El Tribunal Supremo validó la “paralización” de un proceso de pensión alimentaria solicitado ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) contra un militar por este encontrarse protegido por una ley federal que prohíbe ese tipo de trámite si está movilizado al momento de la petición.

“Tras evaluar la totalidad de la legislación federal... concluimos que el foro primario actuó correctamente al no relevar al recurrido del pago de la pension alimentaria, con el efecto de implementar una orden de pensión provisional durante la orden de paralización emitida con el fin de mantener el statu quo”, lee la opinión de 24 páginas escrita por el juez asociado Erick Kolthoff, que ratifica también la determinación del foro apelativo.

La controversia surgió, en 2022, cuando Maribel Rivera Ortiz presentó, ante el TPI, una petición de alimentos a favor de su hija, acción que provocó que su exesposo, Melvin Rolón Merced, solicitara que se aplicara la protección que otorga la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio (SCRA, en inglés) a los militares movilizados, y que tiene el efecto de suspender o paralizar los procedimientos o pleitos judiciales en su contra mientras se encuentran activos.

Tras concederse la paralización, la mujer presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, en el que alegó que el foro primario “abusó de su discreción” al aplicar la disposición federal. Según la interpretación de la peticionaria, el mencionado estatuto solo aplica en tiempos en los que existe una declaración de guerra.

Arguyó, sin éxito, que la disposición federal no podía usarse en su caso porque se dejó a una menor sin alimentos, y el Estado incumplió con su deber de parens patriae al no velar por el interés de su hija. Alegó, además, que el TPI se equivocó al no referir el asunto a la examinadora de pensiones alimentarias.

La parte demandada, por otro lado, sostuvo que el foro primario ejerció correctamente su discreción y, contrario a lo alegado por la peticionaria, enfatizó que no lo relevó de continuar pagando la pensión alimentaria, sino que, por el contrario, “permaneció intacta”.

“En este caso, el Tribunal no ha relevado de pago de la pensión alimentaria a la parte demanda. Por lo que se mantuvo vigente la obligación de alimentos por la cantidad de $546.00 mensuales...”, lee la determinación del foro apelativo emitida en enero de 2023, según recoge la opinión de Kolthoff.

La hija de la pareja, que se divorció en el estado de Virginia, cumplió 18 años en mayo de 2022.

En 1940, el Congreso implementó la Ley de Alivio Civil para Soldados y Marineros (Sscra, en inglés), instituido como el SCRA en 2003, con la finalidad de proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del rigor de los trámites de las acciones civiles para que puedan concentrar sus esfuerzos en el servicio militar.

Para recibir la protección, sin embargo, el peticionario debe presentar una carta o comunicación suscrita por el oficial al mando (commanding officer) del solicitante, certificando que las tareas militares delegadas le impiden comparecer y solicitar la protección.

En su análisis, el juez Kolthoff indicó que la sección 521 del Sscra dejaba a discreción del Tribunal la paralización de los procedimientos. Sin embargo, tras las enmiendas del 2003, ese freno es mandatorio por un mínimo de 90 días, siempre y cuando se cumpla con los requisitos antes mencionados.

“Debemos resaltar que la peticionaria presenta un análisis parcialmente incorrecto del derecho aplicable en base a los criterios que otorgaban discreción al Tribunal al fundamentar su reclamo en la interpretación que se realizaba antes de la enmienda al estatuto federal en el 2003″, sostuvo.

La paralización constituye una posposición de los procedimientos, hasta tanto el miembro activo sea relevado de su servicio militar y pueda comparecer.

Tras la enmienda al SCRA, la Administración para el Sustento de Menores (Asume) emitió una orden administrativa en la que, entre otras cosas, definió las mejores prácticas sobre la ejecución de la nueva legislación. El documento reconoce -en su punto cinco- la paralización automática de los procedimientos.

Asimismo, se establece en la opinión que el estatuto federal es aplicable “en toda acción civil hasta en los casos de custodia”.

“En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia no relevó del paso de pensión al recurrido, lo que tiene el efecto de acoger la pensión establecida como una provisional que, posteriormente, será evaluada y considerada en el momento en que se levante la paralización”, apunta el documento.

Los abogados Pilar Pérez Rojas y David Carrión Baralt coincidieron en derecho con la determinación, pero aclararon que el estatuto federal aplica estrictamente a aquellos militares “movilizados” fuera de su área asignada de operación y que, como resultado, están impedidos de comparecer para defenderse.

“En este caso del Tribunal Supremo, creo que el factor decisivo fue que el soldado o marino estaba en un bote movilizado fuera de su área de operación”, señaló Carrión Baralt. “Yo creo que la decisión es correcta”, apuntó, por su parte, Pérez Rojas.

Según surge del expediente, el hombre -militar activo domiciliado en Virginia- está “a bordo de un barco de la Marina de Estados Unidos”.

Aunque la opinión del Tribunal Supremo utiliza el término “activo”, los abogados sostuvieron que se refiere realmente a “movilización”, ya que hay miembros de la milicia que pueden estar activos y operando desde en una base militar, lo que no impide o limita su comparecencia.

“La mayor parte de las veces que se utiliza esto es con reservistas y, cuando se activan, por regla general, es para movilizarlos. Son personas, ciudadanos soldados que, en el momento que hacen faltan lo llaman al servicio activo y por regla general lo movilizan”, expuso el abogado.