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Por falta de jurisdicción en el caso, la jueza federal María Antongiorgi Jordán desestimó este martes la demanda incoada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico para que ordenara a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reabrir el período de inscripción de cara a los comicios generales del 5 de noviembre.

“Este Tribunal declina intervenir en los procesos electorales de Puerto Rico o conceder el recurso extraordinario de un interdicto preliminar. Los demandantes no han demostrado que la fecha límite de inscripción de votantes del 21 de septiembre de 2024 constituya una privación inconstitucional del derecho al voto o una injusticia patente que justifique la intrusión federal en la administración electoral estatal”, lee parte de la determinación de la togada.

Hace dos domingos, la ACLU presentó una demanda para solicitar un interdicto preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria, que permitiera a los votantes potenciales registrarse “no más tarde del 6 de octubre”, es decir, 30 días antes de las elecciones.

Las partes tuvieron una vista ante la jueza Antongiorgi Jordán, en la que la ACLU presentó el testimonio de uno de sus representados, Víctor Altieri García, un joven universitario que intentó inscribirse mediante el registro electrónico de electores (e-RE), cuya solicitud fue rechazada y le fue notificado –vía correo electrónico– el 20 de septiembre, un día antes de que cerrara el período de inscripción. El joven no pudo asistir a una Junta de Inscripción Permanente al día siguiente porque tenía que trabajar.

“Si bien la implementación de los nuevos sistemas de registro puede no haber estado exenta de fallas, la evidencia ante este Tribunal no alcanza el nivel de fracaso sistémico o supresión generalizada de votantes”, estableció la jueza federal, en su sentencia, en la que plasma que Altieri García “recibió instrucciones claras para subsanar las deficiencias, pero no aprovechó las múltiples vías para completar su inscripción”.

“Aunque ampliar el acceso de los votantes es un objetivo innegablemente loable, debe sopesarse con el interés sustancial del gobierno en garantizar unas elecciones justas y eficientes. Las solicitudes de los demandantes, aunque bien intencionadas, carecen de apoyo fáctico y legal y amenazan con inyectar caos en la administración de la maquinaria electoral de Puerto Rico a esta hora tardía sin ninguna justificación probatoria para hacerlo”, añadió.

Tras la vista –en la que también testificó el secretario de la CEE, Rolando Cuevas Colón–, el gobierno presentó una moción de desestimación del recurso que la ACLU radicó dos días después que el juez superior Raúl Candelario López, del Tribunal de San Juan, rechazó la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana, dejando el cierre de inscripciones para el 21 de septiembre.

“Este Tribunal no se arriesgará a privar del derecho al voto a los cientos de miles de electores de Puerto Rico que navegaron con éxito el proceso de inscripción para dar cabida a aquellos que, por causas ajenas a su voluntad, no completaron la inscripción a tiempo”, concluyó la jueza Antongiorgi Jordán.

“La ACLU expresa su más enérgico repudio a una decisión como esta, donde los jueces de nuestro país, tanto a nivel estatal, porque pasó lo mismo con la corte de instancia, y ahora el Tribunal Federal se declaran ‘sin jurisdicción’. Eso quiere decir que no conocen que tienen el poder inherente de revisión judicial”, expresó, por su parte, el director legal de la ACLU de Puerto Rico, Fermín Arraiza Navas, en entrevista con El Nuevo Día, al mencionar que “un tipo de decisión como esta que pone en peligro la democracia y el estado de derecho”.

Asimismo, aludió a que “es contradictorio” que la jueza se declaró sin jurisdicción, pero analizó los hechos del caso. El abogado señaló que los demandados no presentaron “una sola pieza de evidencia” que mostrara que, si se reabría el registro electoral, no se podrían celebrar las elecciones el 5 de noviembre.

El Nuevo Día solicitó reacción a la CEE, pero al momento de esta publicación no se recibió respuesta. Hasta este martes, el ente electoral tenía registrados 98,556 nuevos inscritos y 87,354 electores reactivados.