nada que ocultar, pero sí tiene el deber legal de proteger la integridad de las investigaciones, así como los derechos y la seguridad de los testigos y las víctimas de delito”. “Esa responsabilidad debe cumplirse al mismo tiempo que garantizamos el interés público y el acceso a la información conforme a los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó.

Asimismo, la secretaria de Justicia reiteró que reconoce la facultad constitucional de investigación de la Asamblea Legislativa y reafirmó su disposición de continuar colaborando y proveyendo toda aquella información que, conforme a derecho, pueda ser divulgada sin comprometer investigaciones presentes o futuras ni los derechos de las personas involucradas.

“El Departamento de Justicia continuará cumpliendo su responsabilidad con transparencia, prudencia y estricto apego a la ley. Cada determinación que tomamos responde al análisis de los hechos, la evidencia disponible y el derecho aplicable, con el firme compromiso de proteger la integridad de nuestras investigaciones y servir al interés público”, puntualizó.

El pleito inició el 4 de mayo, cuando Hernández Ortiz presentó la Petición de Información 2026-0063 ante el Senado. El requerimiento incluía que el Departamento de Justicia entregara un un listado de los casos archivados a partir de la Orden Administrativa 2025-09 y copia de cada Orden de Cierre y Archivo correspondiente, pero dicha agencia se negó.

Ante esto, el Senado aprobó el 21 de mayo, de manera unánime, una resolución donde se concedía a la secretaria de Justicia un término de 48 horas para entregar la información. El documento establecía, entre otras, que si vencía el plazo sin que se produjeran los documentos, se tomarían las acciones legales necesarias para que se entregara la información.

Cumplido dicho plazo, Hernández Ortiz presentó el pasado 1 de junio una demanda para que se le entregara copias de las órdenes de cierre de 229 investigaciones que involucran a servidores públicos, las cuales fueron archivadas desde septiembre de 2025. En la lista está la que pesaba desde 2022 contra Suzanne Roig Fuertes, secretaria de la Familia.

La funcionaria era investigada por presuntos actos irregulares cometidos mientras se desempeñaba en un puesto gerencial del Departamento de Salud el cuatrienio pasado. En este caso, Justicia remitió al Senado copia del referido que recibió de Salud sobre la funcionaria que ocupó un cargo del programa que atiende a personas con discapacidad intelectual.