La jueza Eva S. Soto Castelló, del Tribunal de Carolina, emitió una orden de mordaza en el caso de divorcio por “ruptura irreparable” que presentó el artista Raymond Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, contra su esposa Mireddys González Castellanos.

La orden de mordaza consta en una moción que presentó el miércoles el equipo legal de González, luego que el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, determinó, en el otro caso pendiente, que las vistas sobre las demandas por las presuntas transferencias de dinero no autorizadas por unos $100 millones permanecerían abiertas al público y a los medios de comunicación.

En el documento de dos páginas, los abogados Pilar B. Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, quienes también representan a la hermana de Mireddys, Ayeicha González Castellanos, revelaron que la orden fue notificada electrónicamente el miércoles.

“Se solicita respetuosamente del honorable tribunal que tome conocimiento judicial de la orden emitida por el Tribunal Superior, Sala de Carolina, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda”, lee el documento analizado por El Nuevo Día.

Actualmente, el reconocido matrimonio tiene dos casos activos en el sistema judicial: el primero es la solicitud de divorcio presentada en el Tribunal de Carolina, cuyo proceso es privado; y el segundo, es el asunto relacionado a las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records, en el Tribunal de San Juan, cuyo proceso es público.

La defensa de Daddy Yankee respondió a la moción de González y enfatizó que se tratan de procesos separados, y que “se pretende coartar el ejercicio de las funciones judiciales por parte del tribunal e impedir, además, la cubierta de los procesos de este caso”.

Los licenciados Carlos E. Díaz Olivo y Anabelle Torres Colberg, en representación del artista, indicaron en la moción de réplica de tres páginas, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, que el proceder de la parte demandada “resulta altamente irregular”.

“En primer lugar, lo que acontece en un proceso personal de divorcio en una sala de familia del Tribunal de Primera Instancia no pueda truncar la autoridad constitucional de otro juez, en otra sala de Primera Instancia, en el manejo de un pleito de naturaleza corporativa respecto a la operación interna de una empresa organizada como corporación”, señalaron los abogados en el escrito.

En segundo lugar, los abogados destacaron que “es la propia parte demandada quien se contradice y derrota sus planteamientos sobre la confidencialidad de los procedimientos en este pleito cuando introduce en este foro judicial desarrollos de un proceso personal de familia, que sí es de índole confidencial, para que en un pleito corporativo se tome conocimiento del mismo”.

Igualmente, mencionaron que “resulta contradictorio” insistir en confidencialidades, cuando es la propia demandada Mireddys quien “violenta la alegada confidencialidad” al revelar información al Tribunal de San Juan, en conjunto con su hermana, quien no es parte del proceso de divorcio que se tramita en Carolina.

“Resulta, en extremo acomodaticio, que las demandadas utilicen la supuesta información confidencial para revelarla parcialmente en este proceso a su conveniencia y, a la vez, soliciten que su confidencialidad se mantenga con respecto a los demás participantes de este proceso”, insistió la defensa.

“Tal pretensión de tratamiento desigual entre litigantes en un proceso judicial violenta la garantía constitucional al debido proceso de ley”, concluyeron los abogados, al argumentar que “estamos ante una estratagema desesperada, incoherente e inmeritoria en términos jurídicos que no puede encontrar espacio en el desarrollo de procesos judiciales íntegros, serios y responsables”.

Ante los planteamientos de ambas partes, Cuevas Ramos emitió este jueves una orden donde indicó que la vista de mañana viernes, pautada para las 9:00 a.m., continuará según ordenó y de libre acceso para el público.

“Lo relacionado a la mordaza impuesta en el caso de divorcio es un asunto aplicable para aquel caso y las alegaciones en cuanto a los asuntos relativos al divorcio y/o la división de los bienes gananciales. Por ende, aunque dicha orden no obliga los procesos en esta sala, ciertamente los abogados deberán evitar traer asuntos impertinentes a la controversia en nuestra sala”, dijo.

Cuevas Ramos falló, el miércoles, en contra de las hermanas González al denegar la moción en la que solicitaron que el proceso de divorcio de la pareja, al igual que todas las demandas, fuesen declaradas confidenciales para evitar el acceso del público y de los medios de comunicación a las vistas y al expediente del caso.

La controversia referente a este caso estalló semanas después de que Daddy Yankee confirmó que presentó la demanda de divorcio a petición de su esposa, con quien se casó cuando tenía 17 años.

Días después, la defensa del artista radicó varios recursos en el tribunal al conocer que las hermanas, presuntamente, “realizaron transferencias por la suma total de $100 millones desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records y Los Cangris a ser depositadas en cuentas personales de cada parte “sin conocimiento, ni la autorización” de su cliente.

Las transferencias, que no se concretaron, se dividían en $80 millones de la corporación El Cartel Records, y $20 millones de Los Cangris, según indicaron los abogados del artista.

Por ende, se solicitó, entre otras coas, una orden en la que las demandadas se “abstengan de toda manera de tomar decisiones y efectuar desembolsos, girar o disponer de cualquier manera de los derechos, patrimonio, activos o recursos de las empresas de manera unilateral y sin contar con la participación y aprobación del demandante”.

También, se solicitó al tribunal que las demandadas entreguen al artista el control del Cartel Records, Inc., y de Los Cangris, Inc., para que este pueda libremente “usar su nombre en conjunto con imagen y creaciones inherentes al desarrollo de su carrera”.