La jueza Laura Taylor Swain denegó la petición que la representación legal de familias que han reclamado por la falta de servicios adecuados de Educación Especial presentó para reconsiderar el establecimiento de un procedimiento especial para liquidar las demandas judiciales.

En una orden del 25 de febrero, Swain estableció que los abogados no sometieron argumentos nuevos que sustentaran el pedido de una reconsideración, luego que diera paso a la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para realizar una propuesta económica para poner fin a casos atados al pleito Rosa Lydia Vélez.

“Cada uno de los argumentos presentados en la moción (de reconsideración) fue planteado previamente por los demandantes, considerado por el Tribunal y desestimado cuando el Tribunal emitió la orden de los procedimientos y el memorando acompañando la opinión”, indicó Swain.

Al citar jurisprudencia existente, la jueza señaló que “las mociones de reconsideración ‘no son el lugar para deshacer errores procesales ni permitir que una parte presente argumentos que debió haber desarrollado antes del juicio, ni (son) un mecanismo para regurgitar viejos argumentos previamente considerados y rechazados’”.

Swain autorizó, el 10 de febrero, la creación de un procedimiento especial para notificar la propuesta para un acuerdo ofrecido por la JSF para poner fin a miles de pleitos radicados ante tribunales estatales. Como parte del pleito de quiebra del gobierno central, la JSF presentó, en noviembre, una moción que detalla que se hará una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación o demanda contra el gobierno, sus agencias, instrumentalidades, funcionarios, directivos o cualquier empleado relacionado al litigio de Educación Especial.

No obstante, esa no sería la cantidad de dinero que las familias recibirían, pues, conforme al Plan de Ajuste, la oferta está sujeta a un descuento por considerarse una obligación no asegurada del gobierno central. El monto a recibir sería aproximadamente el 20.4% de la oferta, indica la notificación aprobada por Swain, lo que representa $5,100. Ese porcentaje, sin embargo, también podría cambiar a medida que se atienden los reclamos de deuda no asegurada que el gobierno tiene ante sí, alerta la notificación.

En una moción del 24 de febrero, los representantes legales de familias solicitaron oficialmente la reconsideración por considerar que dar paso al procedimiento especial supone un abuso de la discreción judicial. El abogado Rolando Emmanuelli solicitó al tribunal que revalúe su autorización del proceso propuesto por la JSF y dé paso a modificaciones que aseguren una resolución “justa, clara y legalmente sólida”.

Desde que se presentó la propuesta inicial de la JSF el año pasado, representantes legales de las familias litigantes han destacado que hay ambigüedad en el proceso de notificación, que no se define concretamente el concepto “familia” para efectos del acuerdo económico y que no se protegen los derechos de los reclamantes, elementos que están contenidos, nuevamente, en la moción de reconsideración.

Swain, en su más reciente orden, sostuvo que el único punto nuevo que levantó la representación legal de los reclamantes fue que el gobierno de Puerto Rico está evaluando una propuesta alterna para este caso, y destacó que la gobernadora Jenniffer González está dispuesta a reunirse con el Comité Timón del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación para discutirla.

No obstante, al citar un reportaje de El Nuevo Día, la jueza indicó que aún no existe una oferta alterna de parte del gobierno.

“La posibilidad de una propuesta de acuerdo diferente por parte del gobierno en el futuro no establece que la aprobación del procedimiento especial sea o haya sido manifiestamente injusta”, argumentó Swain, en una orden de seis páginas.

La JSF ha detallado que hay unas 6,500 reclamaciones radicadas, previo a 2017, en cortes estatales a través de la fase de daños del caso Rosa Lydia Vélez, y estas serían las familias que recibirían la notificación sobre el acuerdo mediante el procedimiento especial. Las reclamaciones han estado paralizadas en los tribunales desde 2017, cuando se radicó el caso por la quiebra del gobierno central amparado en el Título III de la ley Promesa.

Los abogados de los litigantes estiman, por su parte, a los involucrados en más de 16,000 individuos.

Según lo propuesto por la JSF, los reclamantes que han sido identificados recibirán por correo regular y electrónico una notificación con los detalles del acuerdo, en inglés y español. Hay familias que ya la han recibido, de acuerdo con denuncias realizadas en los pasados meses por abogados y familias afectadas.

Asimismo, se publicarían edictos en prensa escrita y anuncios radiales.

La notificación incluye detalles sobre cómo responder a la oferta y los pasos que deben seguir para aceptarla o rechazarla, así como cuánto tiempo tienen para hacerlo.