El Tribunal Supremo determinó este miércoles que atenderá la controversia llevada por el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, para que su partido permanezca en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), ante la decisión de la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera de cerrarle la oficina a mediados de enero.

Mientras, la mayoría del máximo foro judicial dio un “no ha lugar” a la moción que buscaba paralizar de inmediato la orden de la CEE de despedir a los empleados de Proyecto Dignidad, a lo que se opusieron la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez.

Los jueces del Supremo ordenaron a Padilla Rivera, a los comisionados electorales de los partidos Nuevo Progresista, Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño, y al designado procurador general, Omar Andino, someter, en 20 días, sus alegatos referentes a la constitucionalidad de los artículos 3.1 y 6.1 del Código Electoral de 2020.

El juez asociado Estrella Martínez emitió una opinión en conformidad y disidente, al plantear que “esta controversia ameritaba ordenar la paralización de la determinación administrativa de la CEE de cerrar las operaciones de Proyecto Dignidad al 13 de enero”.

Además, aseveró que el cierre de la oficina de Proyecto Dignidad constituye una “controversia de peso que ameritaba nuestra atención inmediata”.

“Al proveerse no ha lugar a la moción en auxilio de jurisdicción, por parte de una mayoría de este Tribunal, respetuosamente disiento en ese extremo por considerar que procedía declararla con lugar y garantizar, como mínimo, la permanencia operacional y los empleados de la oficina del comisionado electoral del Proyecto Dignidad hasta junio de 2025″, sostuvo.

Estrella Martínez subrayó que, al denegar el recurso, “se sigue posponiendo el otorgar un remedio adecuado, completo y oportuno”.

Asimismo, el juez asociado Colón Pérez consignó su disidencia, al opinar que el Supremo debió atender la moción con urgencia, ya que “se paralizaba la decisión tomada por la presidenta alterna de la CEE, decretando el cierre operacional de la oficina del comisionado electoral de Proyecto Dignidad, mientras este tribunal evaluaba –detenida y cuidadosamente– los planteamientos de índole constitucional que aquí se realizan”.

El 14 de febrero, Proyecto Dignidad radicó un “certiorari” y un auxilio de jurisdicción al Supremo para que interviniera en la controversia. El partido también solicitó una vista oral para escuchar a todas las partes y que los jueces asociados –que se opusieron hoy– pudieran hacer preguntas sobre el pleito.

Desde finales del año pasado, en medio del escrutinio general de las elecciones, Frontera Suau reclamó que dejarían “sin representación igualitaria y efectiva a los electores que, con su voto, han respaldado la representación de Proyecto Dignidad ante el pleno de la CEE”.

La colectividad, representada por Jaime Sanabria y Chery Negrón Rosario, argumenta que el Código Electoral, en su artículo 3.1, establece que el término de vigencia para los nombramientos de los comisionados electorales de los partidos políticos con franquicia electoral se extiende hasta el 30 de junio del año siguiente a cada elección general, en este caso, hasta el 30 de junio de 2025.

El juez asociado Raúl Candelario López, quien atendió el caso en primera instancia en el Tribunal de San Juan, no participó de la votación.

A principios de enero, Candelario López declaró “ha lugar” la demanda de Proyecto Dignidad contra la CEE, pero la colectividad determinó acudir al Supremo para que se estableciera que Frontera Suau permanezca en el puesto hasta el 30 de junio, lo cual ha sido su planteamiento principal.