El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico denegó un recurso presentado por la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano, convicta por corrupción a nivel federal, que buscaba desestimar la demanda presentada por el Departamento de Justicia en junio -contra ella y otras 29 personas- que busca recuperar sobre $30 millones en fondos públicos.

Así lo anunció este viernes el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien añadió que el tribunal rechazó los argumentos que hizo la convicta, alegando que “la demanda es prematura” pues “la totalidad de hechos y fundamentos sobre los que se sostiene la misma no contienen sustantivamente los elementos de madurez necesarios para la adjudicación”.

“El Tribunal de Apelaciones emitió una determinación que confirma nuestros planteamientos ante el Tribunal de Primera Instancia de que la demanda que presentamos está madura para su adjudicación, (y) de conformidad con las disposiciones del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. De esta manera, continuaremos con nuestros esfuerzos ante el Tribunal de Primera Instancia para recobrar los fondos públicos que nuestro Pueblo perdió mediante actos de corrupción”, añadió Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

El 12 de enero, un jurado en el juicio federal encontró culpable a Charbonier Laureano y a su esposo, Orlando Montes Rivera, por un esquema en el que aumentó el salario de su entonces empleada, la convicta Frances Acevedo Ceballos, en la Cámara Representantes a cambio de recibir comisiones ilegales. La empleada tuvo 15 cambios en su salario y llegó a cobrar $8,000 mensuales hasta los primeros meses de 2020.

Por este esquema, el 17 de mayo, Charbonier Laureano fue sentenciada a ocho años de prisión, dos años de libertad supervisada y servicio comunitario. Mientras, Montes Rivera fue sentenciado a cuatro años y nueve meses de prisión por su participación en el esquema de sobornos y pagos de comisiones ilegales (kickbacks).

La Fiscalía federal presentó, el 9 de agosto, una petición para que Charbonier Laureano y su esposo restituyan al erario $136,500. Mientras, Justicia estatal anunció, el 25 de junio, que demandó a 30 exempleados y exfuncionarios convictos para recobrar los fondos públicos y los daños que le ocasionaron al pueblo mediante esquemas ilegales que provocaron pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales.

En total, la agencia presentó 15 demandas ante el Tribunal de San Juan, fundamentadas en el Código Anticorrupción, por más de $30 millones, que incluyen a los convictos exalcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix Delgado Montalvo, respectivamente.

También figuran entre los demandados el exalcalde de Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz, el exalcalde de Yauco Abel Nazario Quiñonez, el exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo Chiqués, el exalcalde de Humacao Reinaldo Vargas Rodríguez y los exlegisladores Nelson Del Valle Colón y Néstor A. Alonso Vega.

No obstante, una vez presentada la demanda del gobierno, la defensa de Charbonier Laureano sometió una solicitud de desestimación y argumento, entre otras cosas, que la acción incoada por Justicia estatal era prematura porque aún quedaban asuntos por adjudicar a nivel federal, razón por la cual no existía una sentencia final y firme. Dicha petición fue denegada, por lo que los abogados de la exrepresentante acudieron al Tribunal de Apelaciones.

Luego de evaluar el recurso presentado, un panel del Apelativo optó por no atender el caso. Sin embargo, como parte de su resolución, el foro apelativo enfatizó que las disposiciones del Código Anticorrupción son claras y que una convicción federal no era “imprescindible” para que el Departamento de Justicia presentara la acción civil.

Con esta determinación, el caso continuará en el Tribunal de San Juan, salvo que Charbonier Laureano presente una moción de reconsideración ante el Apelativo y, de no recibir una decisión favorable, acuda ante el Tribunal Supremo.

Al anunciar la demanda contra los 30 exempleados y exfuncionarios, Emanuelli Hernández resaltó que “vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamarles una cuantía que suma tres veces el daño causado por parte de quienes se han apropiado ilegalmente de los fondos públicos”.

“El Código Anticorrupción nos permite reclamar, mediante demandas civiles en la jurisdicción estatal, el dinero público malversado o apropiado ilegalmente, ya sea por parte de funcionarios o personas del sector privado que le han fallado a Puerto Rico. La indemnización monetaria es equivalente al triple del daño económico ocasionado al Gobierno de Puerto Rico mediante actos de corrupción”, indicó Emanuelli Hernández en ese momento.